Algunas equivalencias drásticas

Traslademos al Estado el momento político autoritario, regresivo y represivo que sobrevivimos 

"España es un desastre"

Pablo Casado a Jean-Claude Juncker

'Ningú no comprèn ningú' –nadie comprende a nadie, cantaba la Trinca– y comparar, según cómo y según cuándo, podría ser poco recomendable y hasta impropio. Pero a veces, sólo a veces, puede resultar útil como efecto espejo pedagógico: proyectar similitudes extrapoladas se antoja elocuente. Si la memoria siempre es un punto de partida y si la imaginación permite la alteridad empática de ponerse en la piel de los otros –y en el lugar hipotético de uno mismo–, intentémoslo. Es todo ficción selectiva, ucronía –o no tanto– y seguro que distopía con ecos griegos: pero tratemos de trasladar a todo el Estado el momento político autoritario, regresivo y represivo que sobrevivimos en Catalunya, donde un 80% se opone, hoy y ya, a los encarcelamientos que definen el presente. Elocuencias drásticas y equivalencias demofóbicas, simplemente multiplicando numéricamente con base demográfica (47 millones de españoles y españolas, 6,2 veces más la sociedad catalana) lo que nos pasa hoy, aquí y ahora.

Pongamos por caso que en el verano funesto de 2010, tras el inicio de numerosas movilizaciones sociales y el recorte por parte del Tribunal Constitucional Europeo del Estatuto de Autonomía de España votado en referéndum en 2006 y cercenado después, arranca un movimiento democrático que reclama el derecho efectivo a decidir ante otros que deciden por nosotros. Lo hace, además y más o menos, en plena crisis social, cuando la Troika ha impuesto en nombre de la austeridad, el rescate bancario y las desigualdades, otra draconiana reforma del artículo 135 que salva corporaciones para hundir al personal. Pero no todo es silencio: un municipio español de 53.555 habitantes, Arenales del Monte, decide impulsar una consulta popular sobre la recuperación de la soberanía popular. La iniciativa popular es prohibida por la UE comandada por el Partido Popular Europeo, pero se realiza igualmente y vota el 40%. Y no sólo eso: en los dos años subsiguientes, el 58% de los municipios y capitales del Estado –esto es, 4.764 localidades– autoorganizan desde abajo la misma consulta. En total, se recogen hasta 5 millones de votos favorables a la soberanía política democrática. Vale.

Pongamos por caso también que en septiembre de 2012, 12 millones de ciudadanos toman las calles de Madrid con idéntica demanda, que se convocan elecciones anticipadas y que el reclamo de un referéndum como solución, que tiene el apoyo del 80% de la sociedad española y va desde la derecha liberal hasta el anticapitalismo, centra la agenda política. Se intenta. Pero en noviembre de 2014 los tribunales europeos prohiben la consulta convocada por el Gobierno, que es sustituida a última hora por un proceso participativo –también prohibido– donde acaban tomando parte parte 14 millones de personas, el 43% del censo, y el sí gana abrumadoramente. Es 9 de noviembre. Años después, el presidente del Gobierno y otros ministros serán condenados, multados con millones e inhabilitados por desobediencia por haber convocado aquella consulta. Vale.

Pongamos por caso que el conflicto avanza y se enquista, que la UE no arbitra ninguna salida democrática y que niega cualquier política resolutiva. No hay más discurso que la negación y el inmovilismo de todos los ‘no’, especialmente el ‘no y punto’. Se vuelven a convocar elecciones, de carácter político plebiscitario, y el soberanismo revalida su mayoría absoluta en las Cortes con un 48,5% de los votos –como Felipe González en 1982, la mayor mayoría absoluta obtenida nunca en la corta democracia española. La mayoría anuncia que en 18 meses convocarán un referéndum de autodeterminación para decidir sobre la recuperación política de una soberanía cuestionada, limitada y vulnerada. Y cuarteada: en los últimos años, la UE ha tumbado hasta 40 leyes emanadas de la soberanía parlamentaria, muchas de carácter social (pobreza energética, igualdad entre hombres y mujeres, fiscalidad a la banca, cambio climático) aunque claramente tímidas. Tardan algo más, pero finalmente se convoca aquel referéndum para el primer día de octubre de 2017. Vale.

Aquí estamos aún, hablando de todo menos del referéndum

Y llega el día. Todos los tribunales europeos –y Europol entera–, en nombre de la ley y en contra de la democracia, aduciendo la indisoluble unidad europea y el valor supremo de la incuestionable ‘unidad de mercado’, activan el aparato represivo y el turmix judicial para evitarlo. Diez días antes del referéndum se registran 254 sedes gubernamentales, imprentas, medios de comunicación y locales sociales y son detenidos hasta 86 miembros del Gobierno, acusados de organizar un referéndum democrático aprobado por la mayoría parlamentaria. Mientras tanto, se cierran arbitrariamente 868 páginas webs. Al puerto de Santurtzi, en ferrys y al grito de “A por ellos” y “Donde están las putas urnas”, arriban 33.480 policías antidisturbios. Esto es, todo un ejército –y los estibadores del puerto, bajo la consigna “a nuestro pueblo no se le pega”, se niegan a aprovisionarlos. En paralelo, se intentan asaltar sin ninguna orden judicial la sede de siete partidos políticos y 240.000 personas se concentran pacíficamente ante el Ministerio de Economía, epicentro de la operación policial. La portavoz de la UE, Sting of Santamary, anuncia que no habrá ni urnas ni votos ni referéndum, a pesar de que hace años que el Código Penal ha despenalizado ese tipo de consultas. Vale.

Pero llega el uno de octubre. Y hay urnas y votos y colegios. Ninguna fuerza policial ni inteligencia militar es capaz que dar con una sola de las 62.000 urnas que un potente entramado social, gota a gota, ha hecho llegar hasta al último colegio electoral. Ni una sola. El 43% del censo electoral sale a votar en medio de la mayor violencia institucional vista antes. Urnas contra porras y viceversa, se producen brutales cargas policiales, 6.609 heridos y seis personas pierden la vista de un ojo por impacto de bala de goma. Con todo, la violencia institucional fracasa por una masiva y determinada desobediencia civil, pacífica y no-violenta y sólo es capaz de clausurar, a base de golpes, 570 de los 14.353 colegios electorales. No pueden impedir que voten 14,17 millones de personas. De ellos, un 90% vota sí, obteniendo 893.000 sufragios más que el referéndum del Estatuto vigente. Según datos patronales, dos días después y en una sociedad traumada por la brutalidad de la violencia policial, se produce la mayor huelga general –92% de seguimiento– desde el final de la dictadura franquista. Vale.

Todo se precipita. El fiscal general europeo edita un pdf –«más dura será la caída»– y anuncia una querella per rebelión por haber puesto urnas y dar la palabra a la ciudadanía. El 16 de octubre, los dos portavoces de las mayores organismos civiles partidarios del referéndum, con 800.000 y 300.000 asociados respectivamente, son encarcelados. El 27 d’octubre, en las escalinatas del Congreso, se proclama políticamente, sin implementación jurídica posterior, la República. Pocas horas después, el Parlament Europeo recurre a la excepción y aplica por primera vez el artículo 155. Interviene la autonomía, destituye al gobierno, disuelve las cortes, cesa 1612 cargos públicos e impone elecciones anticipadas. Y las vuelve a perder estrepitosamente. Con participación histórica, el soberanismo revalida la mayoría e incluso suma más votos. Por contra, en la calle, la extrema derecha protagoniza hasta 938 agresiones en defensa de la UE, que asciende al coronel encargado de la represión y anuncia que condecorará a todos los agentes. Vale.

Pocos días después, medio gobierno español emprende el camino del exilio y el otro medio es encarcelado. Un juez de toga inquisitorial sumaria envía a prisión hasta a la presidenta del Congreso, por haber permitido y protegido el debate parlamentario. Habrá en total hasta 9.000 investigados. Incluso el jefe de la policía española y 23 mandos más son procesados por organización criminal y sedición acusados de no haber contribuido a la fracasada violencia policial europea. En la causa general, resultarán investigados el 80% de los alcaldes españoles que han dado apoyo al referéndum. Vamos, que si esto fuera así, en proyección estadística, en espejo comparativo y en la hipótesis vivida de democracia en quiebra, hoy, en el Estado español –fruto de la doctrina del shock que impide represivamente lo que es incapaz de ganar democráticamente–, habría 55 presos políticos, 43 exiliados, 6417 alcaldes investigados y, en la pieza principal del sumarísimo judicial, 112 miembros del gobierno que ha ganado las elecciones que la UE siempre ha perdido, afrontarían peticiones de hasta 30 años de cárcel. Peticiones que equiparan poner urnas pacíficamente con un delito sedicioso de rebelión y alzamiento violento y que son categóricamente negadas y rechazadas, de forma reiterada y consecutiva, por instancias jurisdiccionales globales que se niegan a la extradición de los exiliados. Vale.

De repente, empero, fruto de la metástasis de la corrupción y de un conflicto irresuelto agudizado, una moción de censura hace caer al gobierno derechista de la UE y da el poder, turno bipartidista, al Partido Socialista Europeo, con los votos –necesarios– del movimiento soberanista. El bloqueo es aún notorio, pero en una polémica y primera proposición no de ley que insta a un diálogo preliminar, que acabará finalmente decayendo, si se llega substanciar el debate parlamentario. El portavoz socialista, Joseph Zaragoza, sale a la estrada y afirma: «se puede hablar de todo, menos del referéndum». Y así estamos aún. Y aquí estamos todavía. Hablando de todo menos de lo que tocaría. Hasta que nos dejen en paz, esto es, hasta que nos dejen votar.

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