El Estado y Rufino

Asumir los costes. No es cierto que el gobierno del PP no haya hecho política en el caso catalán. Ha hecho, y mucha, a través de todos los estamentos del Estado. Alineados y asumiendo los costes de involución democrática del país, que pasarán factura a la imagen de lo que era una democracia percibida como un éxito internacional por su Transición y su crecimiento económico. La marca España se degrada, y eso no es buena noticia. La externalización de las decisiones políticas del gobierno hacia el sistema judicial ha ido acompañada de la reacción de los sectores más inmovilistas del Estado en todos sus estamentos. En España siempre hay una élite con un, digamos, Rufino en los ministerios que se encarga de bloquear el cambio. Es, por decirlo de alguna manera, su Sir Humprey cañí. El jefe de gabinete del primer ministro que procura que, incluso en el caso remoto de que se le ocurra al cargo político, se bloquee cualquier cambio en la estructura profunda.

El movimiento catalán, con todos sus errores, con más temeridad que valentía, y con falta de estrategia, es en realidad un desafío de fondo a la estructura profunda de España. Un desafío intolerable para su ejército de Rufinos que mantienen una idea unitarista y homogénea de la gestión de la cosa pública. Esta vez liderados desde la justicia y la Corona. Un núcleo formado por aquellos periodistas que están dispuestos a proteger la unidad de España por encima de la verdad, jueces dispuestos a construir sentencias preventivas forzando la ley, ministros que blindan con su retórica patriotera su mala gestión, una monarquía anquilosada que ha perdido la oportunidad histórica de modernizar España. Todos ellos tienen una contraparte de ciudadanos españoles incómodos que guardan silencio. Que por miedo a ser señalados por la tormenta mediática del establishment prefieren no advertir del deterioro de la calidad democrática de España. La España carpetovetónica, la que reacciona replegándose bajo la bandera a cualquier influjo externo, convive e incluso coincide con una España económicamente activa dispuesta a convertir Madrid en la cabeza de puente europeo de Latinoamérica.

Arrepentimiento. "Su ideología coexiste con un contexto político sin certeza de que haya desaparecido la intención de lograr la independencia de Cataluña", dice el juez para justificar el mantenimiento del ex conseller de Interior Joaquim Forn en prisión preventiva. Asegura que se necesitan "marcadores más estables" para plantearse su libertad que la renuncia al acta de diputado. El ambiente es ideológicamente asfixiante y la persecución de las ideas está normalizada desde un Estado que considera que a base de represión acabará con el problema. Pero los catalanes que han llegado a la conclusión de que la relación respetuosa y diversa con España es imposible, el 47,5% que votaron partidos independentistas en las elecciones del 21-D, no se esfumarán. No desaparecerán. Los ciudadanos podrían llegar a retirarse del activismo si la represión los agota más que los humilla, pero no volverán a ser los mismos. Los acontecimientos políticos de estos años han transformado una sociedad que no será igual después del 1 de octubre. La percepción del abuso de poder no se olvida y España no podrá evitar la reiterada expresión en las urnas.

La olla a presión. "Hace semanas que decidieron no investir a Puigdemont". "Quieren liquidarle como hicieron con Mas. Si tiene que ser así, que lo digan. La verdad es útil". Son palabras de un legitimista indignado con la decisión del presidente Torrent de aplazar la sesión de investidura. El debate en el independentismo se divide en este momento entre pragmáticos y legitimistas. Entre aquellos que consideran que hay que reconocer sólo simbólicamente al presidente Puigdemont y volver a las instituciones y aquellos que consideran que se debe hacer una restitución con todas las garantías por una cuestión de "dignidad". La diferencia de punto de vista es bastante transversal y no responde de manera perfecta a la división entre las filas de ERC y JxCat (véase la sección de Política de ARA de ayer).

La intervención de las instituciones es absoluta. La información desde las consejerías hacia el exterior no fluye y la gestión del gobierno del PP se mantiene con demandas continuas de información y decisiones opacas. El proceso de deconstrucción del Estado autonómico funciona a pleno rendimiento.

La decisión final sobre cómo se articulará y cuánto puede durar esta legislatura está en manos del presidente Puigdemont. Él controla más de la mitad de los diputados de JxCat, que se sumaron a la causa por lealtad directa con el presidente desde posiciones ideológicas muy diversas, e incluso contrarias. La transversalidad de su propuesta y la idea de la legítima restitución del presidente les llevaron a ser la lista independentista más votada. ERC no quiere ir a elecciones, tampoco lo quiere el PP, y el PDECat preferiría no ir pero no se moverá contra el presidente.

Es Carles Puigdemont quien debe tomar la decisión más difícil. Decidirá, como Artur Mas en enero de 2016, si vamos a elecciones o se forma un Gobierno ideológicamente contradictorio que sitúe como prioridad la recuperación de las instituciones y la construcción de una nueva estrategia del soberanismo.

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