L’OBSERVADORA

Un Estado superado

España ha pasado del mito del pacto de estado de la Transición modélica a un estado de desorientación e irritación inútiles, con una parte del país incapaz de aceptar que el marco institucional ha sido superado por la realidad, que la historia les ha pasado por encima.

La memoria parecía haber borrado los elementos más siniestros y violentos de la Transición del recuerdo colectivo y durante algunas décadas un pacto de estado hizo de la Constitución la ley de los Diez Mandamientos. El acuerdo de estado trenzado era un pacto de no-agresión que permitía un escenario de juego común entre los principales partidos y sus líderes y el poder económico e institucional. Un ambiente que permitía que el Abc convirtiera a Jordi Pujol en Español del Año el 1984 por intentar contener un socialismo todavía no sistémico, pero que hoy se ha volatilizado como lo han hecho la autoridad de Jordi Pujol y la del rey emérito, ejemplos de actores clave de la post-Transición que andan desnudos.

El espíritu constitucional que tenía que permitir superar los problemas de las llamadas nacionalidades históricas se ha convertido en un espectro y la defensa de la Constitución ha quedado, en buena medida, en manos de los que votaron en su contra. La derecha extrema y la que continúa en el PP, los militares nostálgicos del franquismo, la prensa de derechas pomposa y testosterónica, son hoy los más entusiastas valedores de un texto que ha perdido vigencia a nivel de núcleo.

INFANTILIZACIÓN Y AUTORITARISMO

La incapacidad de pactar con la realidad hace que los principales partidos españoles no acepten que el marco institucional ha quedado superado y que la Constitución ya no es útil porque ellos mismos fueron incapaces de adaptarla al ritmo de los tiempos.

España es hoy un enfermo democrático para la inmovilidad política, la bajísima exigencia de calidad democrática de la opinión pública -que hace como si no pudiera ver como se van degradando sus propios derechos- y el deterioro de la separación de poderes con un Tribunal Supremo más justiciero y vengativo que justo.

DATE POR FUSILADO

La aceptación de la España democrática de la degradación de su sistema es una de las peores consecuencias políticas de los últimos años. La viciada separación de poderes y la actuación vengativa del Tribunal Supremo contra los líderes civiles y políticos del Procés tendría que indignar a una mayoría que observa, sin ser consciente, que sus libertades y sus derechos están siendo amenazados.

Quien quiera ejercer su derecho de protesta por temas sociales o políticos, su rabia, será un sedicioso aunque no utilice la violencia, quien ejerza el derecho de opinión sin contemplaciones, quien ose transgredir lo que es correcto pensar, está en peligro. El clima político está entre la infantilización de la ciudadanía y el autoritarismo. Infantilización de la opinión pública que acepta el paternalismo del Estado y autoritarismo de un Supremo que solo busca autojustificarse abusando de su poder sobre los líderes civiles y políticos del independentismo, hoy encarcelados. Manuel Marchena les impone una segunda condena para recordar a la Audiencia Nacional que su interpretación de los hechos del 2017 es la que vale, y no la que desembocó en la absolución del mayor Trapero o la de los jueces de vigilancia penitenciaria que han considerado que los presos políticos podían obtener los mismos beneficios penitenciarios que el resto de los reclusos.

Cuando Marchena dice que un tercer grado sería “prematuro” llana la idea de la reeducación ideológica. Parece que se necesita más tiempo para evaluar si los presos están “reeducados” y “reinsertados” para dejar de ser sediciosos. ¿Cómo? ¿En un campo de reeducación? ¿Con clases de formación del espíritu nacional?

Recuerda, una vez más, lo venceréis pero no lo convenceréis. Los representantes de miles de ciudadanos continuarán en la cárcel, pero solo es cuestión de tiempo y de la habitual incapacidad política del Estado que haya una mayoría democrática y pacífica que marche mentalmente y encuentre como hacerlo de forma efectiva. Hace días que el independentismo no recordaba la capacidad del Estado de insuflarle vida.

Con su decisión, el Supremo le ha pasado la patata caliente al gobierno de Pedro Sánchez. Solo la reforma del delito de sedición, dejando clara que la violencia es violencia y no otra cosa, la desaparición de un delito decimonónico, el indulto o la amnistía pueden mejorar gradualmente el clima político, y nadie más que el PSOE y UP puede dar el paso. Para avanzar, los socialistas tendrán que abandonar la estrategia de querer quitarle votos a Ciudadanos en Catalunya, y si esto llega no será hasta después de las elecciones de febrero. Si Sánchez quiere ser capaz de hacer una segunda Transición tendrá que tener más sentido de la realidad y ver que los principales enemigos de la Constitución son, precisamente, los que no la votaron y hoy la defienden como un dogma y querrían fusilar a media humanidad.

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