Ya está claro que los fondos europeos se asignarán por convocatorias públicas enmarcadas en programas definidos por la administración central. De hecho, por una Moncloa que se quiere jugar la legislatura con el éxito de la reconstrucción que la UE hace posible. Nos conviene, por razones económicas y políticas, que todo salga bien. Ayudaría que el gobierno central hubiera extraído de la gestión de la pandemia la lección de que la construcción de complicidades con las comunidades autónomas fortalecería la implementación. La primera parte del año 2021 lo ocupará la negociación con Bruselas. Es improbable que la mayoría de las convocatorias lleguen antes del verano. El gran gasto será en 2022.
Hace unos diez días se conoció el borrador de un real decreto, muy técnico, orientado a simplificar los procesos administrativos de decisión y ejecución. Y a evitar que nuestros procedimientos administrativos, muy pesados, no nos permitan ejecutar completamente el gasto de los recursos disponibles, como ha sucedido repetidamente en el pasado. El borrador también ha revelado, aunque no de manera precisa, que habrá una categoría de grandes proyectos que tendrá un tratamiento especial y que hay que suponer que se iniciará con un llamamiento a expresiones de interés, un tipo de convocatoria. El nuevo término, apuntadlo, es PERTE: proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económicas.
En este despliegue, ¿cuál será el papel de las empresas? Distinguimos entre concepción y ejecución. En cuanto a la concepción de proyectos, el papel de la administración será muy grande. Por un lado, definirá grandes programas y se les asignará recursos. Por el otro, habrá un contínuum: desde proyectos de arriba a abajo (top-down ) totalmente diseñados por la administración -con los mecanismos de asesoramiento habituales, que incluyen consultoras- hasta proyectos de abajo a arriba (bottom-up) generados a partir de convocatorias bastante abiertas. Seguramente, las de PERTE serán de este segundo tipo, pero idealmente también tendría que haber para pymes. En cuanto a la ejecución, es otra historia: la hacen las empresas y se hace por la vía habitual de la contratación pública. Conviene tenerlo muy presente porque las empresas, naturalmente, están interesadas en las dos vertientes: obtener contratos (todas) y diseñar proyectos con un contenido alto de creatividad (no todas).
Tengo que decir que espero con curiosidad ver, cuando todo esté ejecutado, cuál será la presencia y participación de las empresas catalanas. En las dos vertientes: la ejecutora y la creativa. En parte dependerá del papel relativo que se quiera dar a grandes empresas versus las pequeñas y medias. No tengo dudas, pero, que las grandes tendrán mucho peso. Seguramente, y tiene su lógica, los PERTE serán de grandes empresas. Y aquí tengo una inquietud porque me temo que vamos cortos de grandes empresas.
Las razones son de todo tipo y este no es el lugar para discutirlas. Advierto que no soy catastrofista. Creo que un futuro posible para Catalunya es el de una prosperidad fundamentada en empresas medianas con mucho contenido de conocimiento, exportadoras, creativas y, sobre todo, con mucho personal cualificado y buenos sueldos a todos los niveles. El ecosistema innovador que estamos desarrollando podría ser parte de la base de una economía como esta. ¿Pero quien podría negar que aun así nos vendría bien disponer de un grueso más consistente de grandes empresas con centros de decisión en Catalunya? Son muchos los proyectos de una dimensión tan grande que solo una gran empresa los puede liderar, y por lo tanto su carencia nos limita la capacidad de liderazgo del país. Y puede hacer que el país no brille a la altura de lo que podríamos ofrecer.
Ahora bien: si ampliamos el foco de lo que son entes con capacidad de liderazgo de proyectos ambiciosos constatamos que tenemos muchas instituciones públicas, para-públicas, fundaciones e incluso asociaciones que proveen servicios y actúan en los mercados, que son grandes y que podrían tener esta capacidad. Desde la perspectiva que ahora planteo tienen una ventaja en relación con las empresas: el centro de decisión lo tenemos aquí, y es inamovible. Con pocas excepciones, estas instituciones no son empresas. Pero nada tendría que impedir que fueran generadoras, posiblemente en asociación con capital privado. Haría falta, está claro, una actitud positiva de las autoridades públicas, y no sólo permisiva - sino promotora. Recomendaría que la tuvieran, puesto que mantener y promover centros de decisión en Catalunya provee una externalidad positiva importante a la iniciativa empresarial en general, y en consecuencia a la economía del país. Y es por lo tanto un ámbito legítimo de actuación desde el sector público.
