Mala conciencia

Con el propósito de asegurarse un escarmiento, el caso tenía que juzgarse desde un alto tribunal

IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA
IGNACIO SÁNCHEZ-CUENCA Profesor de ciencia política en la Universidad Carlos III

Por muchas afirmaciones enfáticas que se realicen desde las instituciones sobre la división de poderes y el Estado de derecho, la sentencia del Tribunal Supremo no deja de producir una cierta incomodidad en el Gobierno y el resto de instituciones del Estado: la imagen de España que se transmite al exterior no es buena. Condenar a políticos electos a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por un delito de perfil vago y ambiguo, de resonancias decimonónicas, como es la secesión (“alzamiento tumultuario”), resulta difícil de explicar a alguien de fuera. De ahí que la maquinaria de propaganda del Gobierno español esté operando a pleno rendimiento, mediante las campañas de “España global”, los informes del Instituto Elcano, las reuniones con embajadores, las declaraciones en inglés del presidente, etcétera.

El argumento no puede ser más sencillo: hubo unos políticos que se saltaron la ley, la fiscalía intervino y los jueces han dictado sentencia. Igual que ocurre en el club de las democracias liberales al que España pertenece con gran orgullo. Eso y no otra cosa es el Estado de derecho. Quien cuestione este relato lo hace por mala fe o porque está intoxicado por los publicistas del independentismo. 

La actual fiscal general del Estado, María José Segarra, debería dimitir

Sin embargo, hay algunos “detalles” que no encajan demasiado bien en este relato. Todo parte de las dos querellas que presentó el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el 30 de octubre de 2017. Al fiscal general, recuérdese, lo nombra el Gobierno. El fiscal tiró por elevación para que el caso llegara a Madrid y no se quedara en un juzgado catalán. Por eso mismo lanzó la acusación atrabiliaria de rebelión, pues sólo de este modo podía garantizar que el asunto acabara en la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo. Tras alguna vacilación, el caso fue a parar a este segundo, al Tribunal Supremo, es decir, el tribunal más politizado de España, con una clara mayoría conservadora (recuérdese el célebre mensaje de Ignacio Cosidó sobre el control político de la sala segunda, la que ha juzgado a los líderes independentistas). Ni el sustituto de José Manuel Maza nombrado por el Gobierno de Mariano Rajoy, Julián Sánchez Melgar, ni María José Sagarra, nombrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, quisieron modificar la acusación original. La actual fiscal general del Estado debería dimitir, pues lejos de defender el interés general y la legalidad, ha validado en todo momento la actuación ideológica de los fiscales del Supremo.

Acusar de rebelión por los sucesos de octubre es parecido a acusar de genocidio a una clínica que practique abortos clandestinos en un país en el que el aborto sea ilegal. Se trata de una exageración sin fundamento alguno. Si, a pesar de ello, la fiscalía (con el PP y con el PSOE) siguió adelante, fue porque convenía al deseo de dar un escarmiento penal a los acusados. Con el propósito de asegurarse dicho escarmiento, el caso tenía que juzgarse desde un alto tribunal. La acusación de rebelión, además, dio cobertura legal a las interferencias que la justicia ha producido en el proceso electoral, impidiendo a varios de los acusados ejercer sus derechos como representantes de la ciudadanía. Y, no se olvide, los cargos por rebelión fueron la base de ese discurso del odio por el cual políticos y periodistas henchidos de nacionalismo español se refieren a los líderes independentistas como “golpistas”.

Todo lo que ha pasado es un buen reflejo de la escasa sensibilidad democrática que hay en la cultura jurídica dominante en España

Al final, como cabía esperar, nada ha quedado de la rebelión: habría sido un escándalo internacional que se hubiera condenado a los políticos catalanes por este tipo penal. Todo el mundo pudo ver que no concurría la violencia necesaria para hablar de rebelión. No obstante, la acusación sirvió para llevar el caso a la cúspide del sistema judicial, que es de lo que se trataba en última instancia. 

Ante la indefinición de los tipos penales manejados (rebelión, sedición), los jueces han aprovechado para hacer una lectura legalista y roma de lo sucedido en Cataluña en otoño de 2017. Así, en un ejercicio de creatividad jurídica, han acabado asimilando las sentadas de los ciudadanos durante el 1-O a un “alzamiento”. Todo ello es buen reflejo de la escasa sensibilidad democrática que hay en la cultura jurídica dominante en España.

Con estos antecedentes, nadie debería sorprenderse de que las instituciones y los medios de comunicación conservadores redoblen el discurso de que España tiene una democracia y un Estado de derecho que nada tienen que envidiar a los de países de nuestro entorno. Cuanto más insistan en ello, más se delatan.

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