El cálculo político del Tribunal Supremo

En España pueden decir cualquier cosa, porque nadie los puede controlar. Pero fuera es distinto

El Tribunal Supremo está haciendo política. Con apariencia de que está administrando justicia. Pero haciendo política. Sabe perfectamente que no es el órgano competente para entender en primera instancia de la conducta del 'expresident' y de los demás querellados, porque el Tribunal Supremo no puede ser el “juez ordinario predeterminado por la ley” (art. 24.2. CE) nada más que en aquellos supuestos expresamente contemplados en el ordenamiento y este no lo está. Y no puede serlo, porque el Tribunal Supremo actúa como primera y única instancia, con lo que se priva a las personas a las que juzga del derecho a la segunda instancia. Sabe que está vulnerando dos derechos fundamentales.

Sabe también que no hay delito de rebelión. Cuando una conducta es constitutiva del delito de rebelión, los argumentos sobran. Cuando hay que gastar tantas páginas para argumentar que “no es descabellado” que se pueda considerar que se puede haber cometido el delito de rebelión, es que no lo hay. Por eso no lo pueden justificar ante los jueces europeos. Dentro de España pueden decir cualquier cosa, porque nadie los puede controlar. Pero fuera es distinto. Por eso están tan molestos con los jueces europeos. Los están poniendo en evidencia.

El Tribunal Supremo está haciendo un cálculo político, en función del cuál va adoptando sus decisiones “jurídicas”. Dicho cálculo le ha llevado a la conclusión de que tiene que ser extraordinariamente duro tanto en la calificación jurídica de las conductas del expresident y demás políticos nacionalistas como en la adopción de medidas cautelares, que permitan debilitar al máximo la posición del nacionalismo en el tablero político. La confirmación del auto de procesamiento por la Sala de Apelaciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo el pasado miércoles, con mención expresa en dos ocasiones del artículo 384.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es la mejor confirmación de lo que estoy diciendo. ¿Renunciarán a su actas los parlamentarios que están en prisión o se negarán a hacerlo? ¿Aceptarán la humillación o renunciarán a la mayoría parlamentaria?

El 155 político ha sido levantado, pero el 155 judicial sigue operativo

La finalidad es clara: cuanto más duros seamos en este momento y cuanto más consigamos debilitar al nacionalismo, tendremos la posibilidad de ser menos duros en el momento en que tengamos que dictar sentencia. De momento se trata de mantener intacto todo el potencial represivo que existe en el ordenamiento. Después, habrá tiempo para ver cómo se modula el uso de ese potencial represivo, en el que la intervención del Ministerio Fiscal, como muy bien recuerda el Auto, es casi tan importante como la del propio Tribunal.

El 155 “judicial”, que es el que se anudó al 155 “político”, al día siguiente de que el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aplicara las medidas aprobadas por el Senado, destituyendo al Govern y disolviendo el Parlament, sigue vivo. El 155 político ha sido levantado, pero el 155 judicial sigue operativo. Con la activación de las querellas por el entonces Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, contra los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, ampliada posteriormente a otros dirigentes nacionalistas, se desplazó el centro de gravedad de la Política a los Tribunales.

Y de manera irrecuperable. Ahora es el Tribunal Supremo el que puede tomar decisiones sin que los demás lo condicionen, mientras que los demás sí quedan condicionados por las decisiones que él toma. En un asunto de naturaleza política es el órgano constitucional que no está legitimado democráticamente de manera directa el que lleva la voz cantante. Y como el asunto es político, el Tribunal Supremo hace política.

Lo que le preocupa al Tribunal Supremo es la sentencia que tendrá que dictar en el futuro y no los autos que está dictando ahora. En el momento de dictar sentencia es cuando se la juega. Y lo que está intentando es ganar margen de maniobra para poder dictar la sentencia de la manera en que él quede lo mejor parado posible en un asunto endiablado. Desde esta perspectiva es desde la que únicamente se puede entender lo que está haciendo. Los magistrados saben que su sentencia será recurrida ante el Tribunal Constitucional y eventualmente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora no tienen control. Cuando dicten sentencia, sí.

El cálculo político lo carga el diablo. Me temo que el Tribunal Supremo está haciendo de aprendiz de brujo y que está poniendo en marcha un proceso que se va a escapar de su control. El problema es que no es únicamente su prestigio lo que puede verse afectado, sino todo el proceso de integración de Catalunya en el Estado.

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