La reaparición del ex fiscal general Torres-Dulce

La posición de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo nos está llevando a un callejón sin salida

Eduardo Torres-Dulce fue el primer Fiscal General del Estado designado por Mariano Rajoy. Fue él quien, tras la celebración de la “consulta participativa” o “referéndum” del 9N de 2014, dirigió la acción penal contra Artur Mas y dos ex consejeras, imponiendo su criterio al de la fiscalía catalana que no entendía que hubiera indicios de responsabilidad penal en su conducta. Una vez formalizada la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Eduardo Torres-Dulce presentó su dimisión sin que ni por parte de él ni por parte del Gobierno se diera explicación de ningún tipo. Pasó a integrarse en el despacho de Garrigues y desapareció de la esfera pública.

El pasado miércoles, 15 de agosto, reapareció con la publicación de una Tribuna en el diario 'El País' con el título 'Schleswig-Holstein: baile de máscaras', destinada a justificar la decisión del juez Pablo Llanera de retirar la euroorden que dictó en su día, a fin de conseguir la extradición de Carles Puigdemont, una vez que el tribunal alemán había excluido la posibilidad de que pudiera ser perseguido penalmente por el delito de rebelión. La decisión del juez español le parecía “plausible y coherente”, dado el incumplimiento por parte del tribunal alemán de la normativa europea aplicable.

Desconozco si la publicación de la Tribuna en 'El País' obedece a un impulso propio o si se debe a una petición no formulada expresamente por nadie pero perfectamente entendible por el peticionario. En cualquier caso, se trata de un paso más en el cierre de filas que se produjo en la Fiscalía General durante todos los años de gobierno de Mariano Rajoy coincidente con el cierre de filas que también se produjo a continuación en el Tribunal Supremo. Eduardo Torres-Dulce viene a mostrar expresamente su coincidencia con el Fiscal General que le sucedió, ya fallecido,  y que activó la querella por el delito de rebelión, así como también con los pasos que ha dado el Tribunal Supremo en general y el Juez Instructor en particular en la tramitación de la misma.

Abrir un juicio por rebelión sin que Carles Puigdemont figure entre los acusados es imposible

A nadie de le oculta que con la publicación de esta Tribuna, la presión sobre la actual Fiscal General del Estado aumenta de manera considerable. Lo que viene a subrayar Eduardo Torres-Dulce con la publicación de su opinión en 'El País' es que la calificación de la conducta de los querellados como constitutiva del delito de rebelión es una calificación unánime de todos los Fiscales que han intervenido hasta el momento. Incluso yo, que ya no estaba cuando se activó la querella por José Manuel Maza, manifiesto mi acuerdo con la misma. Y con todo lo que ha venido después. Usted sabrá lo que hace, pero avisada está.

La posición de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo nos está llevando a un callejón sin salida. Abrir un juicio por rebelión sin que Carles Puigdemont figure entre los acusados es imposible, porque falta el presupuesto constitucional para que la apertura de dicho juicio pueda producirse. Desde el punto de vista de la legitimidad democrática el Gobierno es el presidente del Gobierno. Los ministros y consejeros carecen de legitimidad democrática propia. La reciben del presidente que la ha recibido individualmente a través de la investidura del Congreso o del Parlament, que es el único órgano constitucional legitimado democráticamente por el voto de los ciudadanos. A un ministro o un consejero no se le puede hacer responsable de una acción del Gobierno, si no se hace previamente responsable al presidente. Se le puede hacer responsable de una acción de gestión de su ministerio o de su consejería, pero no de una acción imputable al Gobierno.

Esta es la cadena de legitimación democrática del poder en la que consiste el Estado Constitucional. Esta cadena no admite ruptura de ningún tipo. Una vez excepcionada la posibilidad de poder perseguir penalmente por el delito de rebelión a Carles Puigdemont, no se puede abrir juicio contra los demás.

Esto es así y ya no puede ser de otra manera. La decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein es firme y contra ella no cabe recurso alguno. Únicamente mediante una actuación razonable de la Fiscalía General del Estado se puede encontrar una salida. Parece que es lo que se quiere impedir.

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