Los límites de la bilateralidad

Catedrático de derecho constitucional de la Universidad de SevillaLa casualidad ha querido que el cambio en la presidencia del Gobierno de la Nación y la reorientación de la política hacia Cataluña haya coincidido con el Campeonato Mundial de fútbol, un deporte en el que las reglas que rigen tienen una estabilidad enorme y en el que, sin embargo, la interpretación de las mismas puede ser muy distinta dependiendo de los entrenadores que dirigen y los jugadores que integran los equipos que se enfrentan.

La competición política en España está regida por unas normas constitucionales que tienen la rigidez de las normas que regulan el fútbol. Teóricamente, se pueden cambiar. En la práctica, es casi imposible hacerlo. En el fútbol esa rigidez normativa no ha sido un obstáculo insuperable para la evolución de la práctica deportiva. La creatividad en la interpretación de las normas ha conducido y sigue conduciendo a cambios permanentes en la práctica de la competición.

¿Puede ocurrir lo mismo en la política? ¿Puede conducir el cambio de entrenador y de jugadores que se ha producido tanto en el Gobierno de la Nación como en el Govern de la Generalitat a que la competición política cambie de manera significativa a como ha venido haciéndolo en los últimos años? ¿Hay margen de maniobra en la interpretación de las normas constitucionales y estatutarias como para que veamos un partido diferente al que llevamos viendo desde 2010?

Las normas no van a cambiar. Al menos, en el tiempo en que podemos hacer previsiones. La Constitución y el Estatuto de Autonomía van a seguir siendo los mismos y los mismos de acuerdo con la interpretación que les dio el Tribunal Constitucional en la STC 31/2010. Todos los intentos de desbordar ese marco constitucional y estatutario por el nacionalismo catalán desde 2012 han sido anulados por el Tribunal Constitucional de manera contundente. No se puede esperar cambio normativo alguno.

¿Qué se puede hacer en tales circunstancias? Este es el interrogante al que en positivo le tienen que estar dando vueltas los dos Gobiernos y las direcciones de todos los partidos que han hecho posible que lo sean, y en negativo las direcciones de todos los partidos que están en contra de que lo sean. Más los Gobiernos de las demás Comunidades Autónomas, que también participan de alguna manera en la competición. Porque en la competición política no se enfrentan exclusivamente dos equipos, sino que intervienen muchos.

La estrategia que vayan a diseñar el Gobierno y el Govern va a estar vigilada permanentemente tanto desde dentro como desde fuera. Pedro Sánchez no puede dar por seguro que no va a encontrar obstáculos en el interior del PSOE. Ni Quim Torra en el interior del nacionalismo. Ninguno de ellos puede contar con la incondicionalidad de Podemos. Ambos pueden estar seguros del enfrentamiento a muerte de PP y Ciudadanos y de las sospechas que podrán surgir en las demás Comunidades Autónomas acerca de la parcialidad de los acuerdos que puedan alcanzar.

La única estrategia que puede abrirse camino es la que sea capaz de superar todos estos obstáculos. No todos son iguales ni tienen la misma incidencia en el éxito o fracaso de la estrategia que se ponga en marcha, pero todos tienen que ser tomados en consideración. La bilateralidad del primer paso es condición necesaria para poder empezar a andar. Pero no es condición suficiente para llegar al final del camino. Ha sido muy importante la reunión de los dos Presidentes. Es muy importante la reunión de la Comisión Bilateral prevista para este mismo mes y que lleva sin reunirse desde 2011. Es importante que se encuentren la Vicepresidenta y el Vicepresident. Pero no es menos importante que se tenga prevista ya la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación de todas las comunidades autónomas. Y que en dicho Consejo participe Cataluña. Un Gobierno de la Nación percibido como “parcial” fuera de Cataluña quedará inhabilitado para hacer política en el resto del Estado.

El veredicto sobre la estrategia que se active por parte del Gobierno de la Nación y el Govern lo van a dictar los ciudadanos en las elecciones de 2019: andaluzas primero, municipales, autonómicas y europeas después. En todas ellas va a estar presente la negociación entre el Estado y la Generalitat. La estrategia que se ponga en marcha tiene que resultar aceptable en Cataluña, pero no solamente en Cataluña. Este es el indicador del éxito o fracaso. No hay otro.

Esta es la mayor dificultad de la operación. Lo que no fue posible en 1979-80, en el momento de la interpretación inicial de la Constitución, puede serlo todavía menos en 2018. UCD desapareció como partido político porque los ciudadanos andaluces lo descalificaron como partido de Gobierno de España en el referéndum del 28 de febrero de 1980 por su “parcialidad territorial” en la interpretación de la Constitución. Formalmente fue un referéndum andaluz. Materialmente fue un referéndum español. No a la bilateralidad de la relación Estado-Cataluña o País Vasco. La Constitución Territorial tiene que ser la Constitución del Estado y no solo de algunas partes del mismo. De ahí vino el Estado de las Autonomías que tenemos.

En mi opinión, esto no es revisable. No es políticamente revisable. La rebelión se extendería por todas las comunidades autónomas.