El paralelismo de las formas

Pedro Sánchez ha reconocido que Cataluña tiene un Estatuto que no votó

JAVIER PÉREZ ROYO
JAVIER PÉREZ ROYO Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla

El DERECHO, con mayúsculas, del Estado Constitucional opera con base en un principio no escrito sin el cual no habría podido llegar a ser y continuar siendo un ordenamiento jurídico, es decir, un todo coherente y completo que no admite la presencia de lagunas o contradicciones en su seno.

Una norma es norma jurídica porque es aprobada por un órgano estatal siguiendo un determinado procedimiento y únicamente puede ser modificada por el mismo órgano siguiendo el mismo procedimiento. Esto vale para todas las normas jurídicas sin excepción, procedan del nivel de la fórmula de gobierno del que procedan: estatal, autonómico o municipal.

Se trata de un principio no escrito, pero más importante que todas las normas escritas, Constitución incluida. Es tan indispensable para que el Derecho sea un ordenamiento jurídico y no un caos, que es un principio implícito, que a nadie se le ha ocurrido jamás que tenga que ser consignado expresamente.

Únicamente en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía dicho principio tiene que ser reconocido de manera expresa. En las demás normas el órgano y el procedimiento están siempre presentes. El Parlamento y el procedimiento legislativo, el Gobierno y el procedimiento reglamentario siempre están disponibles. Una ley se reforma o deroga mediante otra ley, un decreto mediante otro decreto y así sucesivamente.

Con el argumento de que todo se ha hecho de una manera jurídicamente impecable y que no hay nada de lo que hablar, estábamos en un círculo vicioso. Así hemos estado desde julio de 2010 hasta hoy

Únicamente en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía el órgano y el procedimiento a través del cual se ejerce el poder constituyente o el poder estatuyente dejan de estar presentes una vez que se ha aprobado la Constitución o el Estatuto. Justamente por eso, tiene que preverse cómo se podrá reformar o derogar la Constitución o el Estatuto. Las cláusulas de reforma solo existen en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía. Son contenido obligatorio de ambas. Porque es la forma de hacer valer el principio del paralelismo de las formas. Cuando yo no esté, únicamente se podrá reformar mi obra de la forma en que dejo expresamente previsto.

Este principio es el que quebró la STC 31/2010, mediante la cual el Tribunal Constitucional reformó el Estatuto de Autonomía de Cataluña sin seguir el procedimiento de reforma previsto en el mismo y que había sido respetado escrupulosamente en su proceso de aprobación por el Parlament, las Cortes Generales y los ciudadanos catalanes en referéndum.

El Gobierno de la Nación, hasta el pasado 17 de julio, se ha negado a reconocer la quiebra del principio del paralelismo de las formas, la quiebra del principio más intangible en el ordenamiento jurídico del Estado Constitucional.

Ha sido Pedro Sánchez el primer presidente del Gobierno que en el Pleno del Congreso de los Diputados ha reconocido expresamente la quiebra de dicho principio. Dijo textualmente: “Soy de los convencidos de que tras la Sentencia del Tribunal Constitucional, Cataluña tiene un Estatuto de Autonomía que no votó. En consecuencia, la crisis de Cataluña solo se va a poder resolver votando”.

El reconocimiento de esta quiebra es de una importancia extraordinaria. Únicamente a partir del mismo se puede empezar a buscar una solución. Con el argumento de que aquí no ha pasado nada, que todo se ha hecho de una manera jurídicamente impecable y que no hay nada de lo que hablar, estábamos en un círculo vicioso. Así hemos estado desde julio de 2010 hasta hoy.

Ahora podemos empezar a pensar cómo podemos salir de dicho círculo. No es fácil, porque para la reparación de la quiebra de un principio tan esencial que casi no debería ser puesto por escrito y que cuando se pone, no se espera que no se respete, no se prevé ningún procedimiento. La forma de reparación de la quiebra de este principio hay que inventarla. En el ordenamiento constitucional y estatutario no disponemos de ella.

Desde el punto de vista normativo estamos en el mismo momento en que estábamos. Desde el punto de vista político, no. Desde el pasado 17 de julio, podemos empezar a buscar una salida. Según como se mire, es poco o es mucho. Pero es lo que hay.

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