Estrasburgo ampara el punk

Abogada penalistaEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de sacar del horno una sentencia clave para la libertad de expresión y muy concretamente, para las manifestaciones artisticas disidentes. Corria febrero de 2012, en un contexto pre elecoral cuando las integrantes de la banda punk rock Pussy Riot irrumpían en la catedral del Cristo Salvador de Moscú, donde habían convocado la prensa, para cantar 'Virgin Mary, Drive Putin Away' como crítica al apoyo de la Iglesia ortodoxa a aquél mandatario. La provocativa 'performance' musical duró un escaso minuto, ya que el personal de seguridad las expulsó. Las activistas colgaron el vídeo de la acción reivindicativa en Youtube y se hizo viral.

A raiz de esos hechos, se iniciaron dos procedimientos judiciales. Un primer procedimiento penal, que supuso 5 meses de prisión provisional para las jóvenes, que acabaron siendo condendas por vandalismo motivado por odio religiosa, aunque fueron finalmente amnistiadas. Y un segundo procedimiento administrativo, en el que se sentenció que el vídeo constituïa “material exremista” y lo elimiraon de la Red.

Los tribunales rusos justificaron la condena de las jóvenes por la acción de la catedral, negando el carácter político de la acción de protesta y argumentaron que no habían sido castigadas por sus ideas u opiniones –el contenido del mensage– sinó por el contexto –la forma de expresarlas. Las feministas se habían comportado de manera inaceptable: vestían colors chillones y pasamontañas, se agitaban y proferian groserías; habían perturbado el orden público con una acción premeditada, realizada en un lugar de culto simbólico; no habían contribuído a debate público alguno y habían atentado contra el derecho a la libertad religiosa de terceros.

Atendida la importancia estratégica del caso, fueron llamadas a intervenir ante el Tribuanl de Estrasburgo diversas entidades como Amnistia Internacional, Human Rights Watch o Article 19 que aportaron útiles referencias sobre la delimitación de la concepción de “discurso de odio” y un análisis de contexto basado en las reformas legales en clave de recorte de derechos, sucedidas en Rúsia des del 2012, así como diversos casos represivos significativos.

Para resolver el caso, Estrasburgo sigue el triple test de evaluar si la censura estaba prevista por ley, perseguía un objetivo legítimo y era proporcional. En este caso, acepta que los tribunales rusos condenaron en base al Código Penal, y buscaban defender los derechos religiosos de terceros, pero discrepa en la severidad de la condena. El Tribunal les recrimina que ni tan siquiera analizaran el texto de la canción y descarta que se tratara de discurso de odio. Para ello, analiza el contexto social y politico, la intención del emisor y el potencial del mensaje para constituir una llamada a la violencia. Estrasburgo alerta de que no se puede usar la lucha contra el discurso de odio para reprimir la disidencia, advirtiendo de que la amenaza de cárcel a las formas de expresión no violentas, puede causar el proscrito efecto inhibidor hacia la libertad de expresión.

El Tribunal entiende que las activistas pretendian llamar la atención respecto a las elecciones, contribuyendo al debate sobre la situación política en Rúsia. Tratándose de un discurso politico o de cuestiones de interés público, el margen de maniobra que tenía el estado ruso para restringir-lo, era mínimo. Estrasburgo sentencia que la libertad de expreisón protege el contenido y también la forma en la que se transmite. Para ilustrar este criterio, cita diversas sentencias propias sobre actuaciones simbólicas a las que había reconocido el carácter de reivindicación política. El Tribunal dictamina que la 'performance' es una expresión artística y política incluida dentro de la libertad de expresión y concluye que la condena de las Pussy Riot no fue proporcionada y constituïa una interferencia innecesaria en una soceidad democrática.

En relación al procedimento paralelo de censura del vídeo, en base a la Ley de Suresión del Extremismo, los tribunales rusos afirmaron que el acceso a su contenido podía perturbar la estabilidad social y contribuir a la incitación al odio por motivos religiosos. En este caso, Estraburgo reitera que el vídeo de la 'performance' no constituía una incitación a la violencia, dado que no pregonaba recurrir a acciones violentas o de venganza sangrante ni justificaba acciones terroristas.

Pero el razonamiento con más potencial del Tribunal reside en la base legal justificativa de la censura. El Tribunal da un paso más allá y afirma que la existencia de una norma que justificara la retirada del vídeo, no era suficiente. Era necesaria una “calidad” mínima de la norma, en términos de previsibilidad. Una ley no era previsible si no estaba formulada con una precision suficiente como para que la ciudanaía regulara su conducta. En este caso, las definiciones de “extremismo” y “material extremista” de la Ley, habían sido anteriormente criticadas por la Comisión de Venecia por no contener el elemento de violencia y ser demasiado vagas, dando lugar al riesgo de interpretaciones extensivas y arbitrarias. De hecho, la vaguedad de esas definiciones habían sido debatidas en el seno de Naciones Unidas, comprometiéndose Rúsia a revisar su legislación sobre extremismo, revisión que permanrcia pendiente. En este marco, Estasburgo concluye que la retirada del vídeo no contaba con base legal y por ende, violaba el derecho a la libertad de expresión de las activistas.

La guinda de la sentencia, es el voto discrepante de la ultraconservadora jueza Elósegui, cuestionada representante del estado español. Ésta, concuerda con la improcedencia de la condena penal de las activistas, pero se desmarca de la mayoría revindicando que Estrasburgo debería haver afirmado que la conducta de las activistas sí era merecedora de una sanción administrativa. Un probable intento de marcar criterio, de quién anticipa el elenco de casos de raperos del estado espanyol que en breve llegaran a Estasbrugo.