Las elecciones no se pueden hacer en febrero
BarcelonaEl Govern decidirá este viernes con toda probabilidad aplazar las elecciones que estaban previstas para el 14 de febrero e intentará consensuar una nueva fecha con el conjunto de los partidos. Incluso el PSC, que había defendido en las últimas horas mantener la convocatoria, ha entendido que la situación epidemiológica, con la pandemia desbocada, no permite celebrar las elecciones. Lo cierto es que, para poderlas celebrarlas reduciendo al máximo el riesgo de contagio, se tendrían que haber hecho una serie de cambios legislativos, algunos a nivel estatal (por ejemplo, habilitar más días de votación o urnas móviles), que no se han hecho, y por lo tanto ahora nos podemos lamentar mucho, pero ya no hay tiempo. En el momento actual, mantener la convocatoria en la fecha prevista habría sido una auténtica irresponsabilidad.
Y no solo por el riesgo epidemiológico evidente, sobre todo en el caso de los miembros de las mesas electorales, a los cuales no se ha podido garantizar ni siquiera la vacunación, sino porque el clima de miedo imperante habría desembocado sin duda en una bajada muy notable de la participación. Además, esta abstención habría sido diferencial, puesto que es lógico que ciertos sectores de la población, los que pertenecen a grupos de riesgo como la gente mayor, tuvieran más miedo de ir a votar. Este hecho en sí ya plantea serias dudas sobre la legitimidad de un resultado que se habría podido ver afectado por este hecho. Y esto sin entrar en el hecho de cómo resolver el voto de los contagiados o confinados, a quienes se privó de este derecho en las elecciones vascas y gallegas.
Por lo tanto, no hay que dar más vueltas. Hay que buscar una nueva fecha que cumpla dos requisitos: el primero es que esté bastante alejada del 14-F para que haya tiempo de reducir la incidencia actual y de tomar las decisiones necesarias para asegurar una votación con el máximo de garantías; y en segundo lugar, que alargue el mínimo posible la situación de gobierno en funciones actual, que todo el mundo sabe que no es el contexto idóneo para gestionar una crisis sanitaria ni los enormes retos que tiene que afrontar el país en un futuro inmediato. La idea de aplazar las elecciones a mayo, o en todo caso a antes del verano, podría cumplir estos dos requisitos.
Lo que resulta del todo inaudito es que el partido que presenta como candidato Salvador Illa, el actual ministro de Sanidad, insista en hacer mover a cinco millones de personas en una jornada con el riesgo que esto supone, o que defienda que las elecciones se podrán hacer igualmente en marzo, mientras que todos los expertos sitúan el principio de la mejora más allá de abril. ¿Quizás temen que se acabe el efecto Illa? ¿O que el ministro se vea desgastado por los efectos de la tercera oleada? No es admisible poner los intereses electorales por delante de los sanitarios.
Las autoridades catalanas tienen que ser conscientes, sin embargo, de que un segundo aplazamiento no sería admisible. A partir de hoy mismo se tienen que preparar todos los escenarios para que los ciudadanos puedan votar con garantías en el mes de mayo o lo más pronto posible. Porque el país también necesita las elecciones para salir del impasse actual.
