Llueve sobre mojado

Nada indica que con la repetición de las elecciones se vaya a salir de la crisis constitucional

JAVIER PÉREZ ROYO
JAVIER PÉREZ ROYO Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla

La decisión negativa de Carles Puigdemont de no disolver el Parlament entre los días 26 y 27 de octubre de 2017 acabó conduciendo a la activación del artículo 155 de la Constitución por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con las consecuencias sobradamente conocidas. Cómo estaríamos si el Parlament hubiera sido disuelto por el President de la Generalitat y las elecciones del 21 de diciembre se hubieran celebrado sin candidatos en prisión o en el exilio, es algo que nunca sabremos, pero sí sabemos que si estamos como estamos es porque aquella decisión no se tomó. La no decisión de Carles Puigdemont desató una crisis constitucional que ha alterado profundamente el funcionamiento no solo del sistema político catalán, sino del sistema político del Estado. Todavía queda por ver en qué momento se puede dar por finalizada dicha crisis constitucional y cómo será lo que se pueda calificar de “normalidad constitucional” a partir de entonces. 

Me temo que la decisión negativa de Pablo Iglesias de no aceptar la oferta del Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, para formar un Gobierno de coalición el pasado 25 de julio a las ocho de la tarde, no va a tener consecuencias penales como las que tuvo la del 27 de octubre de 2017, pero sí puede tener consecuencias políticas y constitucionales de la misma o de superior magnitud que la que adoptó Carles Puigdemont.

En primer lugar, porque, para poder empezar a encontrar una salida a la crisis de la Constitución territorial que se desató con la aplicación del artículo 155, es imprescindible la investidura de un presidente de Gobierno. Investidura de verdad. No una investidura construida con base en la abstención. Gabriel Rufián lo anticipó en su intervención en el debate de investidura. Nadie puede saber cómo vamos a estar en septiembre y si será posible proceder o no a la investidura del presidente del Gobierno y evitar la convocatoria de nuevas elecciones. 

Y en segundo lugar, porque llueve sobre mojado. Llevamos muchos años sin Gobierno propiamente dicho ni en Catalunya ni en España. Alrededor de siete en Catalunya y casi cuatro en España, según mis cálculos. Un cierto desgobierno se ha convertido en la nueva normalidad constitucional. Las investiduras de los  Presidentes Puigdemont y Torra en Catalunya y la de los Presidentes Rajoy y Sánchez son una buena prueba de ello, por no decir nada de la incapacidad de los Parlamentos de aprobar leyes o presupuestos. 

La repetición de elecciones por la incapacidad de investir a un presidente de Gobierno no se ha producido en ninguna democracia europea después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde el momento en que la democracia parlamentaria se puede considerar que se estabiliza en la parte occidental del continente europeo. España ha sido el primer país en el que ha ocurrido. Salimos de la repetición con un Gobierno constituido con una mayoría de investidura que no era mayoría de gobierno, porque descansaba en la abstención del PSOE. Parece que ahora se quiere evitar la repetición con un nuevo recurso a la abstención del PP y/o de Ciudadanos, con lo que nos encontraríamos de nuevo en una legislatura en la que el Gobierno no podría gobernar, porque no contaría con mayoría parlamentaria para poder hacerlo. Y ni siquiera es seguro o incluso probable que ello sea posible, con lo que nos veríamos condenados a acudir a las urnas el 10 de noviembre.

Si nos atenemos a nuestra propia experiencia reciente, nada indica que con la repetición de las elecciones se vaya a salir de la crisis constitucional en que nos hemos instalados. Ni las elecciones de 2012, 2015 y 2017 en Catalunya, ni las de 2016 y 2019 en España han permitido que los Gobiernos constituidos a trancas y barrancas pudieran ejercer la “dirección política” que es la primera de las tareas que tienen constitucionalmente asignadas (art. 97 CE). Todas se celebraron, además, en un sistema menos deteriorado de aquél en que ahora mismo nos encontramos. 

La falta de un mínimo entendimiento entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy nos llevó en 2017 a donde nos llevó. La falta de un mínimo entendimiento entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no va a llevar a nadie a la cárcel o al exilio, pero sí puede acabar conduciendo a la descomposición del sistema político de la Constitución de 1978. Potencialmente es todavía más destructivo el segundo que el primero. 

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