La judicatura es hoy en día el principal obstáculo que impide al estado español converger con Europa en materia de derechos y libertades. Las razones son múltiples, pero la más importante es que la mayoría de jueces y fiscales son de ideología conservadora y se auto-identifican como los guardianes de las esencias de un estado al que ven en peligro por culpa de izquierdosos y nacionalistas diversos. Si se hurga en la biografía de muchos de los nombres que llenan titulares se ve que son hijos o sobrinos de jueces y fiscales que ejercieron en el franquismo. Algunos de ellos incluso son tercera o cuarta generación de aquello que ellos llaman “servidores del Estado”. Esta realidad hace que la derecha política no tenga ningún incentivo para abordar una reforma a fondo del poder judicial, al que concibe como una especie de tercera cámara que le permite bloquear, o al menos matizar, algunas políticas de la izquierda. El mejor ejemplo de esto fue la sentencia contra el Estatuto, o ahora la del Procés.
