Magistrado Marchena

Llevo más de 400 días injustamente en prisión. Aguantaré los que vendrán, pero no me callarán

JORDI SÀNCHEZ
JORDI SÀNCHEZ

En España no sólo no se es cuidadoso con la separación de poderes sino que además no se intenta disimular que no se es. El pacto político entre los principales partidos políticos para la renovación de la presidencia del órgano de gobierno del poder judicial (CGPJ) es una evidencia de lo que digo. Aunque este pacto a estas alturas se ha roto, no deberíamos engañarnos. El mal existe y la perversión continúa.

Marchena no renuncia para defender su independencia. El PP no rompe el pacto porque considera que el poder judicial podía verse afectado. Y el gobierno del PSOE no lamenta el daño que la interferencia política estaba haciendo a la credibilidad judicial.

Marchena renuncia porque ha quedado con el culo al aire. El PP rompe el pacto para hacer ver que es víctima de un engaño de la ministra de Justicia y no uno de los verdugos de la separación de poderes. Y Pedro Sánchez, ante la situación dantesca de las últimas horas, hace una apelación -totalmente prescindible por tópica- a la responsabilidad de los partidos con visión de estado y voluntad de gobierno.

El juez Marchena perdió la oportunidad de ser considerado honorable el día que salió a la luz su nombre como resultante del pacto entre el PSOE y el PP

Hay que hablar claro; si el señor Cosidó no hubiera enviado el 'whatsapp' y este mensaje no se hubiera filtrado en la opinión pública, Marchena no habría renunciado a presidir el CGPJ. La renuncia de Marchena no le exime de nada ni le restituye el honor ni el derecho a ser percibido como juez independiente. Él es también responsable directo de toda esta farsa política para diseñar el control político del órgano de gobierno de los jueces y con él los dos grandes tribunales que operan en España, el Supremo y la Audiencia.

La cadena de decisiones que cuelgan de este órgano es inmensa y nos llevan fácilmente hasta las sentencias de los magistrados del Supremo y de la Audiencia Nacional. Del CGPJ dependen directamente los nombramientos de los magistrados de estos dos tribunales, la composición del gobierno de las diversas salas del Supremo y la Audiencia Nacional, la resolución de incidencias y cualquier otra decisión que permita alterar su dinámica si así se considera. Y la presidencia del CGPJ es determinante. De hecho, es una presidencia todopoderosa, como se ha visto en el caso de las sentencias sobre las hipotecas. Es el auténtico poder. Un poder que ampara todo lo que le interesa y modifica todo lo que le molesta. Es la expresión de una realidad emergente: la 'togacracia', que pone contra las cuerdas el principio de la democracia, y que se retroalimenta con la partitocracia existente y ya conocida desde 1978. Dos realidades, el poder de la élite judicial y el de los partidos, que disponen de un poder inmenso y a menudo al margen del mínimo control democrático.

Las decisiones del Consejo General del Poder Judicial están más que nunca bajo sospecha de partidismo. Quizás, si se dibuja un mecanismo diferente para la elección de los miembros de CGPJ, en el futuro no lo estará. Es indiscutible que las instituciones pueden recuperar la honorabilidad si las personas que las han dañado cambian y los mecanismos de selección de sus gobernantes se modifican y se garantiza la meritocracia en un proceso público y transparente de evaluación de candidatos. No ocurre lo mismo con las personas que han protagonizado los escándalos, que difícilmente pueden esperar comprensión.

El juez Marchena perdió la oportunidad de ser considerado honorable el día que salió a la luz su nombre como resultante del pacto entre el PSOE y el PP. De hecho, él era el ungido para llevar a cabo todo el control político sobre el poder judicial. Aquel día, y no ayer, habría tenido que decir que él no era un instrumento al servicio de la política y que, para preservar su independencia, su prestigio y honor y sobre todo el del Consejo General del Poder Judicial y el del Tribunal Supremo, no aceptaba ser candidato.

Cuanto antes nos vayamos de este estado antes podremos construir un país donde la justicia y el derecho, donde las libertades, no estén sometidos al capricho de los poderosos

No lo hizo. Desconozco los motivos por los que calló. Pero en este caso su silencio lo convirtió plenamente en cómplice del pacto establecido. El problema no es el senador y portavoz del PP ni su 'whatsapp', el problema es lo que Cosidó explica. Y lo que explica, Marchena ya lo sabía mucho antes de que Cosidó lo explicara a través de su móvil. La elección y publicidad del nombre de quien debe presidir el CGPJ es impropio que vaya a cargo de los partidos políticos, básicamente porque la ley no les atribuye esta competencia. Marchena lo sabía y aceptó este juego durante semanas. Él es tan culpable como el PP y el PSOE de conspirar para alterar el espíritu de la ley que garantiza la independencia del poder judicial.

¿Marchena podrá mirar a los ojos cuando me tenga sentado en el banquillo, sabiendo como todo el mundo sabe que la suya será una actuación parcial y partidista, con lo condicionará toda la sala segunda? Yo sí lo podré mirar a la cara a él.

Y mientras tanto seguiré esperando desde la prisión que se haga justicia. Y seguiré convencido de que cuanto antes nos vayamos de este estado antes podremos construir un país donde la justicia y el derecho, donde las libertades, no estén sometidos al capricho de los poderosos. Llevo más de 400 días injustamente en prisión. Aguantaré los que vendrán, pero no me harán callar. No les tengo miedo.

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