No podrán encarcelar las ideas

Esta sentencia pesará como una losa en el tan invocado estado de derecho

Contra lo que creen las altas instancias del Estado, incluido el gobierno en funciones, con la durísima e injusta sentencia del juicio al procés la crisis política en España no hace sino multiplicarse. Y la democracia no hace sino degradarse. Los derechos y las libertades básicas salen gravemente laminados. La brecha con una gran parte de Cataluña se hace aún mayor. El camino para dirimir la demanda soberanista catalana nunca debería haber pasado por los tribunales y por la represión, sino por el diálogo y la negociación política, como ocurrió en el Reino Unido con Escocia. La sentencia es la expresión de un profundo fracaso democrático, tanto por el mismo hecho de existir como por su injusto contenido. No se puede encarcelar las ideas. Es el fracaso de la política. Y no marca un final, como querría el deep state español, sino el inicio de una larga etapa de inestabilidad. Porque lejos de suponer una solución, hace mayor el problema. Lo que viene ahora no son unos "estertores" en la calle, tal como ha insinuado el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, al valorar el veredicto, sino una crisis política y social que amenaza con hacerse permanente, con empeorar y con seguir afectando, por tanto, la gobernabilidad en España y Cataluña. Por desgracia, la misma justicia española seguirá contribuyendo a ello, ahora con la reactivación de la euroorden contra el expresident Carles Puigdemont.

El Tribunal Supremo ha descartado una condena por rebelión, sí. Claro: el escándalo jurídico ya habría sido mayúsculo. Pero al no poder hablar de rebelión ni de golpe de estado ni de subversión del orden constitucional, porque no hubo nada de eso en los hechos juzgados, ha convertido la sentencia por sedición –en ella misma igualmente discutible del todo– en una minirebelión. Y sobre todo la ha convertido en un escarnio, una humillación y una revancha contra el independentismo, que si en realidad nunca puso el Estado contra las cuerdas, sí lo ridiculizó el 1-O del 2017 evidenciando que era incapaz de impedir el referéndum. Los jueces se han agarrado a la lectura más extrema del Código Penal, retorciendo la realidad de los hechos de hace dos años, para ver un levantamiento tumultuario donde, en cualquier otra latitud europea, habría una desobediencia o un legítimo derecho de protesta, de reunión y de ejercicio de la disidencia cívica. Esta lectura extrema, de paso, abre las puertas de par en par a futuras restricciones del derecho de manifestación y de opinión. Las libertades básicas están en peligro. Por todo ello, por su profunda carga reaccionaria, por su interpretación restrictiva del marco constitucional y legal, esta sentencia pesará como una losa en el estado de derecho que tanto invocan los que se escudan en el imperio de la ley. Por mucho que se niegue, por mucho que la Moncloa lance campañas de imagen en defensa de las garantías democráticas en España, en el corazón de la Unión Europa se consolida la existencia de presos políticos. El caso de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes sociales, es en este sentido emblemático. Pero también el del resto de líderes encarcelados o exiliados. La denuncia de esta injusticia se sitúa ahora en el centro de la agenda política.

De hecho, la sentencia, además de la carga de injusticia que conlleva, es un atentado a la convivencia. Es fractura pura y dura. La fractura que a pesar de todo no ha existido, ahora sí recibe un paradójico empuje legal. Psicológicamente habrá un antes y un después. Es un bombardeo legal contra las libertades y los derechos básicos, y contra la Cataluña que quería y quiere decidir su destino político en las urnas, democráticamente y pacíficamente. El Supremo ha condenado ideas, no hechos: no hubo ni violencia ni se ha probado la malversación. Y a pesar de ello ha dictado condenas desproporcionadas, de 9 a 13 años de prisión, casi 100 años en conjunto. La mayoría de condenados por el golpe de estado del 23-F de 1981 tuvieron penas más leves. Además, se expulsa a dos millones de ciudadanos del estado de derecho y se avergüenza a muchísimos demócratas más. La sentencia, cargada de un profundo sesgo nacionalista, se autojustifica apelando a una supuesta república catalana identitaria que sólo cabe en la cabeza de los jueces. Es, pues, la sentencia de una monarquía a la defensiva, ella sí identitaria, para la que la unidad de España es un bien superior y absoluto.

¿Qué fue de la palabra, del voto, del diálogo, de la libertad de pensamiento y protesta? ¿Qué fue del espíritu de la Transición? La sentencia es una nueva expresión de una impotencia y un desconocimiento endémicos. Parafraseando lo que Miguel de Unamuno dijo el 12 de octubre de 1936, el Estado no ha querido convencer con razones ni mucho menos con seducción, sino vencer con el miedo y el castigo. Es la incapacidad de siempre para aceptar la pluralidad nacional, es el miedo atávico a la diferencia y la libertad, es un regreso al autoritarismo, disfrazado de ley y Constitución. Es una derrota.

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