Después de la sentencia del Procés

Declarémonos todes cómplices del cuestionamiento de un Estado-Nación autoritario y violento

Las noticias de la sentencia me llegan por email mientras estoy en Venecia. Los Escritos Corsarios de Pasolini me acompañan como un talismán: en ellos busco refugio. Me pregunto cómo va a funcionar la “democracia española” - si este enunciado no se hubiera vuelto a estas alturas una contradicción performativa. ¿A golpe de represión policial, de criminalización política y de censura? Estamos entrando en una nueva era en el que las condiciones de represión institucional y de corrupción legitimada que conocimos en el País Vasco se extienden a Cataluña. Lo que está ocurriendo es demasiado grave como para seguir adelante como si nada estuviera pasando. Estamos frente a un estado-nación español paranoico que no es capaz de soportar ninguna crítica, ningún cuestionamiento de sus formas de funcionamiento y ninguna re-articulación de sus estructuras de gobierno.

Resulta inimaginable que aun no habiendo podido ser acusados de rebelión y siendo evidente para todes que la organización del referéndum fue totalmente pacífica se hayan pedido altísimas penas de prisión para aquellas personas que ostentaban cargos políticos. En el caso de los que no tenían responsabilidades políticas, las penas requeridas son injustificables y constituyen un castigo público y un escarnio ejemplar con respecto a cualquier iniciativa cultural asociada con el independentismo. Estas condenas nos afectan directamente a todes aquelles que representamos la sociedad civil, que trabajamos en y con la cultura, con la poética del cambio y con la imaginación política. TODES SOMOS JORDI CUIXART. La situación presente es suficientemente grave como para que se disuelva la Asamblea nacional española y para que el Parlamento sea liberado del control electoralista e ideológico de los políticos. El contrato social firmado a la muerte de Franco y sus promesas de democratización han fracasado. Necesitamos un nuevo contrato social. Transformemos la Asamblea en una escuela para la democracia y hagamos de cada plaza un nuevo Parlamento en el que preguntarnos colectivamente cómo queremos ser gobernados. Declarémonos todes cómplices del cuestionamiento de un Estado-Nación autoritario y violento y veamos qué sucede cuando más de 6 millones de personas tengan que ser juzgadas en las mismas condiciones que lo ha sido Jordi Cuixart.

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