Cs contra España

Profesor de la UABLa enésima defensa cerrada ante el enésimo ataque contra la inmersión lingüística ha dejado en un segundo plano otros movimientos lingüísticos que pueden ser tan o más graves para el futuro del catalán que impartir un modesto porcentaje del currículo en la lengua mayoritaria de Cataluña. Nos referimos a la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso de Diputados con el título "Garantía de la igualdad en el acceso y promoción en el empleo público sin discriminación por razones lingüísticas". Según esta iniciativa parlamentaria, "se considerará discriminatoria cualquier disposición o medida adoptada por una Administración en relación con el personal a su servicio que forme parte del ámbito de aplicación de esta Ley que suponga que el conocimiento de una lengua cooficial es un requisito para el acceso o la promoción en el empleo público".

Esta proposición de ley es más radical que las propuestas del mismo tenor presentadas por la antigua UPyD los años 2008 y 2012. El partido de Rosa Díez todavía aceptaba que el conocimiento de la lengua "cooficial" pudiera ser exigido como requisito "cuando las funciones inherentes al puesto de trabajo o la naturaleza de la relación o actividad a desarrollar conlleven de modo inseparable el uso imprescindible de la lengua cooficial". Para Ciudadanos, ni "modo inseparable" ni historias. Por si el articulado de la proposición de ley no era suficientemente claro, la propuesta prevé una modificación de la ley del estatuto básico del empleado público que no deja lugar a la duda: "El conocimiento de la lengua cooficial sólo podrá ser considerado como un mérito a valorar". Aparte de la radicalidad, la diferencia entre UPyD y Ciudadanos es clara: mientras que en 2008 UPyD tenía un solo escaño en el Congreso y en 2012 tenía 5, el Ciudadanos del 2018 tiene 32 diputados y las encuestas lo perfilan como partido de gobierno.

La proposición de ley de Ciudadanos no prosperará pero es ilustrativa de los vientos lingüísticos que soplan en ciertos ambientes políticos españoles desde que estalló el proceso catalán. La rebelión catalana se ha convertido en el momento propicio para plantear una medida que el PP no se ha atrevido a plantear nunca, que no es otra que la desoficialización de facto del catalán.

Es posible que Albert Rivera considere que promover la uniformidad lingüística (un estado, una lengua oficial) es un buen mecanismo para preservar la unidad del Estado. La política comparada, en cambio, no nos indica exactamente esto.

En el este europeo hay varios conflictos territoriales abiertos que se explican en buena medida por la obsesión de implantar el monolingüismo oficial en sociedades lingüísticamente heterogéneas. Si la República de Moldavia creada en 1991 hubiera abrazado la oficialidad del ruso quizás Transnistria no se habría ido tan fácilmente. Si el estado ucraniano independiente no hubiera optado por la oficialidad exclusiva de la lengua ucraniana quizás hoy Crimea seguiría formando parte de Ucrania y las provincias de Donetsk y Lugansk estarían en paz. La viabilidad futura de Kosovo como estado independiente depende crucialmente de su capacidad para seguir reconociendo el serbio como lengua oficial. Etcétera.

Estas cosas no pasan solamente en el indómito este postotalitario europeo sino que han pasado también históricamente al oeste de nuestro continente. La independencia de Bélgica -técnicamente, una secesión del Reino Unido de los Países Bajos- se explica en buena medida por la imposición del neerlandés como única lengua oficial del estado. Y es indudable que Flandes ya se habría separado de Bélgica si hubiera perdurado el monolingüismo de facto en francés practicado tras la independencia. Un caso más cercano en el tiempo lo tenemos en el Tirol del Sur: si esta provincia italiana dejó de flirtear con la reincorporación a Austria fue en buena medida gracias al Estatuto de Autonomía de 1972 que "equipara" las lenguas italiana y alemana en este territorio.

En otras palabras: puede pasar que iniciativas como la de Ciudadanos no ayuden a la unidad de España sino que contribuyan a dinamitarla, una paradoja que Rivera no sabe o no quiere ver y que llena de esperanza al atribulado independentismo catalán: la temeraria iniciativa de Rivera y compañía es de las que ensanchan la base. Eso sí, los independentistas catalanes deberían tomar buena nota de la lección: aquí no se construirá ninguna comunidad digna de este nombre -republicana, autonómica o lo que sea- si no se abraza con todas las consecuencias la plena oficialidad del castellano.