El análisis de Antoni Bassas: "Convicciones y elecciones"

Segundo miembro del Govern de esta legislatura que es juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Si en diciembre del año pasado Quim Torra fue condenado por la pancarta a favor de los presos del balcón de la Generalitat, ahora le llega el turno al conseller de Acción Exterior, Bernat Solé.

Son imágenes de esta mañana misma. Otro paseo de un conseller acompañado por el resto del Govern. El ahora conseller Soler está acusado de favorecer el referéndum del 1-O del 2017 cuando era alcalde de Agramunt. La Fiscalía le pide un año y medio de inhabilitación como cargo público y 24.000 euros de multa por un delito de desobediencia al considerar que promovió y favoreció la votación, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

Seguramente recordarán la ofensiva que lanzó la Fiscalía General del Estado unas semanas antes del referéndum, cuando ordenó abrir diligencias contra más de 700 alcaldes que lo apoyaban. De esas investigaciones ahora mismo solo siguen abiertas una quincena.

El fondo del caso continúa siendo inalterable: en el siglo XXI, en un estado de la Unión Europea, un político escogido democráticamente por sus vecinos se sienta en el banquillo de los acusados para “promover y favorecer” una votación que llevaba en su programa electoral (programa que fue votado por la mayoría de los ciudadanos). Que no se pueda preguntar lo que más de la mitad de la gente querría que se preguntara (o estaría dispuesta a contestar) es un fracaso de la democracia española, pero ya hace años que decimos que desde que los gobiernos españoles, sobre todo el de Rajoy, externalizaron a la justicia, a los servicios secretos y a la policía lo que antes habrían externalizado al ejército y se habían negado a hacer política, el resultado solo podía ser un desastre, incluso para la solidez del estado de derecho. Una cosa es solidez y la otra es rigidez.

Y con todo, con esta convicción inalterable de que perseguir un referéndum es alargar el problema, no basta para ir a las elecciones. Ni con lo contrario, con eso de “centrémonos en la gestión” y ya veremos. No. La oferta independentista tiene que hilar muy fino, porque la sociedad catalana ha recibido el impacto del covid-19 (está más cansada y empobrecida desde el 2017). En concreto, han muerto 16.374 personas desde el inicio de la pandemia. La semana pasada murieron 289 personas de covid-19, que es un 8% menos que la semana anterior pero son unas 40 personas muertas cada día. En Catalunya hay 484.000 parados, y casi 200.000 trabajadores en ERTE. Cambios demasiado profundos como para fiarlo todo a la injusticia que vive el país.

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.