¿Somos o no somos país de asilo?

España se ha convertido en país de asilo aunque parezca que las políticas todavía no lo reconocen

Este jueves, día mundial de los refugiados, recordaremos a los más de 68 millones de desplazados en el mundo, la cifra más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Hablaremos también de países como Siria o Sudán del Sur y, un poco más cerca, quizás también de Grecia o Alemania. Costará más hablar de los de aquí, de los refugiados que ya han llegado y conviven con nosotros. Seguimos esperando los que tenían que ser reubicados desde Grecia e Italia mientras ignoramos los que ya están. ¿Somos o no somos país de asilo?

España se ha convertido en país de asilo aunque parezca que sus políticas todavía no lo reconocen. De las 2.588 solicitudes de asilo de 2012 se ha pasado a 14.881 en 2015, 31.120 en 2017 y 54.065 en 2018. Así, de estar en la cola, España es hoy día el cuarto país de la Unión Europea con el número más alto de solicitantes de asilo. Mientras que en 2015 el 61% procedían de Siria y Ucrania, en 2017 el 55% son originarios de Venezuela, Colombia, El Salvador y Honduras. Así pues, la mayoría llegan atravesando el Atlántico y en avión.

Con el aumento de las solicitudes, las plazas del sistema estatal de acogida se han incrementado proporcionalmente: de 930 en septiembre de 2015 a 8.600 en diciembre de 2018. Pero se ha hecho de una manera reactiva y sin planificación a medio plazo. Dentro de los ministerios competentes (el de Interior y el de Trabajo, Migración y Seguridad Social) se ha crecido con personal interino, quizás con la asunción de que el problema pasaría. Fuera de los ministerios, el crecimiento exponencial de las plazas de acogida ha quedado en manos exclusivamente de las entidades sociales, y se ha roto así el equilibrio que había previamente entre plazas públicas y plazas gestionadas por las entidades sociales.

Pero, sobre todo, el crecimiento exponencial de las plazas de acogida se ha traducido en largas esperas para los solicitantes de asilo. La más dramática es la inicial: mientras no se formaliza la solicitud (que a veces puede tardar entre 5 y 6 meses), no se puede acceder al sistema de acogida. Y es aquí donde las demoras administrativas por parte del Estado se convierten en “fueras” temporales (del sistema de acogida, pero a menudo también de los derechos más básicos) por parte de los solicitantes de asilo. Y a las esperas se suman las exclusiones. Con más solicitantes de asilo que plazas de acogida, se da prioridad a unos sobre otros. Eso implica dejar fuera a determinados perfiles menos vulnerables o a aquellos que, habiéndose marchado hacia otro país europeo, han sido devueltos siguiendo el implacable sistema de Dublín.

Una vez pasadas las incertidumbres electorales, hace falta una revisión a fondo, y esto pasa por abordar las deficiencias del programa de acogida

¿Y qué pasa con aquellos que están a la espera o han quedado fuera del sistema estatal de acogida? Unos se buscan la vida a través de sus propias redes de familiares, amigos y conocidos. El resto a menudo acaban en situación de calle. Aquí entran las entidades sociales externas al sistema estatal de acogida y las administraciones locales. Mientras que inicialmente los solicitantes de asilo sin acceso a la vivienda acababan en dispositivos de personas sin hogar, la tendencia (sobre todo en las grandes ciudades) ha sido ir habilitando centros específicos. Ciudades como Barcelona han desarrollado programas paralelos de acogida, que además del alojamiento temporal ofrecen un itinerario para fomentar la autonomía y la integración. Todo esto sin competencias y recursos específicos y con escasa coordinación con el Gobierno central.

El otoño de 2018 anunció tiempo de cambios. Por un lado, el Gobierno hizo público un "plan de choque" para incrementar un 165% el presupuesto destinado a resolver las solicitudes de asilo y un 27% el presupuesto dedicado a la acogida de refugiados e inmigrantes. Por otro, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid daba la razón a la Generalitat de Cataluña: si bien jurídicamente el asilo es competencia estatal, la acogida es una competencia de las comunidades autónomas. Esta sentencia y la denegación por parte del Tribunal Supremo del último recurso presentado por el Gobierno abren la puerta a la descentralización del sistema de acogida.

De momento, sin embargo, todo ha quedado paralizado por las incertidumbres electorales de los últimos meses. Una vez pasadas las elecciones, hace falta una revisión a fondo, y esto pasa por abordar las deficiencias del programa. Y pasa por repensar cómo construimos una verdadera gobernanza multinivel, no solo de las comunidades autónomas con los dos ministerios competentes, sino también de las comunidades autónomas con las administraciones locales y las entidades sociales. Solo así podremos garantizar la acogida. Y solo así podremos, además de serlo, sabernos y hacernos país de asilo.

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