En deuda con las supervivientes

Reconocer el fundamento político de las violencias sexuales tiene consecuencias determinantes

El 25 de noviembre se celebra el Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres / GETTY

En febrero de 2020, la Universidad Carlos III publicaba una investigación que confirmaba lo que las profesionales detectamos cada día. Tanto en la vía penal, a través de la indemnización fijada en la condena, como en el otorgamiento de las ayudas para víctimas de violencias sexuales, la Administración falla. Algunos datos de la investigación son indigeribles: la mitad de las víctimas percibe la cantidad irrisoria de 166 euros y tarda cinco años de media en percibirla.

Cuando se analiza esta falla, siempre se priorizan explicaciones de carácter técnico. Pero queda en la sombra uno de sus orígenes: su errónea conceptualización. Las violencias sexuales, a día de hoy, todavía se interpretan como una infracción individual motivada por un impulso sexual, en lugar de un acto de poder masculino vehiculado a través de un atentado contra la libertad sexual. Para romper este techo conceptual podemos aprender del camino recorrido por las violencias sexuales en el marco de un conflicto armado, que son las únicas que han alcanzado un estatus de violencia política. Este logro cualitativo ha permitido que no se cuestione que su impacto desborda la esfera física y emocional y abarca la identitaria, la ciudadana, la comunitaria, la reproductiva o la política, entre otras.

Reconocer el fundamento político de las violencias sexuales tiene consecuencias determinantes. La primera es la del consenso legal y social de que estas violencias deben ser reparadas en todas sus dimensiones, individuales y colectivas. La segunda es la razón de ser de esa reparación, que no puede provenir de la empatía o de la solidaridad, sino de una obligación legal vinculante construida sobre el principio de responsabilidad. La tercera es la de ampliar el catálogo de sujetos obligados a reparar. Va siendo hora de avanzar hacia el paradigma de la corresponsabilización y de que el Estado garantice de forma subsidiaria esta reparación cuando el infractor no la asume. La sociedad también debería corresponsabilizarse, y cada agente social, ya sea institución, sindicato, medio de comunicación o entidad, debería encontrar formas, aunque fueran simbólicas, de colaborar en la reparación de las supervivientes.

Cualquier sociedad que quiera preservar su convivencia y una cierta calidad democrática debe reparar las violencias que afectan a sus integrantes

Las experiencias internacionales de reparación de las violencias sexuales en caso de conflicto armado, con sus aciertos y desaciertos, nos pueden servir de guía a la hora de construir un sistema efectivo de reparación, que podría extenderse a todas las violencias de género. Se requiere, en primer lugar, que la reparación sea integral y que cubra todas las esferas del daño a corto y largo plazo: la afectación física, la moral, las pérdidas económicas y de oportunidades, la afectación propia y de las personas del entorno de la agredida que se vean directamente afectadas. En segundo lugar, que la reparación no dependa de una denuncia legal, ya que muchas mujeres no pueden arriesgarse a denunciar. En tercer lugar, el reconocimiento: las mujeres que sí denuncian, cuando lo hacen, se exponen mucho, y a cambio deberían tener derecho a exigir que el procedimiento legal en sí mismo sirviera para repararlas, durante toda su tramitación, con independencia del resultado final. Ello requeriría que se reconociera su valor como persona, su credibilidad, la legitimidad de su denuncia, su condición de víctima, el hecho de que no se es responsable de la violencia que se ha sufrido, su capacidad de aportar elementos para impulsar el procedimiento, y su capacidad de resiliencia para superar los daños sufridos.

Conceptualmente, una premisa básica inicial para la construcción de un sistema de reparación eficiente pasa por asumir que no se puede reparar adecuadamente lo que no se está comprendiendo. La perspectiva de género nos permitirá entender la función discriminatoria estructurante de las violencias sexuales, su gravedad y todas las dimensiones de su impacto. ¡Imaginemos qué potencial reparador tendría que las sentencias de condena reconocieran que esa agresión concreta ha sucedido porque el sistema está fallando en su prevención y a la hora de desterrar la cultura de la violación! Una segunda premisa básica es la de la participación de las mujeres a la hora de diseñar el sistema de reparaciones. Nunca se pregunta a las supervivientes qué les haría sentirse reparadas, más allá de la fijación de una indemnización irrisoria, que difícilmente se acabará percibiendo. Una tercera premisa es la de la perspectiva interseccional: las violencias sexuales no impactan de la misma forma en la diversidad de mujeres y el sistema de reparaciones debe tener en cuenta este factor.

Y una última premisa, la más menospreciada y a la vez la más potente, es la de la vocación de transformación, como garantía de no repetición. Cada agresión individual se enmarca en un contexto social de discriminación y, por lo tanto, las reparaciones individuales deberían orientarse a cambiar las estructuras que las han originado. La garantía de no repetición se plasma en medidas como la eliminación de trabas para facilitar el acceso de las mujeres a la justicia en general, la promulgación o modificación de leyes, la modificación de criterios interpretativos o de protocolos, el establecimiento de prohibiciones de revictimización durante el procedimiento legal y, muy urgentemente, la formación obligatoria de los operadores jurídicos. En su vertiente práctica, un sistema de reparación efectivo debería ofrecer ayudas urgentes para atender las necesidades inmediatas y evitar daños irreparables, y también debería ofrecer un abanico de opciones complementarias, combinando las reparaciones judiciales y las administrativas.

Cualquier sociedad que quiera preservar su convivencia y una cierta calidad democrática debe reparar las violencias que afectan a sus integrantes. Si el sistema está fallando en la prevención y en la sanción de las violencias sexuales, al menos debería responsabilizarse de repararlas. La ciudadanía también deberíamos asumir nuestra cuota de responsabilidad. Como primer paso, deberíamos dejar de culpabilizar y de estigmatizar a las mujeres que sufren violencias sexuales y empezar a reconocerlas como luchadoras.

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