Caza de brujas

El camino emprendido por el gobierno español (y, con él, el aparato judicial entero) es irreversible

Cuando se estaba elaborando la Ley de Responsabilidades Políticas franquista, que sería efectiva a partir del 9 de febrero de 1939, diferentes organismos del estado organizado por los sublevados presentaron alegaciones y observaciones que se pedía que se tuvieran en cuenta. Una de las más reveladoras de la justicia política (o la venganza política por la vía judicial) que estaba elaborando el equipo de Ramón Serrano Suñer decía lo siguiente: "Censura también el Ministro de Justicia (Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, tradicionalista) el título de la Ley, porque, según él, parece que se castiga “el criterio político”, lo “subjetivo del ideario”, cuando sólo se debía buscar la manera de reparar lo objetivo, el “daño producido”. Pero si todo criterio político subjetivo se considera lícito y respetable, no concibe la Ponencia cómo de lo lícito puede generarse un daño que obligue a su reparación. Que “el pensamiento no delinque” podrá ser verdad en el aspecto político mientras aquél no se exterioriza; pero sostener que cuando se siembran entre las masas idearios perniciosos mediante la propaganda o la actuación, sólo se ha de reparar el daño, cosecha inevitable de tal siembra, sin castigar ésta de ningún modo, equivale a afirmar que se debe sancionar el efecto y dejar impune la causa, lo que constituye una enorme inconsecuencia del más puro sabor liberal».

La afirmación de los ponentes de la Ley era de una brutalidad notable y un ataque indisimulado al ministro de Justicia franquista que dudaba de la voluntad totalitaria de los legisladores: se castigaba el supuesto delito y el pensamiento que lo había generado. Leyendo los textos con los que el juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, continúa justificando (es un decir) la prisión preventiva de los dirigentes políticos y civiles catalanes, se nos hace inevitable recordar a los ponentes de la Ley de Responsabilidades Políticas. Haciendo las sustituciones necesarias en el fragmento que cito al principio de este artículo, es evidente que el "ideario independentista" provoca un "daño"; por tanto, yendo a buscar las fuentes intelectuales y jurídicas sobre las que sustenta su manera de hacer, el juez del Tribunal Supremo dictamina que hay que perseguir y, muy probablemente, castigar "la siembra" independentista y "el daño" que causa. Pura ortodoxia jurídica franquista.

La persecución político-judicial del TS y el TC durará años y arrastrará a docenas de personas

Estamos ante una caza de brujas (política y jurídica) de la categoría de las persecuciones mccarthystas en los Estados Unidos de los años cuarenta del siglo pasado. El enemigo ya no son los comunistas sino los independentistas catalanes. No se ha creado un Comité de Actividades Antiespañolas porque no es necesario (y, quizás, porque no se han atrevido a llegar a este punto de ridículo): el gobierno del PP soltó a la Fiscalía del Estado y esta ha arrastrado, con un entusiasmo evidente, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional.

En este durísimo contexto, me parece que debemos asumir, de una vez por todas, que el camino emprendido por el gobierno español (y, con él, el aparato judicial entero) es irreversible. Como muy bien decía el periodista José Antich hace unos días, el objetivo final es liquidar a una generación política entera y poner el contador a cero. Cuando la vicepresidenta del gobierno español gritaba por las calles que Mariano Rajoy había descabezado el movimiento independentista solo se equivocaba en la atribución del mérito: el señor Rajoy solo ha subcontratado al aparato judicial para llevar a cabo un trabajo de persecución y caza de brujas que era estrictamente política.

La persecución político-judicial del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional durará años y arrastrará a docenas de personas. Habrá inhabilitaciones (como la Ley de Responsabilidades Políticas), habrá sanciones económicas (como la Ley de Responsabilidades Políticas, también), habrá penas de cárcel. Se habrá dejado bien claro que "el pensamiento delinque", porque el independentismo es un proyecto político que se quiere implementar, no es solo una teorización ideal sin vocación de convertirse en realidad.

Solo hay que tener presente que las consecuencias de la Ley de Responsabilidades Políticas, sobre todo las económicas (las más importantes para los legisladores franquistas), se arrastraron durante años. En la década de los sesenta del siglo pasado, cuando ya hacía veinte años de la cancelación de la Ley, aún había expedientes abiertos, sanciones económicas en vigor y bienes confiscados que no se devolvieron nunca.

En el estado de excepción no declarado en el que nos ha colocado el gobierno español (con el visto bueno de socialistas y Ciudadanos, no lo olvidemos), las consecuencias políticas, penales y económicas durarán años. Por lo tanto, a quien corresponda el trabajo hay que decirle que se necesitan nuevas estrategias, nuevos plazos y, muy probablemente, una nueva generación política e intelectual. La caza de brujas ha empezado y no tendrá freno durante mucho tiempo.

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