Soraya Sáenz de Santamaría

A la que fue vicepresidenta del gobierno de Rajoy me la presentó en el Hotel Palace un conocido político democristiano. Era, me dijo, su esperanza blanca, necesitados como estaban de 'buen rollo' para resolver los temas que enfrentaban al gobierno de la Generalitat con el del Estado. Me pareció simpática. Decir eso de un político no se si es poco o mucho. Los hechos han desmentido mi a priori, y supongo que a Junqueras, que inicialmente también parecía de aquella opinión, le acabó pasando lo mismo. Sé, de hecho, que algunos de los suyos -del mismo PP- terminaron rebautizando a la "niña de Rajoy" con el nombre de la muñeca malvada de una conocida película.

Ha trascendido recientemente que Sáenz de Santamaría se ha incorporado al bufete Cuatrecasas. Ha sido bastante comentado el pacto al que llegó en 2015 el jefe del bufete con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, jerárquicamente dependientes del gobierno español en el que Sáenz de Santamaría era la todopoderosa vicepresidenta. Aquel pacto permitió, como a menudo ocurre con los que delinquen fiscalmente, que Cuatrecasas no fuera a la cárcel. Aunque sabemos que este no es un acuerdo 'ad personam', seguro que Soraya es lista y sabe que ahora todo huele muy mal. Pero allá ellos.

Lo que quiero comentar aquí es el tema de las interpretaciones que se hacen de las incompatibilidades jurídico-administrativas por el bien de la ética personal, un tema que en este caso afecta a la "gran jurista", como se la ha calificado -es cierto que su ingenio jurídico ha sido puesto a prueba en el caso Gürtel y otros episodios del gobierno al que pertenecía.

Y lo tengo que hacer porque, con motivo de la exquisitez de su interpretación jurídica (en este caso, de la ley 3 de 2015), tras salir del Banco de España he tenido que guardar dos años sobrevenidos de incompatibilidad. Por decisión de Sáenz de Santamaría, a los que entramos como consejeros de gobierno de aquel banco sin esta condición, cuando salimos, y por una interpretación extensiva de lo que eran los altos cargos de la administración, se nos aplicaron dos años de incompatibilidad. Esta circunstancia quedaba supuestamente compensada con el 80% de la retribución previa obtenida del banco, una cantidad que superaba por poco la pensión de jubilación máxima. Se da el caso, además, que la ley que la ex vicepresidenta reinterpretó reconocía explícitamente la compatibilidad de esta compensación con la docencia universitaria -esto era así en el nombramiento y ella nos lo negaría en el cese. Pues bien, he cumplido estrictamente la incompatibilidad hasta el final de este mes de febrero, dando clases y sin acogerme a la compensación.

La imposición de la incompatibilidad en mi caso fue, como he dicho, una condición sobrevenida y no prevista en el momento de la aceptación del nombramiento del consejo de gobierno del Banco de España en su día. La homologación como altos cargos ya era bastante discutible siendo como éramos consejeros externos, y de hecho modificaba la ley del Banco de España por la vía de cambiar el reglamento. Pero así nos ajustábamos a lo que quería la vicepresidenta, enfebrecida con el tema de las puertas giratorias. Se nos dijo que se trataba de hacer valer el aforismo de la apariencia de "la mujer del César". Ciertamente cuestioné tanto el contenido como el procedimiento, que mis conocimientos de derecho me bastaban para denunciar. Por la lealtad debida a una institución que en plena crisis debía mostrar transparencia en grado máximo, y porque se me dijo abiertamente que, si íbamos a la modificación de la ley, la gobernanza del banco aún podía salir más dañada, acté lo que me pedían -no sólo desde las jerarquías del banco sino que también me lo pedían muchos de los compañeros consejeros, que estaban cerca de la jubilación, y a los que por lo tanto ya les iba bien la aplicación de la incompatibilidad durante dos años después del cese, porque les suponía una compensación superior a la pensión que de otro modo tendrían.

Bueno, hasta aquí los hechos. Me parece que es tener mucha cara que, ahora, sin que haya pasado un año desde su cese, Sáenz de Santamaría se incorpore al despacho profesional con todas sus consecuencias, además de mantener el cargo en el Consejo de Estado, y todo ello esperando que haya renunciado a la indemnización como ex miembro del gobierno. Por mucho que posiblemente todo se ajuste a las normas, no me parece que ella haya practicado lo que predicaba para los demás.