¿Hasta cuando habrá presos políticos en España?

Negándose a abordar el problema catalán desde la política, España ha hecho el problema más grande

EDITORIAL
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Este martes hace un año que están en prisión preventiva Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sànchez, ex presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y actualmente presidente del grupo parlamentario de JxCat en la cámara catalana. Son dos destacados activistas de la sociedad civil catalana avalados por una trayectoria inmaculadamente democrática y pacifista. Son dos ciudadanos ejemplares por su compromiso cívico. Son dos personas de las que cualquier sociedad estaría orgullosa. Son dos ciudadanos europeos y europeístas. Y sin embargo están entre rejas acusados de rebelión contra España, una acusación que implica actos de violencia. Sí: lo han leído bien. Cuixart y Sànchez tienen que hacer frente a un juicio por violencia, una violencia que nunca, nunca, nunca han ejercido. Que iría en contra de sus principios. Que va en contra de su talante. De hecho, están en prisión por sus ideas. Por eso son presos políticos.

En la España del siglo XXI, un país plenamente integrado en la Europa Occidental, miembro de la Unión Europea, con una trayectoria democrática forjada tras la dictadura de Franco, hay presos políticos. Es una anomalía gravísima, tal como ayer mismo se encargó de recordar Amnistía Internacional, organización que reclama que se pongan en libertad de inmediato los dos Jordis. En Europa, ciertamente, cuesta entender la idea de la independencia de Cataluña, pero aún es más difícil de entender el encarcelamiento de quienes la defienden por vías democráticas. En democracia se deben poder defender todas las ideas. Especialmente una idea tan profundamente democrática como la de consultar a los ciudadanos de Cataluña en referéndum si quieren o no quieren un estado propio. Criminalizar una demanda así es criminalizar la esencia de la democracia.

El empeño de España de no afrontar políticamente la demanda de la sociedad catalana de votar en referéndum su futuro le está llevando a hacer cada vez más grande el problema. Está tensionando la sociedad catalana y la española, está complicando cada vez más la gobernabilidad en Barcelona y Madrid, está radicalizando a los actores políticos, está perjudicando -incluso intencionadamente, lo inaudito- la economía. Un problema político no se puede resolver judicialmente. La política se hace en los Parlamentos y en las urnas. Cuando se traspasa una cuestión de naturaleza política a los tribunales, los tribunales chirrían, como ha quedado patente con la contradicción flagrante entre las instancias judiciales españolas y las de Bélgica, Alemania, Suiza y el Reino Unido, que han impedido la extradición de los políticos catalanes exiliados.

Más del 70% de la sociedad catalana no entiende el encarcelamiento de los Jordis ni del resto de presos políticos, un porcentaje que va mucho más allá del apoyo a la independencia. Hay una amplia unanimidad en que esta no es la vía. España ha hecho grande el problema y ahora tiene un problema muy grave. Es, después de todo, el problema del miedo a la libertad.

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