Detención ilegal

La misma noche de las elecciones del 28A los presos electos debieron ser puestos en libertad

JAVIER PÉREZ ROYO
JAVIER PÉREZ ROYO Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla

Cuatro de los políticos independentistas que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo fueron proclamados diputados electos en la noche del domingo 28 de abril. Uno fue proclamado senador electo también esa misma noche. Desde el “momento mismo” en que tuvo lugar esa proclamación están en posesión, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento del Congreso de los Diputados, de los “derechos y prerrogativas” propios de los parlamentarios estatales.

Esa misma noche debieron ser puestos en libertad, ya que la prerrogativa de la “inmunidad” impide que se pueda perseguir penalmente a un Diputado o Senado sin solicitar previamente la autorización de la Cámara para poder hacerlo. Esta prerrogativa es propia de los parlamentarios estatales exclusivamente. Los parlamentarios de las Comunidades Autónomas no disponen de ella.

Se trata de una prerrogativa que está reconocida sin excepción de ningún tipo. No hay ninguna circunstancia ni anterior ni posterior a la proclamación como candidato electo que excepcione la vigencia de la prerrogativa parlamentaria de la inmunidad. No hay ninguna que se contemple en el ordenamiento español. Y ya se sabe que “donde la ley no distingue, no se debe distinguir”. En el momento en que un ciudadano es proclamado diputado o senador electo, el Tribunal Supremo, que es el único que puede entender de su conducta, tiene que dirigirse al Congreso o al Senado, en este caso, a ambos, “suplicando” (de ahí el término 'suplicatorio') que den la autorización para poder proceder penalmente contra ellos.

La prisión provisional inicial puede ser discutible. Su mantenimiento en prisión a partir de la noche del 28A ya no lo es

En mi opinión, la detención provisional acordada contra ellos no debió de haberse producido nunca. Ya veremos lo que acaba diciendo en su día el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero desde la noche del 28 de abril, su mantenimiento en prisión es un supuesto claro de “detención ilegal”. La prisión provisional inicial puede ser discutible. Su mantenimiento en prisión a partir de la noche del 28A ya no lo es.

Resulta esperpéntico, pero los cinco parlamentarios detenidos podrían hacer uso del 'habeas corpus' previsto en el artículo 17 de la Constitución “para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente”. Los abogados encargados de su defensa o un familiar podrían dirigirse a un juez de Barcelona, que es donde tienen su residencia, y que el juez abriera un procedimiento de 'habeas corpus' para que fueran llevados inmediatamente a su presencia. A continuación debería ponerlos en libertad. Que el Tribunal Supremo después decidiera lo que estimara pertinente.

Antoni Bayona publicó el miércoles 8 de mayo un artículo en Agenda Pública, en el que, tras analizar la legislación aplicable en su conjunto, concluye con la siguiente afirmación: “Los representantes electos el pasado 28 de abril afectados por el juicio del 'caso Procés' gozan de inmunidad desde el momento de su proclamación como electos, lo que obligaría a suspender el juicio respecto de ellos mientras las cámaras no resuelven el suplicatorio que, necesariamente, debiera pedir el Tribunal Supremo para poder continuar el procedimiento”. Es de esperar, dice en un añadido final, que el Tribunal Supremo no de el espectáculo que ha dado estos últimos días la Junta Electoral Central.

Este tipo de situaciones esperpénticas son las que se producen cuando se intenta resolver un problema de naturaleza política mediante los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia pueden resolver los problemas que pueden resolver. Y no pueden resolver los que no pueden resolver. Cuando se pretende que los tribunales resuelvan los problemas que no pueden resolver, el resultado es un disparate. Mejor dicho, una suma de disparates. Son los que se están sucediendo desde que, inmediatamente después de la activación del artículo 155 CE, la Fiscalía General del Estado activó querellas por el delito de rebelión contra determinados miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y contra los Jordis.

Todavía asistiremos a algunos más.

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