La estrategia de la provocación

No se puede discutir que Cayetana Álvarez de Toledo tiene todo el derecho del mundo a dar una conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona, como en cualquier otra universidad española. Tampoco se puede discutir que Santiago Abascal tiene derecho a hacer mítines tanto en Bilbao o San Sebastián, como en cualquier otra ciudad española. Y que tienen derecho a no ser hostigados por ello.

La lectura jurídica de estos actos de campaña de los candidatos del PP y de Vox es inequívoca. Se está intentando obstaculizar el ejercicio de derechos fundamentales y no en un momento cualquiera, sino cuando se ha puesto en marcha un proceso electoral de transcendencia extraordinaria. Pero la lectura política impone tomar en consideración otras variables, sin las cuales no es posible entender lo que significan la celebración de dichos actos y el lugar que ocupan en la estrategia de ambos partidos en la campaña electoral del 28-A.

A tenor de lo que indican todos los estudios de opinión sin excepción, la presencia del PP en Cataluña y de Vox en el País Vasco es insignificante. Solo existen en la medida en que representan una amenaza para el ejercicio del derecho a la autonomía en dichas “nacionalidades”. La amenaza explícita del 155 para Cataluña y la que implícitamente se derivaría de dicha aplicación, en caso del triunfo de la derecha, para el País Vasco. Esto es lo único que proporciona visibilidad al PP y a Vox en ambas “nacionalidades”. No tienen una política “recognoscible”, por utilizar el término con que el Tribunal Constitucional delimita el núcleo esencial de los derechos fundamentales, para Cataluña y el País Vasco. Solo en la medida en que, desde la ocupación del Gobierno de la Nación, pueden ser portadores de una política represiva, resultan “recognoscibles”.

Esto lo saben perfectamente los dirigentes del PP y de Vox. Y es lo que tratan de ocultar. Tienen que aparentar que tienen una política para ambas comunidades, que no puede hacerse presente, sin embargo, por el sectarismo nacionalista que se lo impide. Para ello necesitan que se produzca el hostigamiento en los actos que organizan. La única manera de hacerse visibles es generando hostigamiento a sus actos. Este les proporciona notoriedad en ambas “nacionalidades” y amplifica, además, su mensaje de defensa de la unidad de España, en el que descansa su estrategia electoral en el resto del Estado. Sin el hostigamiento de sus actos electorales PP y Vox pasarían desapercibidos. Con el hostigamiento, se hacen visibles.

Conscientes de ello, los dirigentes del PP y Vox preparan cuidadosamente sus intervenciones. Buscan el hostigamiento, calientan el ambiente con declaraciones provocadoras con la finalidad de encontrar una reacción hostil en el lugar donde van a celebrar sus actos. Y tienen la suerte de acabar encontrándola.

Lo sorprendente no es que PP y Vox programen sus actos de la forma en que lo hacen y con la finalidad que persiguen, sino que quienes reaccionan contra ellos caigan en la trampa. A partir del momento en que se produce el hostigamiento, un acto políticamente insignificante, que tiene la dimensión de una boquerón, se transforma en una ballena, que ocupa todo el espacio informativo. No tanto en Cataluña y País Vasco como en el resto del Estado.

Y esto es lo que ambos partidos están buscando. El mensaje que intentan transmitir es que en Cataluña y País Vasco ya no hay terrorismo, pero que eso no quiere decir que haya libertad. Es lo que evidencia el hostigamiento contra Cayetana Álvarez de Toledo y Santiago Abascal. El clima que hay en ambas “nacionalidades” es un clima sofocante, que no permite que pueda expresarse ningún discurso que no sea “nacionalista” o connivente con el nacionalismo, como son los discursos del PSC-PSOE o de En Común-Podemos, que, justamente por eso, han dejado de ser partidos “constitucionalistas”.

La estrategia es burda, pero funciona. Y fuera de Cataluña y Pais Vasco todavía más. El impacto electoral en Cataluña y País Vasco va a ser intranscendente, pero puede no serlo en el resto del Estado. Y en la medida en que no lo sea en el resto del Estado, dejará de ser intranscendente en ambas “nacionalidades”.