La hora de la verdad

Jordi Sànchez sigue estando en posesión del derecho de sufragio pasivo

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones del 21-D estaba claro que la hora de la verdad sería la de la investidura del president de la Generalitat. Ya en la legislatura anterior, la investidura fue complicadísima y solo se pudo evitar la repetición de elecciones por la renuncia de Artur Mas.

En ésta la operación es mucho más complicada, ya que la investidura no está condicionada por la posición de una de las fuerzas políticas, la CUP, cuyo concurso era inevitable para la investidura, sino que está condicionada por la intervención en el proceso del Tribunal Supremo, confirmada recientemente por el Tribunal Constitucional.

El bloque nacionalista catalán, que ganó parlamentariamente las elecciones, aunque no llegara a ganarlas plebiscitariamente, por hacer uso de la terminología que ellos mismos han puesto en circulación, se encuentra ante el dilema de proponer un candidato sobre el que el TS no tenga nada que decir o, por el contrario, proponer uno que está siendo no solamente investigado sino que se encuentra sometido a la medida cautelar más gravosa que se contempla en el ordenamiento: la prisión provisional incondicionada.

La primera opción tendría una ventaja cierta. Se levantaría inmediatamente el 155 CE, se recuperaría el ejercicio del derecho a la autonomía en los términos previstos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y el president de la Generalitar podría dirigir políticamente la comunidad autónoma. Sería una opción coherente desde la perspectiva del principio de legalidad.

Tendría el inconveniente no menos cierto de que no serían los ciudadanos con el ejercicio del derecho de sufragio los que habrían investido al president, sino que habría sido el TS el que habría decidido, negativamente, pero decidido, la investidura. Desde la perspectiva de la legitimidad democrática es una opción mucho menos coherente.

Pablo Llarena estaría cometiendo un delito de prevaricación si impidiese a Jordi Sànchez ser elegido

Nuevamente nos encontramos ante la tensión entre legalidad y legitimidad que viene acompañando a todo el curso del Procés. El gobierno de la nación sostiene que legitimidad y legalidad en democracia coinciden. El nacionalismo sostiene que no se puede ejercer el derecho a la autonomía con base en un Estatuto que no fue el que los ciudadanos aprobaron en referéndum, sino el que se le impuso desde el Estado a través del TC como consecuencia de una recurso del PP. El ejercicio del derecho a la autonomía exige que la norma de cabecera, el Estatuto de Autonomía, sea una norma en la que los ciudadanos hayan dicho la última palabra. Esta es una exigencia insoslayable del principio de legitimidad democrática. Con el Estatuto actual no se da.

A esta lógica de la legitimidad democrática es a la que responde la propuesta de que sea Jordi Sànchez el candidato a la investidura. Se trata de mantener viva la tensión entre legalidad y legitimidad, que va a situar al TS ante una posición muy difícil.

Si el president del Parlament, tras las consultas con los portavoces de todos los grupos parlamentarios, propone a Jordi Sànchez como candidato, no se puede impedir que acuda al Parlament a presentar su programa de gobierno y solicitar la confianza de la Cámara. Jordi Sànchez sigue estando en posesión del derecho de sufragio pasivo y tal derecho no puede ser desconocido por el juez instructor. De hacerlo, estaría cometiendo un delito de prevaricación y Jordi Sánchez podría querellarse inmediatamente contra él.

Si Jordi Sànchez es el candidato, será investido president y el juez instructor tendrá que decidir a continuación si mantiene la medida de prisión incondicional contra el president de la Generalitat o no. Si la mantiene, en mi opinión, se podría interponer inmediatamente un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, solicitando la suspensión de la medida cautelar. Y en el caso de que el Tribunal Constitucional no admitiera a trámite el recurso, entiendo que se podría acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y si no la mantiene, ¿qué hace con los demás políticos nacionalistas que están sometidos a dicha medida cautelar?

La judicialización de un problema tan esencialmente político como es el de la integración de Catalunya en el Estado no solamente no acaba resolviendo nada, sino que lo hace todo más difícil haciendo más. Intentar que los Tribunales resuelvan lo que de ninguna manera pueden resolver, no puede conducir nada más que a la catástrofe.

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