El Parlamento y el pueblo representado en el Parlamento

La agresión judicial al Parlamento y al pueblo de Catalunya no puede quedar sin respuesta

“El Parlamento y el pueblo de Inglaterra representado en el Parlamento” son las palabras que figuran en el acta de nacimiento del estado constitucional. Son las palabras que figuran en el acta de acusación contra el rey Carlos I en el juicio al que fue sometido por el Parlamento. El rey es acusado de haber actuado contra el Parlamento y el pueblo de Inglaterra representado en el Parlamento. Y por esta razón fue condenado a muerte y ajusticiado. De esta manera se produjo el tránsito de la soberanía de origen divino del monarca a la soberanía parlamentaria, que es el primer principio de legitimidad propio del estado constitucional conocido en la historia.

De ahí venimos todos. El principio de soberanía parlamentaria se convertiría en principio de soberanía popular en la Convención de Filadelfia en 1787 y en principio de soberanía nacional en la Asamblea Nacional en Francia en 1789. De ahí al resto del mundo.

El Parlamento y el pueblo representado en el Parlamento. Ese es el patrón oro del estado constitucional. No hay mayor delito en democracia que un ataque al Parlamento y al pueblo por él representado.

Y ese es el delito que ha cometido el juez Pablo Llarena al no permitir que los candidatos designados por el president del Parlament, Jordi Sànchez y Jordi Turull, acudieran a la sesión de investidura constitucional, estatutaria y reglamentariamente convocada.

Para el presidente del Parlament la querella contra el juez Pablo Llarena es obligada

Se trata de una agresión al Parlamento y al pueblo de Catalunya representado en el Parlamento que no se puede quedar sin respuesta. El Parlamento y el pueblo de Catalunya no puede dejarse avasallar por un juez, que desconoce el principio de jerarquía normativa, deja de aplicar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Catalunya y no permite que dos candidatos que no están privados del ejercicio del derecho de sufragio mediante sentencia judicial firme acudan al Parlament, para que, con el acto de investidura, “se perfeccione” la manifestación de voluntad del cuerpo electoral en las urnas el 21-D. Para el presidente del Parlament la querella contra el juez Pablo Llarena es obligada. No es que tenga derecho, es que tiene obligación de querellarse. En defensa del Parlamento y del pueblo de Catalunya representado en el Parlamento. Debería ser una querella abierta a toda la ciudadanía. Debería ser el primer acto del “frente común” contra la represión y por la democracia, al que convocó el presidente Roger Torrent tras la truncada sesión de investidura.

El Parlament y el pueblo representado en el Parlament tienen que obligar al Juez Pablo Llarena a tener que justificar en términos constitucionales y estatutarios su decisión de no permitir que los candidatos propuestos acudieran a la sesión de investidura.

A ver cómo responde a la argumentación jurídica, constitucional y estatutaria, de la querella el Juez Pablo Llarena. A ver qué decide el juez instructor de la querella. A ver qué deciden los magistrados del Tribunal Supremo que tengan que dictar sentencia. A ver cómo pueden justificar con cualquiera de las reglas de interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del derecho la decisión del juez Pablo Llarena de impedir la presencia de los candidatos en la sesión de investidura.

Y si los Magistrados del Tribunal Supremo avalan la conducta de su compañero, a ver qué hacen los Magistrados del Tribunal Constitucional ante el recurso de amparo que les llegaría a continuación.

La tramitación de la querella es rápida. Esta vez, en el supuesto de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional se atrevieran a dar por buena la intepretación del derecho de sufragio activo y pasivo que ha hecho el juez Pablo Llarena, no se necesitarían años para llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La querella además debería ser puesta en conocimiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que ya está conociendo de la denuncia de Jordi Sànchez por habérsele impedido acudir a la investidura.

Repito: la agresión judicial al Parlamento y al pueblo de Catalunya representado en el Parlamento no puede quedar sin respuesta.

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