El tiempo de la legislatura se ha agotado

La continuidad de la legislatura parece garantizada, pero mi impresión es que no será así

Parece claro, por lo que leemos y oímos en los diferentes medios de comunicación, que el presidente del Gobierno, que es quien tiene la titularidad a título indidual de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones anticipadas, no está dispuesto a hacerlo. En estos  últimos días se nos viene informando por los periodistas que cubren la información nacional en los medios más reconocidos del país que Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro han abandondado toda esperanza de conseguir la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos generales del Estado de este año e incluso del próximo,  y que tienen decidido llegar hasta el final de la legislatura prorrogando los actuales no en una sino en dos ocasiones. Parece ser tan profunda la convicción de que no se pueden aprobar dichos presupuestos como firme su decisión de prorrogar los actuales para llegar hasta 2020.   

Dado que la moción de censura que pudiera poner fin a los días de Mariano Rajoy en la Moncloa es prácticamente imposible, la continuidad de la legislatura con el mismo presidente hasta que transcurrieran los cuatro años de duración previstos en la Constitución parecería estar garantizada. 

Y, sin embargo, mi impresión es que no va a ser así. Un sistema parlamentario no puede operar sin que haya un mínimo de actividad parlamentaria y no solo no está siendo así sino que no hay nada que nos indique que vaya a ser de otra manera en los próximos meses. Desde que se puso fin a la legislatura 2011-2015, la primera de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, las Cortes Generales han dejado de ejercer las tres “potestades” que la Constitución les atribuye: la potestad legislativa, la potestad presupuestaria y la potestad de control gubernamental (art. 66.2 CE). Las Cortes no legislan, no aprueban leyes. Solamente han aprobado unos presupuestos generales, y de una manera “poco honorable”, con un pacto poco transparente con el PNV, que ha sido calificado de “cuponazo”.  Y carece de cualquier efectividad el control de la acción de gobierno, como ha puesto de manifiesto la “reprobación” de los ministros Catalá y Montoro por una muy amplia mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados: ambos continúan en sus puestos como si nada.

Un sistema parlamentario no puede operar sin que haya un mínimo de actividad parlamentaria, y ahora no está siendo así

El sistema parlamentario es un sistema representivo no solamente porque son los diputados integrantes del Congreso los que aprueban las normas jurídicas en representación de los ciudadanos que los han elegido sino porque, además, lo hacen escenificándolo públicamente. Los parlamentarios son  actores que tienen que salir a representar públicamente la obra para la que los ciudadanos los han elegido. El ejercicio escenificado de las funciones parlamentarias es al mismo tiempo un derecho y una obligación para los diputados electos. El sistema parlamentario exige que los actores salgan al escenario y representen la función. No puede operar sin que haya una “representación pública”, sin que resulte visible el ejercicio de las funciones parlamentarias. La opción del no ejercicio de las tareas parlamentarias, que fue posible en el pasado del parlamentarismo español, ya no es posible en el momento actual. 

En el primer año de la legislatura, entre que se han conseguido aprobar unos presupuestos generales y el 155 CE, se ha podido dar la apariencia de que había un mínimo de vida parlamentaria, pero dicha apariencia ha desaparecido por completo en este comienzo de 2018. El Gobierno parece incluso que se niega a que exista una apariencia de apariencia y que no está dispuesto a enviar a las Cortes, como es constitucionalmente inexcusable, un proyecto de ley de presupuestos, para su debate parlamentario. Porque la prórroga de los presupuestos exige previamente que no se hayan aprobado los que ha enviado el Gobierno para el debate y aprobación parlamentaria. 

Ni siquiera a esto parece que está dispuesto el Gobierno. Si no tiene la garantía de que los presupuestos van a ser aprobados, no parece siquiera dispuesto a enviar el proyecto a las Cortes para su discusión. 

Así no se puede seguir ni siquiera por poco tiempo. ¿Cómo se va a justificar mantener con vida una legislatura cuando las Cortes Generales no están en condiciones de cumplir con ninguna de la tareas que tienen constitucionalmente encomendadas? Una legislatura es legislatura porque hay un Parlamento que legisla y que aprueba los presupuestos. Pero si no hace ni una cosa ni la otra, la legislatura deja de serlo. Se convierte en un fraude.

Ese carácter fraudulento de la legislatura está en el aire. Ni el presidente del Gobierno ni las Cortes Generales disponen de crédito para poner en marcha una operación fraudulenta de esta naturaleza. El tiempo de esta legislatura se ha agotado. El del presidente del Gobierno también.

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