La okupación apunta al corazón de las clases medias propietarias

Los que dicen que hace falta endurecer la ley se olvidan decir al servicio de qué lobbies trabajan

No hace falta explicar mucho sobre el bombardeo que hemos sufrido este verano con el “gran problema de la okupación”. Con lacrimógenos casos de abuelas acosadas por “okupas” en sus escaleras o el fantasma improbable de aquellos que al volver de vacaciones se encontraron gente viviendo en su casa. Ya numerosos artículos se han dedicado a demostrar que es más probable ser desahuciado –700.000 casos en la última década la mayoría en propiedades de bancos– que que te okupen una casa –una 15 mil denuncias anuales, la mayoría de bancos por cierto–.

La pregunta por tanto es a qué responde esta campaña mediática tan omnipresente, secundada por los principales partidos de la derecha e incluso por el PSC. Las llamadas a endurecer la legislación ahora mismo solo se entienden en el marco de la defensa de los intereses de los grandes propietarios –bancos, promotoras y fondos de inversión– ya que la última ley aprobada al respecto, la de “desahucio exprés” facilitaba increíblemente la expulsión de ocupantes, pero solo en casos de viviendas de particulares o de la administración pública. Los que dicen que hace falta endurecer la ley se olvidan decir al servicio de qué lobbies trabajan.

Nos encontramos además en un momento político singular, un nuevo envite de la crisis donde muchos no podrán hacer frente al pago de la hipoteca o del alquiler –en un país donde se este se come más sueldo que en ningún otro de la OCDE–, mientras se nos recomienda teletrabajar o quedarnos en casa. Parece un momento ideal para impulsar leyes más favorables a los inquilinos como lo está haciendo el Sindicat de Llogaters en Cataluña cuya propuesta de regulación de alquileres se votará la semana que viene. El gobierno por su parte, se comprom en el acuerdo PSOE-Podemos a aprobar una medida parecida aunque ahora el PSC se oponga a la ley catalana. Esto no hace presagiar nada bueno a nivel estatal. 

Como en toda política, será cuestión de fuerza. De un lado los movimientos de vivienda y los intereses de la gran mayoría de jóvenes y precarios que no pueden comprar una vivienda –el 17% de los hogares–, un grupo que va creciendo tras más de una década de crisis, cerca de un millón de desahucios y dos millones de propietarios menos. Del otro, los grandes propietarios, la mayoría de partidos pero también, no nos vamos a engañar, también un 14% de los hogares de clase media que alquilan propiedades como vía de adquisición de renta. Lo que el sociólogo Emmanuel Rodríguez llama “el rentismo popular” y que ha servido para sostener económicamente esta franja social mientras menguaban salarios y Estado del bienestar. Aquí reside probablemente la oposición más implacable a la regulación de alquileres y otras leyes destinadas a garantizar el derecho a la vivienda y los receptores más entusiastas de la campaña contra la okupación. Porque aunque sea simbólicamente, esta práctica apunta al corazón de las clases medias propietarias.