Pacto de estado y política colonial

La sociedad catalana necesita resistir a una estrategia hostil por tierra, mar y aire

Hace un año del segundo gobierno de Rajoy, con la abstención del PSOE. Aquello fue muy grave tanto para las libertades democráticas como para las políticas sociales, pero no pudimos imaginar la hondura de aquella maniobra. La coacción a Pedro Sánchez desde dentro y desde fuera del partido fue más que para apoyar al gobierno Rajoy: se trataba de un pacto de todas las instituciones del estado y sus partidos para reformular definitivamente el régimen político español.

Esos pactos jubilaron definitivamente a los pactos de la Constitución del 78, cuando el estado pactó un texto con diversas fuerzas políticas, incluido el PCE y la derecha nacionalista catalana. Tras el 23-F, el Pacto del Capó, vino la LOAPA consiguiente, que en aquel momento fue considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de entonces pero que actuó como la directriz que guió las políticas de los gobiernos centrales.

El Tribunal Constitucional actual la consideraría plenamente adecuada y legal, pues a eso es a lo que se ha llegado, a un estado centralizado y autoritario: el poder judicial y el Tribunal Constitucional interpretaron la Constitución de tal modo que en la práctica se reduce a un sólo artículo, el 155. Es decir, el gobierno español puede hacer lo que quiera y eso será constitucional, legal. Esos acuerdos de estado se celebraron con el sacrificio ritual de Pedro Sánchez, cuyo fantasma ahora actúa como un zombie al servicio de sus amos.

Nunca hubo una tercera vía, Rajoy se encargó de ello; desde el principio se trató de destruir el movimiento social y arrinconar y arrasar Catalunya

El movimiento cívico catalán fue el único desafío democrático a ese nuevo orden pero precisamente en su grandeza radicaron y radican sus vulnerabilidades. Desde el principio me admiró ese movimiento social nacido de las campañas de odio a Catalunya del PP y de la sentencia inducida del Tribunal Constitucional y que exigía algo muy simple: respeto. Pero también me causó preocupación; ¿quién conduciría aquella energía irrefrenable? Tan irrefrenable que acabó con décadas de política autonómica catalana, con partidos políticos, llevó al president Mas por caminos inesperados, creó nuevos dirigentes y transformó por dentro la sociedad catalana.

Pero un movimiento social necesita conducción política, racionalización de los objetivos y durante estos años hubo una dialéctica entre ese sector social movilizado, instruido y organizado y los partidos y dirigentes que tenían que dar forma práctica a sus demandas. En esta etapa fue muy determinante la corriente política del independentismo que siempre había existido pero que, al acorralar Rajoy a los gobernantes catalanes y a la propia sociedad hostigándola y sin dejarle una salida, apareció como la única salida. Nunca hubo una tercera vía, Rajoy se encargó de ello; desde el principio se trató de destruir el movimiento social y arrinconar y arrasar Catalunya. Fue el propio empuje del movimiento cívico lo que determinó la forma en que se desarrolló el proceso, pero lo hizo así porque tampoco tenía otras alternativas, en la práctica con cada negativa y con cada actuación represiva Rajoy condujo a la sociedad catalana contra un muro. Es terrible tener que oír o leer ahora declaraciones culpando a las autoridades catalanas de obligar al gobierno del estado a aniquilar la Generalitat regresada del exilio tras la muerte de Franco, un cinismo sin límite.

Sin duda el president Puigdemont y el resto de su gobierno tienen su responsabilidad, porque gobernaban y no valoraron lo suficiente el contexto europeo: el Brexit reforzó los pactos entre estados, Merkel estaba y aún está en una debilidad coyuntural y Juncker es un político reaccionario que dio muestras de tener sus facultades humanas mermadas. Sin embargo el resultado sería parecido, el estado con su Tripartito del 155 pretendía vaciar de poder político Catalunya, desde hace un año desarrollaron una estrategia de guerra colonial contra ese país. Con el poder judicial de su mano y con el control y la complicidad de las empresas de comunicación, que mantienen a la población española controlada ideológicamente, llevaron a cabo maniobras militares en suelo catalán, acusaciones falsas y campañas difamatorias hasta llegar a la situación actual donde se está persiguiendo directamente a periódicos, webs, cuentas de Twitter, locutores…

La sociedad catalana necesita resistir a una estrategia hostil por tierra, mar y aire y no rendirse a la entente del 155 pero debe saber que tras las elecciones sus partidos se entenderán entre ellos y que serán capaces de presentar una propuesta común adecuada al contexto europeo que obligue al estado a reconocer los derechos e intereses de la sociedad catalana.  

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