L’EDITORIAL

Es todo el sistema constitucional lo que falla

¿Puede un texto que se concibió como fuente de libertades acabar siendo una especie de jaula para muchos de los ciudadanos que afirma proteger? Pues esto es lo que ha pasado con la Constitución española del 1978, que este domingo cumple 42 años, y que el candado en forma de mayorías reforzadas que se le impuso en su momento la ha convertido en un texto prácticamente irreformable. Esto sucede a pesar de que con el paso del tiempo se ha ido viendo que sus fundamentos están carcomidos y no responden a los desafíos de la situación actual.

Y no sólo hablamos de lo obvio, que es la arquitectura territorial. La clave de todo el edificio legal del 1978, la monarquía, está en crisis. Por otro lado, el derecho al trabajo o a la vivienda que se consagran en la Constitución son papel mojado, y otros, como los referentes a la educación o a la igualdad hombre-mujer, están lejos de lograrse. Cada gobierno que llega cambia la ley de educación, un ámbito en el que tendría que haber un cierto consenso, y ninguna política económica ha conseguido acabar con el desempleo endémico. Y así, España encabeza los rankings tanto de fracaso escolar como de paro juvenil.

Por lo tanto, es todo el sistema lo que no funciona, y no se puede culpar a los independentistas o a ningún enemigo exterior. Hay muchísimos ejemplos, como hemos visto, pero algunos llaman especialmente la atención. El más grave, sin duda, es la condena a prisión de los políticos y, sobre todo, activistas independentistas catalanes por haber organizado un referéndum sobre la independencia. Este hecho en sí ya muestra el fracaso absoluto del régimen del 78 para dar una respuesta constitucional a una demanda ampliamente compartida por la población catalana, y que se ha podido llevar a cabo en lugares como la Gran Bretaña.

Pero hay más, y afectan a toda la población española. Por ejemplo, el actual sistema de financiación está caducado desde el 2014, y poco se habla de ello. Del mismo modo, organismos como el Consejo General del Poder Judicial también tienen el mandato caducado desde hace dos años (“Una seria anomalía”, en palabras de Carlos Lesmes), lo que provoca una situación de desgobierno en que los conservadores imponen su ley.

Ni siquiera una reforma de la Constitución para acabar con la supremacía masculina en la orden de sucesión de la Corona parece hoy factible. Los partidos tienen pánico a abrir lo que consideran una caja de Pandora (hacer un referéndum para ratificar una reforma constitucional profunda que así lo reclame) y el resultado es una Constitución que cada día que pasa está más superada, más desgastada, más inservible, ampliamente sobrepasada por la realidad. Y que en algunos territorios concretos, como por ejemplo Catalunya, tiene cada vez un apoyo más minoritario.