La persecución judicial de Iglesias

La judicialización de la política hace desconfiar de la operación contra el vicepresidente español

Visto desde Cataluña, lo que le está pasando ahora al vicepresidente del gobierno español y líder de Podemos, Pablo Iglesias, es como si respondiera a un guion escrito, y por lo tanto, perfectamente previsible. Era cuestión de tiempo que pasara. Después de la intervención judicial contra el independentismo, detrás tenía que venir otro objetivo obvio: el otro posible enemigo desestabilitzador del régimen del 78, la izquierda estatal, ahora instalada en el gobierno de coalición con el PSOE y, por lo tanto, potencialmente mucho más peligrosa. La alta judicatura, dominada por perfiles de talante conservador nacionalista español tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo y el Constitucional, hace años que no vacila en unas diáfanas prioridades ideológicas, aunque sea a expensas de despertar dudas en sus homólogos europeos o de interferir impúdicamente como un actor más que relevante en la vida política estatal.

Esto es ahora de nuevo lo que pasa con Iglesias, que si no fuera por su condición de aforado ya estaría imputado. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha instado al Tribunal Supremo a imputar al vicepresidente por un total de tres delitos: descubrimiento y revelación de secretos –con el agravante de género–, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito en relación con el presunto robo del móvil de su exasesora Dina Bousselham. Resulta paradójico y contradictorio, sin embargo, que hace solo tres semanas la sala de lo penal de la propia Audiencia Nacional devolviera a Iglesias la condición de perjudicado –de víctima– en la causa, desacreditando así a García-Castellón, magistrado aun así incombustible que se ha situado en el centro de diferentes causas con repercusión política y mediática. No solo apunta ahora a Iglesias en el caso Dina (a la cual se ha negado a llamar a declarar quizás porque no se le desmonte precisamente la acusación contra Iglesias), sino que en el caso Juan Carlos I García-Castellón también parece estar buscando desviar la atención, en esta ocasión hacia la examante del monarca emérito, Corinna Larsen. Por si todavía le faltara protagonismo, García-Castellón instruye, además, las causas Púnica y Lezo, en la que está embarrada la cúpula del PP. 

En todo caso, este señalamiento judicial de Iglesias tiene, sin duda, una gran capacidad desestabilizadora. Es la primera vez en la democracia española que el Supremo recibe una solicitud para imputar a un vicepresidente del gobierno. La derecha política, claro, ha sido meteórica a la hora de exigir al presidente español, Pedro Sánchez, que cese a su socio de coalición. El alto tribunal tendrá que decidir ahora si pide el suplicatorio a la cámara baja. Todo ello resulta muy poco edificante. No deja de ser el signo de los tiempos de la crisis de las democracias liberales: solo hay que mirar a los EE.UU. o Italia. Los jueces se han erigido en actores políticos y la opinión pública asiste perpleja a este intercambio de despropósitos entre poderes.

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