El 70,3% de los catalanes consideran injustos la prisión y el exilio

Dos de cada tres ciudadanos consideran que se han reducido derechos y libertades en Cataluña

A la espera de que el Tribunal Supremo haga pública en las próximas semanas la sentencia sobre el 'procés', la sociedad catalana ya hace tiempo que ha hecho su propia valoración sobre los hechos del otoño de 2017. Uno tras otro, todos los sondeos que han preguntado sobre la cuestión han dibujado una amplia mayoría contraria al encarcelamiento de los dirigentes independentistas. También lo hace la encuesta ómnibus que el Centro de Estudios de Opinión (CEO) ha llevado a cabo para la Generalitat y a la que ha tenido acceso el ARA-, según la cual un 70,3% de los encuestados consideran injusto "tanto el encarcelamiento como el exilio de los líderes políticos y civiles que hicieron posible el 1-O".

Más allá del 95,1% de los votantes de JxCat, el 97,7% de los de ERC y el 100% de los de la CUP que consideran injusta la situación, también el 92,2% de los encuestados que dicen haber votado Catalunya en Comú están en contra de la prisión y el exilio.

Por el contrario, sólo un 17,6% opinan que la situación de los presos y exiliados es justa, mientras que un 12,1% prefieren no posicionarse. La encuesta -basada en 1.200 entrevistas realizadas entre el 3 y el 25 de junio del 2019, las semanas en que se puso el punto final al juicio contra los líderes independentistas en el Supremo- también muestra que el rechazo al encarcelamiento y el exilio trasciende los partidos independentistas. Así, más allá del 95,1% de los votantes de JxCat, el 97,7% de los de ERC y el 100% de los de la CUP que consideran injusta la situación, también el 92,2% de los encuestados que dicen haber votado Catalunya en Comú están en contra de la prisión y el exilio. Una cifra que se sitúa en el 57,8% cuando los que hablan son votantes del PSC, y que cae hasta el 20% entre los votantes de Ciutadans y hasta el 6,7% entre los del PP. En estos casos, un 22,9% de los socialistas consideran justas prisión y el exilio, frente a un 66,7% de los votantes de Ciutadans y un 80% de los populares.

En declaraciones al ARA, la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Meritxell Budó, subraya estas cifras porque demuestran, a su entender, que "más allá de JxCat, ERC y la CUP hay una gran mayoría de catalanes que ven que lo que hay es resolver este conflicto políticamente y no por la vía de la represión". La consejera hace especial incidencia en los datos sobre los 'comuns' (rama catalana de Podemos) -que siempre se han mostrado contrarios a la cárcel- y el PSC, que, en su opinión, deberían abrir un periodo de reflexión: "En el caso de los comuns, los obliga a salir de la ambigüedad, y en el del PSC, a asumir que es la hora de salir del bloque del 155".

Las cifras de la encuesta son similares a las del sondeo publicado por el ARA el diciembre pasado, en el que casi 8 de cada 10 encuestados se mostraban contrarios a la prisión -en aquel caso, rechazaban el encarcelamiento provisional previo a la celebración del juicio-. Entonces, el 52,5% de los encuestados que se oponían a la independencia creían que la situación de prisión provisional era excesiva.

Derechos y libertades

La encuesta ómnibus del Centro de Estudios de Opinión (CEO) es un estudio periódico elaborado para el ejecutivo catalán que permite a los departamentos, organismos y entes que dependen de la Generalitat hacer preguntas sobre temas de gestión relacionados con su acción de gobierno. En cuanto al departamento de la Presidencia, hay varias preguntas sobre la situación de los presos, pero también hay otras relacionadas con la percepción que tienen los ciudadanos sobre el estado de los derechos y las libertades en Cataluña. En este caso, un 66,1% de los encuestados consideran que en el último año la ciudadanía de Cataluña ha visto reducidas sus libertades individuales y colectivas y sus derechos individuales, mientras que un 25,5% creen que no y un 8,3% prefieren no opinar. El porcentaje de personas que opinan que la situación ha empeorado en los últimos doce meses crece entre la gente más joven. En la franja entre los 18 y los 24 años la cifra de entrevistados que piensan que han perdido derechos y libertades sube hasta el 78,6%, frente al 62,1% entre los mayores de 65 años.

En esta pregunta los resultados son aún más transversales, ya que también entre los votantes de Ciutadans, el PSC y el PP hay una alta percepción de que se han perdido derechos y libertades en los últimos meses en Cataluña. No se concreta, sin embargo, si es consecuencia de la acción del Estado o si, por el contrario, opinan que es la Generalitat la responsable de este retroceso. Así, un 66,7% de los votantes del PP creen que ha habido un empeoramiento de la situación, por un 33,9% de los votantes del PSC y un 31,1% de los de Ciutadans. Unos porcentajes que, eso sí, se elevan considerablemente cuando los que responden son votantes de partidos soberanistas. En el caso de Catalunya en Comú, un 63,6% de los encuestados opinan que el último año se han perdido derechos y libertades, mientras que en el caso de JxCat esta opinión es compartida por un 91,2% de los votantes; en el de ERC, por un 91,4% de, y en el de la CUP, por un 94%.

Llamada al diálogo

"Dos terceras partes de los catalanes consideran que ha perdido derechos políticos y libertades durante el último año como consecuencia de la represión", subraya Budó, que interpreta que estos datos deberían hacer reflexionar al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la necesidad de no afrontar el caso catalán desde la represión. "Los políticos deberíamos ser capaces de resolverlo desde la política", apunta. Sin embargo, admite que los últimos gestos del líder del PSOE -que se ha negado a reunirse en persona con los dirigentes de los partidos independentistas y que no ha dejado de repetir que uno de los escollos para un acuerdo con Unidas Podemos es que tienen visiones diferentes sobre c ómo resolver el caso catalán- no son muy esperanzadores. "Optimistas no nos hace ser, pero hay margen para sentarse a negociar", remarca la consejera, que espera que si se desatasca la investidura y el gobierno español deja de estar en funciones el escenario pueda cambiar.

Hasta ahora, Sánchez se ha limitado a pedir que antes de negociar con el Estado llegue a un acuerdo interno dentro de Cataluña que sume entre el 70% y el 80% de apoyos, en un intento de limitar el conflicto a un problema entre catalanes. De momento, las encuestas siguen demostrando que uno de los amplios consensos que el presidente del gobierno español pide es contra el hecho de que Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa sigan en prisión y a favor de que los exiliados Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Meritxell Serret, Anna Gabriel y Lluís Puig puedan volver.

Un consenso que el independentismo aspira que se traslade en una gran respuesta ciudadana a la calle en caso de que, cuando dicte sentencia -previsiblemente entre las últimas semanas de septiembre y las primeras de octubre-, el Tribunal Supremo condene los dirigentes independentistas por el 1-O.

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