Amnistía Internacional pide la libertad inmediata de los Jordis y anular la condena por sedición

La organización alerta de que la sentencia del Procés amenaza el derecho de una protesta pacífica

Amnistía Internacional pide la libertad de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y que se anule la condena por sedición. La organización ha hecho público este martes su informe sobre el juicio del Procés. Tres días después de que colgaran por error el documento en la web de la delegación suiza de la organización, este martes Amnistía Internacional ha vuelto a pedir la liberación inmediata -ya lo había hecho en varias ocasiones cuando los Jordis estaban en prisión preventiva- del ex líder de la ANC y del presidente de Òmnium Cultural y ha calificado de "desproporcionada" la condena impuesta por el Tribunal Supremo. En la presentación del informe en Barcelona, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha asegurado que emprenderán diversas acciones para lograr la libertad de los Jordis, aunque no ha detallado cuáles.

Tras presenciar las 52 sesiones del juicio, la organización ha llegado a la conclusión de que la sentencia del tribunal que presidió el magistrado Manuel Marchena es una "amenaza" a los derechos de libertad de expresión y de reunión pacífica, ya que podría tener un efecto "paralizante perjudicial" en las protestas pacíficas. En este sentido, Amnistía Internacional considera que los actos por los que se condena a los Jordis están amparados en los derechos de la libertad de expresión y de reunión pacífica y que la condena por sedición podría suponer una "autocensura" por parte de la población. "La gente podría preferir no participar en concentraciones pacíficas por miedo a penas de prisión", ha alertado el asesor general de política de Amnistía Internacional, Daniel Joloy.

La desobediencia civil se enmarca en el derecho de reunión pacífica

En el informe, Amnistía Internacional admite que el juicio al Procés no fue "injusto" en su conjunto, pero denuncia que la interpretación que se hizo del delito de sedición fue "excesivamente amplia y se tradujo en la criminalización de unos actos de protesta legítimos ", ha afirmado Joloy. En este sentido, la organización defiende que el derecho internacional de los derechos humanos protege también la desobediencia civil pacífica. "Presentar cargos excesivamente severos por actos de desobediencia civil restringe indebidamente el derecho de reunión pacífica y vulnera el derecho internacional", denuncia Amnistía Internacional.

"Las acciones directas no violentas están protegidas por los tratados internacionales de los derechos humanos", ha defendido Joloy. Para el responsable de política de la organización, una manifestación "no pierde su carácter pacífico por recurrir a acciones de desobediencia civil". Por ello, ha insistido en denunciar la interpretación que se ha hecho del delito de sedición y ha subrayado que no es un delito que se encuentre en todos los ordenamientos jurídicos del mundo. Para Joloy, es "primordial" que las autoridades políticas españolas reformen este delito y que no se pueda "utilizar de manera contraria a los derechos humanos".

Beltrán ha detallado que la interpretación que se ha hecho del delito de sedición también vulnera el principio de legalidad porque, según ha explicado, la conducta penal no estaba definida de manera clara. Es decir, el principio de legalidad exige la necesidad de definir toda conducta para que una persona sepa qué es una conducta legal o una ilegal, además de saber a qué delitos se enfrenta. Aunque la organización internacional admite que el resto de dirigentes políticos encarcelados podrían haber cometido "un delito perseguible legítimamente teniendo en cuenta los cargos que ocupaban", su condena por sedición vulnera también el principio de legalidad. "Todas las personas tienen derecho a saber si su conducta podría constituir delito", ha defendido la coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña, Adriana Ribas.

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