Cuixart se erige en defensor de la desobediencia civil

La silla desde donde han declarado el 12 líderes soberanistas encausados al Tribunal Supremo no pareció intimidar este martes a Jordi Cuixart y Carme Forcadell, que cerraron la fase de interrogatorios mirando a Europa: apelando a los derechos fundamentales y cambiando las acusaciones para hacerlas caer sobre el Estado. Este ha sido el guión que ha seguido el presidente de Òmnium, un "perfecto desconocido" hasta que la Fiscalía le encausó por los hechos del 20-S y le convirtió en un "referente para la sociedad catalana". "La única manera de demostrar disconformidad es ejercer el derecho a la manifestación asumiendo, como asumo yo hoy, las consecuencias de la desobediencia civil", consideró Cuixart en una declaración "histórica", en palabras de Quim Torra.

La expresidenta del Parlamento, que antes de declarar anunciaba una demanda en el Tribunal de Estrasburgo contra su encarcelamiento, cerró los interrogatorios con una defensa de la "soberanía del Parlamento" y denunciando la "politización" del Tribunal Constitucional.

Una defensa política

El presidente de Òmnium consiguió cumplir con su guión y trastocar el de la Fiscalía con una estrategia propia de un "juicio político", desmontando la tesis del ministerio público y desviando el foco de las preguntas hacia su terreno. Interpelado por la supuesta inconstitucionalidad del 1-O, Cuixart ha respondido que es "el acto de desobediencia civil más importante de Europa" y advertía que se harán "tantos como sean necesarios hasta que se reconozcan". Preguntado por las posibles lesiones de agentes, Cuixart subrayaba las decenas de policías investigados por su represión contra los votantes.

En medio de una atmósfera crítica con el papel del ministerio público, poco consistente en la acusación -sobre todo en lo tocante a la rebelión-, el fiscal Jaime Moreno subió el tono contra Cuixart e intentó de todas las maneras que el "activista social" -así se ha definido el líder de Òmnium Cultural- le diera alguna razón para sostener su relato, basado en 'tweets' y en los coches de la Guardia Civil dañados el 20-S. Pero Cuixart reivindicó "el ADN pacifista" de la sociedad catalana y desplegó alegados políticos que sacaron de quicio al fiscal -"no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando otra cosa", se quejaba Moreno- y al presidente del tribunal, Manuel Marchena, que acabó considerando una "pérdida de tiempo" que el presidente de Òmnium Cultural pusiera el acento en el discurso político.

Sin embargo, Cuixart se mantuvo en su línea de defensa y aprovechó las preguntas del fiscal para ratificarse en su actuación durante los meses de septiembre y octubre de 2017. "Recriminarme que quiero hacer un tsunami democrático... no veo de qué quiere que me retracte. Nunca renunciaremos a ambicionar una sociedad más democrática", espetó Cuixart, contundente en su planteamiento. "Ante el dilema de la suspensión constitucional y el ejercicio de derechos fundamentales, que nadie lo dude: Òmnium siempre ejercerá los derechos fundamentales", añadió. De lo único que Cuixart sí se desvinculó fue de su declaración del 11 de enero de 2018 en fase de instrucción ante el magistrado Pablo Llarena, condicionada por el "chantaje emocional" y la sensación de "choque permanente" por el encarcelamiento.

El presidente de Òmnium explicó que en la declaración ante Llarena estaba "condicionado por la voluntad de salir de la cárcel al precio que fuera", pero avisó de que ésta ya no es su "prioridad", sino "la resolución del conflicto de Cataluña y España y la recuperación de derechos y libertades en el conjunto del estado español". A las puertas del Supremo y una vez terminado el interrogatorio, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, calificaba de "emocionante" la declaración de Cuixart, y su abogada, Marina Roig, explicitaba la "satisfacción" del presidente de Òmnium por haber conseguido que "se haya visto lo que es este procedimiento: un juicio político a los derechos fundamentales". La intervención de Cuixart puso en práctica buena parte de las claves que uno de los miembros de su equipo jurídico, Benet Salellas, teoriza en el libro 'Jo acuso. La defensa en judicis polítics' ['Yo acuso. La defensa en juicios políticos'] (Pagès Editors, 2018), publicado "de urgencia" meses antes del arranque del juicio oral, basado en experiencias previas y procedimientos judiciales históricos de carácter político.

Precisamente, Cuixart evocó a varias personalidades a lo largo de su interrogatorio, desde Mahatma Gandhi hasta Rosa Parks o Hannah Arendt, como ejemplos de activistas contra "leyes injustas". También citó al exsindicalista de CCOO Marcelino Camacho, de quien parafraseó "el derecho a huelga se gana haciendo huelga", convirtiéndolo en "el derecho a votar se gana votando". El líder de Òmnium situó la entidad que preside como la asociación cívica "más importante de España y de Europa" y destacó su papel en luchas sociales y culturales más allá del ámbito nacional. En la jornada de la declaración de Cuixart, la cifra de socios de Òmnium aumentó en más de 4.000.

El TC como "órgano censor"

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament, optó por una defensa más técnica: no se presentó como una presa política, tampoco calificó el juicio de político, pero sí defendió por encima de las resoluciones del Tribunal Constitucional que había que defender los derechos de los diputados, la libertad de expresión, la inviolabilidad parlamentaria y la soberanía del Parlamento. "El TC nos pedía algo imposible. Como se puede convertir la mesa del Parlamento en un órgano censor?", se preguntó. Es sobre esta base jurídica que Jessica Simor, abogada internacional de la expresidenta del Parlament, anunció que ha presentado una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la prisión provisional de su defendida. Una medida excepcional porque el TC todavía no la ha resuelto y no se han agotado las instancias dentro del Estado.

Además de la vulneración del derecho a la participación política y de reunión en un Parlamento, la defensa denuncia la vulneración del derecho a la libertad, todos recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según Simor, esperan una respuesta de Estrasburgo sobre la admisión a trámite en los próximos seis meses y, si la demanda pasa este filtro, el tribunal tardaría un año o un año y medio en pronunciarse. "No hay casos similares, es un caso excepcional en Europa", señaló la letrada, ya que se trata de una detención sin juicio de la presidenta de un Parlamento que "sólo ha permitido" debates parlamentarios.

Forcadell, justamente, defendió en el interrogatorio de la fiscal Consuelo Madrigal -que no ha siguió un orden cronológico, se equivocó constantemente en las fechas y, contrariamente a Moreno, pasó de puntillas sobre la rebelión y se centrócentrado en la desobediencia- que como presidenta del Parlament no podía "limitar" ni "controlar" el debate parlamentario. También ha asegurado que no tuvo participación ni dirigió ninguna estrategia hacia la independencia, y se ha desvinculado en todo momento de las decisiones del ejecutivo catalán. Sobre la declaración de independencia esgrimió, como hicieran la mayoría de exmiembros del Gobierno, que se trataba de una "declaración política" sin "ninguna trascendencia jurídica".