Sánchez aprobará los presupuestos con ERC

Los republicanos pactan levantar el control de las facturas de la Generalitat

Pedro Sánchez ya tiene socios de sobra para aprobar los presupuestos generales del Estado para el 2021. Quedan todavía ocho días para la votación de las enmiendas parciales pero el presidente español ya tiene garantizado el sí de al menos 179 diputados, más de la mayoría absoluta del hemiciclo del Congreso (176). La Moncloa conseguirá así ir más allá de los apoyos del bloque de investidura, transformando si nada cambia la abstención de ERC y EH Bildu en un sí. El pistoletazo de salida ayer de la comisión de presupuestos sirvió para escenificar las negociaciones cocidas a fuego lento en las últimas semanas para evitar la vía de Ciudadanos, que, sorprendentemente, todavía no tira la toalla. A primera hora de la tarde, el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, anunció un preacuerdo con el gobierno español que previsiblemente se traducirá hoy en un sí de la ejecutiva del partido y la oficialización de los detalles del pacto con una rueda de prensa del vicepresidente de la Generalitat y candidato de ERC el 14-F, Pere Aragonès. El anuncio de Rufián llegaba pocas horas después de que el PNB confirmara el sí a las cuentas y a las puertas de que lo hagan las bases de EH Bildu, convocadas en asamblea mañana.

A la espera de que ERC detalle nuevos acuerdos, los republicanos logran, de momento, cuatro contrapartidas sobre todo económicas. Ninguna de ellas, sin embargo, prevé la mejora de la situación de los presos políticos, puesto que desde el principio se ha intentado desvincular de la negociación. La más destacada ayer por Rufián es el fin del control de las facturas de la Generalitat, una supervisión adicional iniciada en 2015 y que no se levantó en 2018 con la llegada de Sánchez a la Moncloa. Pero también se ha acordado que Madrid deje de ser un “paraíso fiscal” y la creación de un comité de expertos para una reforma fiscal “justa”. Además, el retorno de la deuda histórica en becas por parte del ministerio de Educación de 18 millones de euros y el aplazamiento tres meses del pago de cotización de los autónomos y la creación de un grupo de trabajo para armonizar impuestos.

¿Más inversión?

Pero el pacto podría ir más allá. Uno de los aspectos que no se anunció ayer y que es clave habitualmente en las negociaciones de presupuestos es la inversión para Catalunya. Una de las largas reivindicaciones del independentismo es que se equipare al menos al peso de la comunidad en el PIB español, que en 2019 se situó en el 19%. Sánchez se comprometió a principios de año a cumplir con la disposición adicional tercera del Estatut y ofrecer el mismo nivel de inversión que el PIB, pero en el anteproyecto de presupuestos el porcentaje acabó en un 16,5%. Junts per Catalunya criticó ayer que ERC anunciara como medida estrella el cumplimiento de una “prerrogativa de todos los catalanes” con el fin del control financiero del Estado.

Cs no tira la toalla

A pesar del preacuerdo con ERC, Ciudadanos mantiene la apuesta por intentar seguir en la ecuación como único salvavidas para explicar la deriva estratégica de los últimos meses. Visiblemente nervioso, el portavoz de los naranjas en el Congreso, Edmundo Bal, comparecía en rueda de prensa ayer después de Rufián para anunciar como un éxito que el PSOE y Unidas Podemos hubieran mantenido vivas hasta 200 de sus enmiendas. De hecho, señaló que “ERC no tiene todavía ningún acuerdo” y se refirió a una enmienda transaccional con el PSOE para implantar una tarjeta sanitaria única en todo el Estado como muestra de la voluntad de entendimiento de la Moncloa.

Inés Arrimadas aseguraba el lunes que cada vez están más lejos de apoyar los presupuestos, pero los naranjas se quieren mantener hasta el último minuto como muestra de que Sánchez tenía una alternativa al “separatismo” sobre la mesa. Rufián ironizaba ayer con que, si no se levantan de la mesa, se tendría que acabar diciendo que Ciudadanos “ha dejado de ser de derechas”. “Bienvenidos a la izquierda”, proclamó contemplando la previsión de que al final se acabe llegando también a un acuerdo para una moratoria antidesahucios hasta al menos el final del estado de alarma, después de la presión ejercida de la mano de Podemos en las últimas semanas.

Ciudadanos ha visto en los últimos días cómo el bloque de la investidura le quitaba la autoría de todas sus reivindicaciones para los presupuestos. Primero fue el acuerdo con el PNB para retirar el impuesto al diésel y ayer la medida de ERC sobre los autónomos. Los nacionalistas vascos sumaron ayer un compromiso sobre todo en clave local, en plena pugna con EH Bildu para tener un papel preponderante en Madrid. Después de un fin de semana “muy intenso” de negociaciones, anunció la cesión por parte del ministerio de Defensa de los terrenos de los cuarteles de Loiola antes de finales del año que viene. Se trata de una larga reivindicación del Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por el PNB. “Por primera vez el gobierno [español] se compromete a desprenderse de estos terrenos”, señaló Esteban, porque se trata de un espacio “vital” para el desarrollo urbanístico de una ciudad que “no tiene más lugar de expansión”.

Además de ERC, el PNB y EH Bildu, el gobierno español continúa los contactos para ampliar los apoyos con Más País, Compromiso, los cuatro diputados del PDECat en el Congreso, el BNG, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria. A excepción de los diputados catalanes, el resto ya apoyaron la investidura de Sánchez. Si sumara todas estas fuerzas, el presidente español reeditaría el apoyo a los presupuestos que obtuvo en el debate de enmiendas a la totalidad, cuando entonces Ciudadanos votó a favor.

Una situación inédita en 15 años

La situación es de trascendencia para el panorama político catalán. ERC no apoya unos presupuestos estatales desde 2005, en tiempo de gobiernos de Zapatero. La negociación empezó entre bambalinas en septiembre, cuando la Moncloa daba por hecho que optaría por la vía de Ciudadanos. Pero en tres meses el gobierno español le ha dado la vuelta a la situación. También por la ofensiva de Podemos de la mano de ERC y el sí anticipado de EH Bildu. Los republicanos lo justifican por la necesidad de arremangarse en tiempo de pandemia y obtener las “mejores herramientas” para la Generalitat para combatir el covid. Y es el que preacuerdo no incluye ninguna mención a reactivar la mesa de diálogo y llega a las puertas de que el Supremo decida el jueves si la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la ex consellera Dolors Bassa tienen que volver a ingresar en la prisión.

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