Educación: un derecho garantizado que hay que poner al día
La falta de concreción del artículo 27 de la Constitución, que regula el derecho a la educación, permitió alcanzar un acuerdo mínimo entre todas las sensibilidades políticas en 1978, pero no ha generado el consenso necesario para garantizar la estabilidad del sistema educativo español, que ya acumula ocho leyes educativas en 40 años.
"El acceso a la educación para todos ahora es una realidad y en 1978 no lo era", afirma la profesora de la facultad de Educación de la Universitat de Barcelona Anna Jolonch, que dice que en este sentido "no se puede ser pesimista". Ahora bien, este derecho a la educación se está redefiniendo. Jolonch apunta, por un lado, que una cosa es lograr el acceso a los estudios y otra alcanzar los conocimientos. "A nivel de resultados es donde todavía hay muchas desigualdades y España es el país de Europa con más fracaso escolar", afirma. Un 17,9% de los alumnos dejan los estudios antes de tiempo en el Estado, mientras que la media europea es del 10%. Además, el derecho a la educación ya no es solo el derecho a tener plaza, sino que ahora también debe entenderse como el derecho a un "aprendizaje relevante y con sentido para todos", apunta el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, que asegura que es necesario, por lo tanto, cuestionarse cuál es la metodología de aprendizaje más efectiva.
La escuela no es gratuita
Tampoco el punto 4 del artículo se cumple con exactitud. La Constitución dice que la educación básica es "obligatoria y gratuita". Si bien es cierto que se ha logrado una plena escolarización en la etapa 3-16 años, los expertos alertan de que la carta magna da pocas garantías para el 0-3. "No es solo una etapa de cuidados sino que es relevante educativamente por las oportunidades en familias en desventaja", apunta Palacín. Sobre el hecho de que la educación sea gratuita, denuncian que no se ha cumplido nunca, ni en la escuela concertada -se pagan cuotas mensuales- ni tampoco en la pública, donde las familias pagan 148 millones de euros cada curso por servicios que deberían ser gratis, como el material o las excursiones, según calculó la Fapac. "Cualquier pago es una barrera en clave de desigualdad y segregación", dice Palacín.
Jolonch considera que hay dos retos pendientes en la Constitución (y en las sucesivas leyes de educación): garantizar más gasto público para aproximarnos a la media europea del 5% del PIB -Catalunya invierte un 3,7%- y poder desplegar políticas clave, como el decreto de la escuela inclusiva, y crear un consenso a largo plazo para hacer "leyes de país, no de partido". Un hito, por ahora, muy lejano.
