Cataluña se encamina hacia unas elecciones el 7 de febrero
Los letrados del Parlament abren la puerta a la posibilidad de que la campaña dure 7 días
BarcelonaEl Tribunal Supremo ha confirmado la condena contra Quim Torra, que ha dejado de ser presidente este lunes, una vez le ha sido notificada la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El país entra, pues, en la cuenta atrás para llegar a las decimoterceras elecciones en el Parlament desde la restitución democrática. Y según fuentes parlamentarias consultadas por el ARA, la fecha que se perfila como más probable es la del 7 de febrero, a falta de que JxCat y ERC acaben de perfilar los últimos flequillos del acuerdo al cual han llegado los últimos días.
Una vez se le ha comunicado la sentencia, Torra ha dejado de ser presidente del Govern y probablemente este martes su sustitución será comunicada al Parlament. A partir de este momento, el presidente de la cámara, Roger Torrent, tendrá diez días hábiles para confirmar que no hay candidato alternativo a la investidura y activar los dos meses que todavía tendrán que pasar hasta la disolución del Parlament. Por lo tanto, la fecha de los comicios formalmente dependerá de Torrent, que públicamente ha subrayado que solo tiene un pequeño margen de días para hacer coincidir la jornada electoral en domingo. El informe de los servicios jurídicos de Presidencia dejaba abierta la puerta a ampliar este margen, pero ni JxCat ni ERC tienen intención de hacerlo.
Como los partidos han decidido que las elecciones sean en domingo –solo cayeron entre semana en 2006, cuando fueron el festivo del 1 de noviembre, y en 2017–, el decreto de convocatoria se tendría que firmar en martes. Para calcular que sea así, el primer día que Torrent podría certificar que no hay ningún candidato es el 8 de octubre –lo podría hacer el 1 de octubre si quiere acelerar los plazos, haciendo que los comicios se avanzaran al 24 de enero–. De este modo los dos meses de margen en los que teóricamente habría posibilitado investir a un presidente finalizarían el martes 8 de diciembre, y aquel día se convocarían las elecciones en un decreto firmado por el presidente sustituto, Pere Aragonès, para que se celebraran el 31 de enero. Ahora bien, lo más probable es que el reloj se active el 15 de octubre, una vez superados los 10 días hábiles –el margen se acaba el 12 de octubre, pero se esperaría unos días para que las elecciones coincidieran en domingo–, para que el Parlament se disolviera el 15 de diciembre y los comicios se celebraran el 7 de febrero de 2021.
No habrá pleno de investidura
La ley de presidencia detalla el proceso para sustituir a un presidente que cesa en el cargo por una condena firme contra él. El vicepresidente pasa a ser presidente sustituto –lo hará cuando él mismo convoque el consejo ejecutivo y, de manera colegiada, todos los consellers lo designen para el cargo–. En el Parlament, una vez se comunique el cese de Torra, se abrirá un periodo de 10 días hábiles para que el presidente, Roger Torrent, haga una ronda de consulta con los grupos parlamentarios y, según la ley, proponga un candidato a la presidencia. Esto no pasará porque su intención es decretar vacante este candidato por la imposibilidad de que ninguno de los 135 diputados pueda superar las votaciones una vez que los partidos independentistas han renunciado a la investidura.
A pesar de que no está previsto por ley, Torrent tiene un informe de los letrados de la cámara, inspirado en otro del Consejo de Estado, que avala que no designe candidato si no hay ninguno viable. Una cuestión que de momento no ha sido contestada por los grupos de la oposición. Ninguno de ellos, tampoco Cs, que es el primer grupo de la cámara y que hace ocho meses que dice que Torra ya no es presidente, ha mostrado intención de proponer un candidato a la investidura.
El informe de los servicios jurídicos del Govern apunta que aunque no haya candidato Torrent tendría que convocar un pleno para explicar la situación y activar la cuenta atrás para las elecciones. Pero esta situación todavía no está clara y varias fuentes explican que el presidente del Parlament se podría ahorrar este pleno. De hecho, los letrados del Parlament dejan en manos del presidente de la cámara la fórmula para certificar que no hay un candidato viable, ya sea con un pleno o con una notificación publicada por el Butlletí Oficial del Parlament.
Durante los dos meses siguientes, hasta el 15 de diciembre, la ley prevé un periodo para seguir buscando candidato. Y a partir de este momento el Parlament quedaría disuelto, y con él la duodécima legislatura, y se iniciaría el plazo de 54 días hasta la jornada electoral. Otra opción es, como también apunta el informe de los letrados del Parlament, que en lugar de 54 días el plazo fuera de 47, tal como prevé la reforma de la ley electoral para los casos en los que hay una disolución automática de la cámara. Esta fue la vía, con una sola semana de campaña electoral, que se aplicó en las últimas elecciones generales. La diferencia es que la reducción de los plazos se previó para una situación de repetición electoral con pocos meses de diferencia, algo que ahora no se da.
