La Generalitat ejerce de acusación contra una cuarentena de independentistas

Barcelona«La misma Generalitat que nos animaba a salir a la calle al grito de "Apreteu" es la que ahora, de forma totalmente incoherente, me quiere encarcelar». Así se expresaba este miércoles en rueda de prensa desde el Parlament Adrián Sas, un joven de Vilafranca del Penedès que el próximo martes se enfrenta a un juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona por haber participado hace dos años en las protestas del primer aniversario del 1-O. Acusado de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones, la Fiscalía pide para él siete años de prisión y el Govern, como acusación particular, pide cinco y medio. Su lamento es el de hasta una cuarentena de personas que, según los datos de la organización antirrepresiva Alerta Solidària, se enfrentan a peticiones de multa o prisión de los servicios jurídicos del ejecutivo después de haber asistido a movilizaciones del movimiento independentista.

"Estas acusaciones particulares salen de estirar como un chicle el precepto legal que dice que la administración tiene que defender a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, en este caso los Mossos d'Esquadra", denuncia al ARA Xavier Pellicer, abogado y portavoz de Alerta Solidària. La organización de la izquierda independentista representa a la mayoría de los afectados en la quincena de causas donde, al parecer de Pellicer, se repite un mismo patrón: "Para justificar actuaciones policiales fuera de lugar, se acaba acusando a la otra parte", dice, convencido que la interpretación que el Govern hace de la ley cuando defiende la versión de los agentes de la policía catalana es "política" y supone un ataque al derecho de protesta: "Como el monstruo se les ha hecho grande, acaban actuando contra movilizaciones que el mismo Govern apoyaba", sentencia.

Fuentes de la Generalitat, por el contrario, insisten que, en casos de lesiones –no de desórdenes ni de atentado a la autoridad– la administración tiene la "obligación" de defender a los Mossos si estos lo solicitan. "Si hay lesiones, no hay margen", afirman, y admiten que, en cualquier caso, los atestados policiales tienen "presunción de veracidad". El mismo conseller de Interior, Miquel Sàmper, remarcaba este miércoles la obligatoriedad de actuar cuando un policía que ha sufrido daños lo pide, si bien ha anunciado que su departamento trabaja para hacer una rebaja de la "carga punitiva" en las acusaciones en caso de disturbios. "Hacía mucho daño a la ética y a la moralidad ver que ha habido acusaciones por parte de letrados de la Generalitat superiores a las de la Fiscalía", ha argumentado, y ha añadido que esto tiene "muy poca coherencia".

El grueso de las causas pendientes es de personas detenidas por los disturbios posteriores a la sentencia del Procés en el Tribunal Supremo, en octubre de 2019, pero también está el caso de los nueve acusados de Lledoners, identificados en las protestas de febrero de aquel año contra el traslado de los presos políticos a Madrid -para tres de los cuales el Gobiernovern pide 15 meses de prisión-; el de Marcel Vivet, que se enfrenta a una petición de la Generalitat de más de 4 años de prisión por la marcha en Barcelona el septiembre de hace dos años contra el sindicato policial Jusapol, o el de los seis encausados por rodear el Parlament durante la investidura fallida de Carles Puigdemont el enero anterior. En este último caso la Generalitat finalmente se retiró y que acabó con la absolución.

También fueron absueltos Ibrahim y el Charaf, los primeros jóvenes que fueron a juicio por las protestes postsentencia, después de pasar ocho meses en prisión preventiva, y por los cuales la Generalitat pedía tres años y medio de reclusión. "Son casos que derivan en absoluciones por falta de pruebas o en condenas muy leves, pero se hace una montaña para perseguir la movilización", concluye Pellicer.

Crítica de los "automatismos"

El mismo diagnóstico, a raíz del caso de Adrián Sas, lo han defendido este miércoles la CUP y los comunes, al lado, curiosamente, de JxCat y ERC, los dos partidos en el Govern. A pesar del posicionamiento de la Generalitat, el diputado republicano José Rodríguez ha criticado que los "automatismos" que existen para defender a funcionarios sean utilizados para hacer una "tarea de represión" por la "puerta trasera". Por su parte, el posconvergente Francesc de Dalmases ha apostado por tener más "cuidado" a la hora de formular acusaciones particulares. "Estamos seguros que el consejero Sàmper es sensible a este trabajo [...] de reconocimiento de derechos y que se avanzará de forma genérica en esta línea", ha dicho. Sàmper, sin embargo, solo ha hablado de rebajar acusaciones, no de retirarlas.