El Govern ofrece un pacto para que el chico acusado por la manifestación contra Jusapol no entre en prisión

BarcelonaUno de los compromisos que asumió el consejero Miquel Sàmper cuando aterrizó en el departamento de Interior fue rebajar las acusaciones que la Generalitat mantenía contra una cuarentena de personas por haber participado en movilizaciones independentistas o contra la represión. La palabra del consejero no se cumplió en el caso del activista de Vilafranca del Penedès Adrián Sas, que este noviembre fue condenado a tres años y medio de prisión por lesiones a Mossos d'Esquadra -el Govern le pedía cinco años y medio y la Fiscalía hasta siete- durante las protestas por el primer aniversario del 1-O. Pero este viernes puede cambiar finalmente esta dinámica en el juicio a Marcel Vivet, militante de la organización juvenil La Forja.

El chico badalonés , procesado por la manifestación en forma de fiesta Holi en Barcelona en septiembre del 2018, convocada por por varias organizaciones independentistas contra una marcha del sindicato policial Jusapol, está acusado por el Govern y la Fiscalía de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones a un agente de los Mossos. El ejecutivo pide en sus conclusiones provisionales tres años y nueve meses de prisión para Vivet, pero fuentes gubernamentales explican al ARA que rebajarán la petición a un año y un mes de prisión y un mes de multa por atentado a la autoridad sin agravante ni lesiones. Una pena que, siempre que la Fiscalía siga el mismo camino, podría evitar el ingreso en prisión.

Sin mencionar directamente el caso, Sàmper lo ha dado por hecho también este miércoles en el pleno del Parlament. Pero fuentes del ministerio público consultadas por este diario explican que de momento se mantiene su escrito de acusación tal como estaba, con una petición de seis años y medio de prisión, sin perjuicio -eso sí- que se pueda cambiar en el juicio cuando el fiscal eleve sus conclusiones a definitivas.

La "posibilidad" de un acuerdo de conformidad

La defensa, con todo, mantiene la prudencia. El abogado de Vivet, Carlos Hurtado, admite en declaraciones al ARA que están manteniendo "conversaciones" tanto con la Generalitat como con la Fiscalía y que el acuerdo de conformidad antes del juicio es una "posibilidad". Sin embargo, y a pesar de calificar de "importante" que el Govern pueda rebajar la petición, insiste que hasta que no llegue el juicio del viernes no quiere dar "nada por cerrado". Se acoge en este sentido a precedentes como el de Adrián Sas, que llegó a recibir públicamente el apoyo de JxCat y ERC pocos días antes del juicio por el cual acabó condenado.

En aquel caso el Govern aseguró que había ofrecido el aplazamiento de la sesión a la defensa para buscar una solución, cosa que el abogado de Sas desmintió y que, como muestra un vídeo publicado la semana pasada por el ARA , no se produjo dentro de la sala. Aun así, este miércoles durante el pleno el consejero Sàmper ha acusado a la CUP y sus organizaciones vinculadas -en referencia a Alerta Solidaria, la organización antirrepresiva que defiende a la mayoría de acusados- de haber evitado que se suspendiera la vista e impedir, así, que se llegara a un acuerdo también con Sas.

Es por eso que Hurtado deja claro que si las acusaciones modifican finalmente sus conclusiones respecto al caso de Vivet lo tendrían que materializar dentro de la sala, en el momento de las cuestiones previas. Remarca, además, que un posible pacto entre las partes tendría que garantizar como mínimo que Vivet no entre en prisión y, en segundo término, que caigan las acusaciones por desórdenes públicos. "Que se acuse de desórdenes por una concentración festiva [en referencia al Holi] es una barbaridad desde el punto de vista legal", afirma, y rechaza que ni el chico acusado ni el resto de participantes en la movilización utilizaran "ningún tipo de violencia". Las dos peticiones principales de la defensa se verían cumplidas por el planteamiento que hace ahora la Generalitat, si bien todavía faltará conocer la decisión de la Fiscalía.

La manifestación de hace dos años, impulsada entre otros por Arran, los CDR, la ANC y la CUP, buscaba boicotear una marcha de Jusapol en homenaje a los policías españoles que participaron en la operación para impedir el 1-O. Durante la acción, a dos días del primer aniversario del referéndum, hubo fuertes cargas de los Mossos y se acabó con seis manifestantes detenidos y 24 personas heridas, según informó entonces el Sistema de Emergències Mèdiques (SEM). A Vivet lo detuvieron cuando habían pasado cinco meses de la manifestación de Barcelona, con el argumento que lo habían identificado en el análisis posterior de las imágenes de la protesta como autor de una lesión en el tobillo y en la cabeza de un agente de los Mossos. El acusado ha negado los hechos.