Las defensas de los presos asumen la desobediencia para negar la rebelión y la sedición

Niegan la violencia y malversación y cargan contra las acusaciones por no hacer caso de las pruebas

Aceptar la desobediencia se ha convertido en la estrategia de los abogados de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull para librarse de las acusaciones de rebelión y sedición, aunque sea renunciando a la absolución. En la primera jornada de exposición de los informes finales de las defensas —que seguirá este miércoles— los abogados de los presos han negado la violencia el 20-S y el 1-O así como la existencia de un golpe de estado o de un periodo insurreccional, como intentaron acuñar por un lado los fiscales Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal, y, por el otro, el jefe policial de la investigación del 1-O, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena.

De hecho, los representantes del ministerio público han sido uno de los blancos de las defensas, que les han reprochado que después de cuatro meses de juicio no hayan tenido en cuenta las pruebas aportadas a la sala ni los 422 testigos que han declarado durante una cincuentena de sesiones y hayan acabado con los mismos argumentos con los que empezaron el juicio, a pesar de que son ellos los encargados de probar la supuesta rebelión y sedición. 

Quince horas para intentar desmontar la rebelión

El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu van den Eynde, ha sido el primero en asumir el delito de desobediencia cuando ha asegurado que las acusaciones “han confundido” este delito con la rebelión y la sedición, y el letrado de Forn, Xavier Melero, ha destacado la estrategia escenificando que “cedía la trinchera” de este delito porque era lo único que se podía plantear en relación con los acusados. A pesar de ser el menos explícito, Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, también se ha abonado a esta tesis cuando ha comparado el referéndum del 1 de octubre con el proceso participativo del 9-N de 2014.

A partir de la asunción de la desobediencia, Van den Eynde ha explicado que las acusaciones no han conseguido demostrar, considera, ni una cosa ni la otra: no se ha acreditado, defiende, que existiera ningún tipo de violencia que pusiera contra las cuerdas al Estado, como la que exige el delito de rebelión y la que defiende la Fiscalía. Tampoco cree que se haya podido probar que los ciudadanos intentaran impedir la acción de la policía el 20-S y el 1-O, como exige el delito de sedición.

El segundo que ha entrado en escena ha sido Xavier Melero. “Forn desobedeció al Tribunal Constitucional”, ha admitido. Sin embargo, ha dejado claro que el ‘Govern’ “no tenía capacidad para imponer por la fuerza ningún marco normativo” diferente del español, algo que requiere el delito de rebelión. Más bien todo lo contrario: “Hizo todo lo posible para abandonar el poder y lo puso a disposición del Estado sin la menor resistencia. Los únicos actos concluyentes documentados son actos de abandono del poder”, ha aseverado Melero. En este sentido, ha destacado que el mecanismo constitucional para solucionar el conflicto de octubre de 2017, la aplicación del 155, funcionó “perfectamente”. “El ‘Govern’ incumplió sistemáticamente para que no tuviera validez nada de lo que había propuesto en la nueva legalidad republicana”, ha continuado Melero, y ha añadido que hubo una “renuncia voluntaria” a la ejecución de los mecanismos previstos en las leyes de desconexión. En definitiva, “no se declaró la independencia”, ha remarcado.

El otro gran caballo de batalla de las defensas ha sido la negación de la violencia. En una detallada exposición sobre los delitos de la rebelión y la sedición, Pina ha defendido que no hubo violencia de los ciudadanos y que, en cualquier caso, no se podría atribuir a los acusados. “La resistencia pasiva de los votantes el 1-O es incompatible con el concepto de alzamiento”, ha aseverado el letrado, que se ha mostrado crítico con la exposición del fiscal Javier Zaragoza de la semana pasada, en la que calificó el procés de “golpe de estado”.

Pina ha intentado desmontar la tesis de la violencia desde tres enfoques diferentes: el comportamiento de quien ejerció esa supuesta violencia, el efecto que habría tenido y cómo se percibió por parte de la supuesta víctima, el Estado. Sobre este último aspecto, el abogado ha recordado que ni tan siquiera el rey Felipe VI, en su discurso del 3-O, hizo ninguna referencia a la supuesta violencia. El Estado tampoco envió al ejército, ha recordado Pina. Respecto a la actitud de los votantes o de las personas que protestaron delante de la ‘conselleria’ de Economía el 20-S, Pina ha recordado que la ciudadanía tiene “todo el derecho” a protestar incluso contra las decisiones judiciales.

Además, ha recordado que hay elementos que son incompatibles a la hora de definir como un alzamiento las dos jornadas, teniendo en cuenta que el 20-S los locales de la rambla de Catalunya “hicieron su agosto”, que al día siguiente del 1-O los ciudadanos fueron a trabajar y que el 8 de octubre hubo una gran manifestación unionista en Barcelona “impensable” en un contexto de supuesta rebelión. Sobre los efectos del supuesto alzamiento, el abogado ha recordado que “la Fiscalía ha sido incapaz de aportar alguna prueba de la supuesta violencia”, más allá de cuatro hechos puntuales, que el 1-O solo se detuvo a cinco personas —solo una de ellas llegó a pasar a disposición judicial— y que las lesiones de los policías fueron menores.

Críticas a las evocaciones del nazismo y a las comparaciones con el 23-F

Melero también ha aprovechado la comparación que hizo el fiscal Fidel Cadena entre el 1-O y el 23-F para desmontar la acusación de rebelión. Por un lado, ha recordado que el intento de golpe militar de 1981 sí que tenía la violencia necesaria como para intentar derrocar al Estado, teniendo en cuenta que la Guardia Civil disparó armas dentro del Congreso de los Diputados. Por otro lado, ha tumbado con una sola frase el argumento de la Fiscalía asimilando la declaración de independencia del 27-O con un golpe de estado efectivo: “Si se consuma la rebelión, lo que hacen es ponerte una estatua en una plaza de Madrid, no juzgarte por rebelión en el Supremo”, ha asegurado Melero en referencia esta vez al franquismo.

Era de esperar que el letrado de Forn basaría buena parte de su exposición en el dispositivo policial del 1-O y se ha mostrado contundente a la hora de subrayar la “ineptitud” de los líderes políticos en el diseño del operativo, que condujo a una “situación endemoniada en la que el cumplimiento del poder implicaba el deterioro de la imagen pública”. “Los policías sufrieron un déficit de organización pretendido y buscado [...]. Con una apariencia de coordinación, el propósito era actuar de forma unilateral”, ha destacado Melero, y se ha referido a la declaración del exsecretario de Estado de seguridad, José Antonio Nieto, que justificó el hecho de no haber cerrado ningún colegio electoral el 1-O. “Honestamente dijo la verdad; el objetivo era que nadie pudiera decir que aquello era un referéndum homologable”, ha añadido.  

El abogado ha destacado la argumentación asegurando que el dispositivo único planteado inicialmente “era un fraude” y también ha cargado contra el jefe del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos. Ha recordado que a pesar de las críticas de De los Cobos a la actuación de los Mossos el 1-O, el cuerpo policial catalán fue el único que cumplió con la orden de la Fiscalía de personarse en las escuelas la víspera del referéndum y levantar acta. 

El 20-S

Todas las defensas han negado que pueda basarse la acusación por sedición en el 20-S. “Fue una protesta, no un levantamiento”, ha planteado el abogado de Jordi Sànchez, Jordi Pina, que tenía tres horas de exposición y es quien más ha entrado en detalle de los hechos que se atribuyen a cada uno de los acusados. Pina ha sido muy crítico a la hora de recordar que el 16 de octubre hará dos años que Sànchez está en prisión preventivamente por una denuncia de la Fiscalía por sedición y no por rebelión, aunque no se ha aportado “ni una sola prueba” del supuesto alzamiento. Ha admitido que se destrozaron los coches de la Guardia Civil, pero lo considera un hecho aislado respecto a “años y años” de movilizaciones pacíficas organizadas por la ANC y Òmnium Cultural, en las que “no se ha destrozado ni una sola papelera”. También ha planteado al tribunal el derecho legítimo de protesta de la ciudadanía, también contra las decisiones judiciales.

La defensa de Forn ha asumido la existencia de desórdenes públicos el 20-S o de un error en el dispositivo a la hora de proteger los vehículos de la Guardia Civil, para descartar también el delito de sedición. Según Melero, sin embargo, la movilización de 40.000 personas no fue un alzamiento, no se detuvo a nadie ni se causaron grandes desperfectos en el mobiliario público. Y ante un volumen tan grande de ciudadanos pacíficos, “¿qué tenía que hacer la policía, disparar a matar?”, se ha cuestionado el abogado.

Causa general “contra la disidencia política”

La exposición de Van den Eynde también ha intentado denunciar una causa general contra el independentismo, contra “la disidencia política” y para “criminalizar” la protesta, que se ha construido “vulnerando los derechos fundamentales” de los acusados y les ha atribuido una violencia que les es, asegura, impropia: “Si alguien piensa que tenían esta intención [usar la violencia], es que están dispuestos a enterrar sus valores, su moral, su personalidad y perder la dignidad. Porque de esto han hecho su forma de vida. Y esto es lo que hay”.

Como ha sido habitual en la estrategia de defensa de Junqueras y Romeva, Van den Eynde ha denunciado las supuestas irregularidades en la investigación previa a la causa del Tribunal Supremo. Antes, sin embargo, ha criticado que la Fiscalía en su informe prácticamente no hiciera referencia a las pruebas y que acusara al mismo tiempo a los Mossos de ser la prueba de cargo contra los acusados y una de las patas de la rebelión. Con todo, el letrado ha celebrado que en los informes finales de la semana pasada el ministerio público asegurara que “no hay sedición por ningún sitio” y que la Abogacía del Estado advirtiera de que “no hay rebelión por ningún sitio”, hecho que de entrada puede generar dudas al tribunal. 

El letrado ha cargado contra las acusaciones por utilizar “el derecho del enemigo” para construir “una causa general contra el independentismo y la disidencia política”, a base de exageraciones y criterios sesgados. “De un terrado se pasa a un tejado y una simple llamada de un mosso se viste como el ‘código 51’, todo para exagerar”, ha denunciado Van den Eynde, que ha asegurado que también se están intentando “criminalizar” los discursos políticos, las opiniones de los representantes independentistas, la capacidad “de pedir la opinión a la población” y también el derecho de protesta de la población. Por todo ello, el letrado ha invitado al tribunal a utilizar la sentencia para “devolver la pelota a la política”, que es la que debe solucionar el conflicto existente. “Política no dejará de haber, y protestas tampoco”, ha recordado el abogado.

Cuando el abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva se refiere a una causa generalizada, habla especialmente del origen de la investigación del Tribunal Supremo: la causa del juzgado 13 de Barcelona, abierta en enero de 2013 por una denuncia contra el magistrado y exsenador de ERC, Santi Vidal, a pesar de que ni él ni los otros dos primeros investigados “han sido finalmente procesados”. A esta causa “que comparte un 90% de los informes de la Guardia Civil” con la del Supremo, se le suman los dos informes que el teniente coronel de la Guardia Civil al frente de la investigación del 1-O, Daniel Baena, reveló durante el juicio que la Fiscalía le ordenó realizar ya en 2015 y que entregó en 2016. “Curiosamente, la primera frase coincide con la del informe de la Fiscalía”.

Van den Eyde ha recordado que uno de los guardias civiles que realizó algunos de los informes del 20-S es el mismo que firmó la instrucción de la causa contra el expresidente del Barça Sandro Rosell en la Audiencia Nacional, que finalmente ha desestimado este tribunal; ha acusado tanto a Baena como a la secretaría del juzgado 13 de Barcelona de filtrar su ideología a la causa, y ha recordado que las imágenes de las cámaras de seguridad de la ‘conselleria’ de Economía del 20-S evidencian que no hubo ninguna situación de asedio ni de rebelión, como aseguran las acusaciones: “La Guardia Civil estaba tranquila, los agentes entran y salen, no se ve en ningún momento que se parapeten y el cacheo pudo realizarse”, ha recordado el letrado. Sobre el papel de Junqueras, a quien la Fiscalía sitúa como el “motor de la rebelión”, ha recordado que las dos únicas acciones que le atribuye el ministerio público aquel día es “entrar en el edificio y dar la mano a un secretario general”.

Más allá del origen de la causa, Van den Eynde ha denunciado la vulneración de los derechos de los acusados durante la instrucción, especialmente con respecto a la presunción de inocencia, y ha pedido al tribunal que establezca de una vez por todas los “contrapesos” para reparar las diferentes vulneraciones de derechos y equilibrar la balanza.

“La absurdidad” de una rebelión el 1-O

Según la defensa de Junqueras y Romeva no sólo “se está confundiendo la desobediencia con la rebelión”, sino que intentar dibujar el escenario de un levantamiento y de una rebelión la jornada del referéndum “es absurdo”. No hay armas, no hay una violencia que ponga al Estado contra las cuerdas, ha argumentado el letrado.

Sobre el 1-O el letrado se ha referido a uno de los pocos elementos que salió en el juicio que sí que ha utilizado el ministerio fiscal, la reunión de Carles Puigdemont, Joaquim Forn, Junqueras y la cúpula de los Mossos el 28 de septiembre de 2017. Van den Eynde ha apuntado que la única frase que se atribuye a Junqueras es la de manifestar que no se darían órdenes a los Mossos.

Según Van den Eynde, las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional y la Guardia Civil se presentaron en las escuelas la jornada del referéndum, “sin que hubiera ningún incidente” y con órdenes de “protegerse a sí mismos y no a los ciudadanos”, ha denunciado el letrado. Van den Eynde no ha negado que pudiera haber alguna acción aislada de alguna persona contra la policía, pero ha asegurado que la violencia no “fue generalizada”.

La inexistencia de la malversación

La previsión es que este martes también hubiera expuesto su informe final la defensa de Jordi Cuixart, que finalmente ha pedido hacerlo el miércoles. La defensa del ‘exconseller’ de Justícia Carles Mundó se ha ofrecido para ocupar su lugar y ha centrado la exposición al negar que el ‘exconseller’ desobedeciera —porque garantizó la apertura de los juzgados el 1-O— pero, sobre todo, al negar la malversación. Para hacerlo, el letrado Josep Riba se ha fijado en el supuesto gasto por los envíos postales del 1-O. Riba ha recordado que en el caso de Unipost —la empresa que los habría asumido según las acusaciones— no sólo no existen facturas ni encargos, sino que ni siquiera hay pruebas de que el servicio se prestara.

Riba también ha defendido la inexistencia de la malversación en el hecho de que los propios ‘exconsellers’ sabían que era “imposible” llevar a cabo algunos de los acuerdos aprobados el 6 de septiembre. Este miércoles seguirán los informes de las defensas —todavía los tienen que exponer los abogados de Jordi Sànchez, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Santi Vila— y se dará el último turno de palabra a los acusados, el alegato final antes de que Marchena dicte el visto para sentencia, después de cuatro meses de juicio y 52 sesiones. Será sólo un punto y aparte. Al tribunal le quedará por decidir todavía si permite a Junqueras recoger las credenciales para convertirse en eurodiputado o los recursos de libertad provisional de los presos políticos. Pina ya ha avanzado en su exposición que esta misma mañana ha presentado la petición por escrito al Tribunal Supremo y, previsiblemente, en las próximas horas lo harán el resto de defensas. 

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