Jordi Sànchez al fiscal: "el relato de que hubo un intento permanente de asalto es radicalmente falso"

El expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez ha declarado este jueves ante el tribunal del 'procés'. Y lo ha hecho con una argumentación clara para desmontar el presunto delito de rebelión que le imputa la Fiscalía, que pide para él hasta 17 años de prisión. Sobre la movilización ante la 'conselleria' el 20-S, en la que se ha centrado buena parte del interrogatorio, ha asegurado que "es radicalmente falso el relato de algunos informes policiales y de medios que había un intento permanente de asalto" del departamento. "No hubo ningún riesgo para la integridad física de ninguna persona ni ningún daño al edificio que permitiera imaginar en algún momento de la jornada que se estuviera a punto de asaltar el departamento", ha insistido pidiendo al tribunal que "visionen todas las imágenes de aquel día de las cámaras interiores del departamento" porque es visible "la tranquilidad absoluta que se vive en el hall".

Ante estas afirmaciones, el fiscal Javier Zaragoza sólo ha podido replicar que hubo diferentes vehículos de la Guardia Civil dañados. En este sentido, Sánchez opinó que los coches dañados -que el fiscal ha exhibido en imágenes en la pantalla de la sala- "no pueden justificar el relato de un levantamiento de 60.000 personas". "Condeno estos actos y estas imágenes no representan la manifestación", ha señalado el ex líder de la ANC, que ha negado que los incidentes o "momentos de tensión" -en palabras de Zaragoza- se produjeran por la "proximidad del referéndum", sino por la "falta de previsión de tiempo" para convocar la concentración.

Jordi Sànchez ha defendido que la ANC no fue la única entidad que llamó a la movilización ante la 'conselleria' de Economía el 20 de septiembre, sino que también la apoyaron CCOO y UGT, así como los rectores de todas las universidades catalanas. Es más, ha incidido en que antes de convocar a manifestarse, ya había medios y personas frente a la 'conselleria', en Rambla Catalunya con Gran Vía, protestando por los registros de la Guardia Civil.

"Soy independentista, pero no idiota"

"Cuando llegué ya había una muralla humana y no fui consciente de que los vehículos [de la Guardia Civil], llenos de profesionales de la prensa, no se podían ver. No me fijé en los vehículos hasta que volví al cabo de dos o tres horas", ha dicho sobre uno de los actos "vandálicos" a los que se aferra la Fiscalía para pedirle hasta 17 años de prisión. En este sentido, Sánchez opinó que los vehículos "dañados" debido a una actuación "concreta, criticable y denunciable" por parte de "pocos individuos", "sea la excusa para criminalizar y penalizar una movilización de 40.000 o 50.000 personas". "No se penaliza la movilización, sino sus resultados y las consecuencias", puntualizó el fiscal. Sànchez ha retado la acusación a encontrar imágenes sobre cómo se estaban destrozando los coches, pero ha querido dejar claro que no estaba culpando a la benemérita sino al desgaste continuo de todo el día: "Soy independentista, pero no idiota".

Los hechos del 1-O

La segunda parte del interrogatorio de la Fiscalía se ha centrado en el referéndum y Sánchez ha aceptado que hizo llamadas a participar en los actos que tuvieron lugar en los colegios electorales los días anteriores al 1 de octubre. Eran "diversas iniciativas para favorecer que la ciudadanía fuera a votar", ha seálado el impulsor de la Crida Nacional, dando así una versión diferente a la que dio ayer la ex consellera de Trabajo Dolors Bassa, que trató de desvincular estas actividades del referéndum. Interpelado por las advertencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña orientadas a impedir la celebración del 1-O, Sánchez ha defendido que no le consta que las instancias judiciales prohibieran a la ciudadanía participar.

"Muchas entidades participamos en una campaña durante 15 días para promover la participación. Lo hicimos de manera pública y visible, pidiendo permiso, con decenas de actos en toda Cataluña. Y en ningún caso, a pesar de la publicidad, habiendo comunicado permisos, alquilado espacios, tenido conocimiento la fiscalía de los actos, nunca se nos prohibieron ni se nos condicionó el mensaje", ha explicado el ex líder del ANC. "Si el TC suspende la ley, el estado de derecho tiene capacidad para no dar recorrido a un acto cívico de los ciudadanos, no?", ha preguntado.

Sobre la violencia del 1-O, Sánchez ha asegurado que nunca "imaginó" que habría una "situación de tensión y de agresividad" y ha señalado que sólo supo de contusiones en miembros de las fuerzas de seguridad a través los medios de comunicación. A su juicio, quien vivió con "auténtico terror" ese día fueron los ciudadanos que ejercieron su "legítimo" derecho a la autodeterminación yendo a votar por una "violencia policial que se desempeñó como nunca". En este sentido ha recordado, igual que los miembros del Govern de Puigdemont, que la convocatoria de un referéndum no es delito.

Se presenta como un "preso político"

Al igual que Oriol Junqueras y Raül Romeva, Sánchez se ha definido desde el principio como un "preso político", y ha dejado constancia de que justamente por considerar que está ante un "juicio político", en su caso no tenía "ningún miedo" a responder tanto a la Fiscalía como a la abogacía del Estado, porque los hechos de que se le acusa son "absolutamente falsos" y el tribunal del 'procés' se presenta con "voluntad de ser imparcial". Tanto el ex 'vicepresident' del gobierno catalán, Junqueras, como el ex 'conseller' de Exteriores, Romeva, optaron por responder sólo a las preguntas de su abogado, desmarcándose así del resto de acusados. Durante el interrogatorio de Zaragoza, el más incisivo del ministerio público hasta ahora -y quien ha llevado el peso de la acusación por rebelión-, Jordi Sànchez ha denunciado que en el escrito se cuestionen "de forma evidente" muchas de las movilizaciones "pacíficas" del ANC, lo que considera que es una vulneración del derecho a la protesta. "Es por eso que considero que soy un preso político, porque estoy convencido de que estoy aquí por haber sido presidente de la ANC", ha aseverado.

Después de una semana en la que el ministerio público ha casi minimizado el delito de rebelión en los interrogatorios, hoy se ha centrado en este delito. En concreto, Zaragoza ha comenzado incidiendo en todos los detalles de la protesta frente a Economía del 20 de septiembre, y luego en la llamada a la participación en el 1-O, los únicos hechos a lo que se aferra en el escrito de acusación para situar a los Jordis (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) dentro de la rebelión y vincularlos a la violencia. Este aspecto es tan clave que ha llevado a varios choques entre el abogado de Sánchez, Jordi Pina, y el fiscal, en los que el primero ha protestado porque el fiscal interpretaba declaraciones de su cliente sin hacer la debida referencia a su literalidad. Tras el receso del mediodía, también ha habido un intenso cara a cara entre el expresidente de la ANC y el fiscal Zaragoza.

Con la última pregunta los decibelios han aumentado y Sànchez ha aprovechado para enviar un dardo, de rebote, a Marchena. Tras negar haber recibido un correo en el que se proponía poner coches alrededor de los colegios para blindarlos de las fuerzas de seguridad, y ante la insistencia del fiscal, el expresidente de la ANC ha comparado su negativa con la de Manuel Marchena cuando aparecieron los whatsapp que le proponían como presidente del Consejo General del Poder Judicial: "No quiero ser impertinente, pero es como cuando el presidente de esta sala negó conocer unos whatsapp que le comprometían".