La Fiscalía defiende la rebelión y afirma que el procés “fue un golpe de estado”

Para la Abogacía del Estado la violencia no era un "elemento estructural" del plan de los acusados

Duro informe de la Fiscalía contra los acusados en el juicio del procés. Durante cuatro horas, los cuatro fiscales del caso, Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, han intentado apuntalar su acusación por rebelión. Zaragoza, el ideólogo de la causa por rebelión. “Este juicio no tiene nada que ver con la criminalización de la disidencia política”, ha dicho el fiscal, que ha contextualizado su acusación en “el intento de liquidar la Constitución” con el uso de la violencia “en los momentos en los que ha sido necesario”. La intervención de Zaragoza se ha parecido a la que pronunció el 13 de febrero en el trámite de cuestiones previas, en la que ya marcó la línea de su discurso, pero ha añadido un matiz. “Fue un golpe de estado. Eso fue el procés”, ha apuntado, recordando al jurista austríaco Hans Kelsen, que huyó a los Estados Unidos en los años 30 ante el auge del nazismo.  

El melón abierto por Zaragoza lo ha acabado cerrando Cadena, que en la parte más técnica de la exposición se ha sumergido en el código penal y en la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo para intentar descartar cualquier otra condena que no sea la de rebelión. Según la Fiscalía, la sentencia no solo no puede acabar en una absolución de los acusados, sino que tampoco puede optar por una condena por conspiración a la rebelión o por sedición, porque los acusados consumaron los repetidos “ataques” al orden constitucional con la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017.

Según la Fiscalía, el supuesto golpe de estado empezó en marzo de 2015 y culminó en octubre de 2017, intensificándose con la aprobación de las leyes de desconexión y los hechos que se desencadenaron posteriormente. De hecho, el exfiscal de la Audiencia Nacional ha hablado de un “estado de excepción de facto” ya en el 20-S, cuando se convocó una manifestación, bajo su punto de vista, para “parar” los registros de la Guardia Civil ordenados por el juzgado 13 de Barcelona.

Esta vez, Zaragoza ha podido rebatir algunos de los argumentos de las defensas y también de los acusados, como ha sido el “monólogo” de Oriol Junqueras, que en su declaración solo respondió a su abogado y habló de la “silla vacía” en el diálogo con el Estado. “Quien rompe gravemente la legalidad democrática y se niega en redondo a dialogar en el marco de las instituciones, responsabiliza a quien acata y cumple las reglas democráticas para solucionar esta cuestión precisamente ciñéndose a las leyes. Es un ejercicio de cinismo sin precedentes”, ha manifestado.

El fiscal ha recriminado a los procesados que en sus declaraciones no “asumieran responsabilidades” y ofrecieran una versión de los hechos del otoño de 2017 como si fuera una “ficción o una pesadilla”. “La declaración de independencia fue simbólica, dicen. No tuvo ningún efecto porque no se publicó, como si la eficacia de una DUI se hiciera depender de la publicación en un boletín oficial”, ha afirmado. También ha rechazado el argumento de la despenalización del referéndum al que se refirieron los acusados y ha destacado que “no se criminaliza el voto”, sino que lo que se persigue es “desobedecer reiteradamente las resoluciones judiciales, incluidas las que prohíben un referéndum ilegal”.

El fiscal no ha querido dejar escapar la oportunidad para responder a las últimas noticias judiciales vinculadas al procés, como el informe del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU. “El resultado del informe podría cambiar si se hubiera tenido en cuenta que no se perseguían ideas, sino que se les ha investigado por vulnerar las leyes democráticas, romper el orden constitucional, enfrentar a miles de ciudadanos contra servidores de orden público y obstaculizar gravemente el cumplimiento de las resoluciones judiciales”, ha asegurado. Zaragoza también ha hecho referencia a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de la semana pasada, que avaló la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar el pleno del 9 de octubre de 2017 en el que se tenían que presentar los resultados del 1-O a fin de “proteger los derechos y libertades del resto”.

Zaragoza ha situado precisamente a Junqueras como el “motor principal” de la rebelión, no solo porque vicepresidencia asumió el “control” de los procesos electorales, sino porque de él dependían también dos de las personas de quien más se ha escuchado hablar durante los cuatro meses de juicio, pero que no se sientan en el banquillo de los acusados, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, los dos líderes de la organización y la financiación del referéndum, según la Fiscalía. También lo ha situado en otro de los momentos claves  para el ministerio público, la reunión del 28 de septiembre de 2017 con el expresident Carles Puigdemont, el exconseller Joaquim Forn y la cúpula de los Mossos de la que hablaron Josep Lluís Trapero y otros exresponsables del cuerpo.  Zaragoza ha subrayado que la cúpula de los Mossos avisó al ‘Govern’ de la “altísima probabilidad” de que se produjeran “incidentes violentos” durante la jornada de votación y les recomendó que suspendieran el referéndum.

Ha sido Moreno quien ha añadido las palabras de López en su declaración como testigo en la que aseguró que Puigdemont, ya con la reunión finalizada, despidió el encuentro diciendo que si se cumplían las previsiones de los Mossos declararía la independencia. Una afirmación que no se acabó de aclarar si tenía un punto de ironía o era seria. “En una frase lapidaria al acabar la reunión, Trapero dijo ‘Espero que el domingo no haya una desgracia que tengamos que lamentar’. Se refería a algo más que enfrentamientos, porque se daban por supuestos. Puigdemont le respondió: ‘Si hay violencia declararé la independencia’”, ha destacado Moreno para argumentar que la vinculación de la violencia con el objetivo de la ruptura con el Estado “está servida”. Los fiscales que han intervenido han obviado todo el resto de las declaraciones de Trapero o López, que reiteraron que los Mossos cumplieron con las órdenes judiciales y que en ningún caso recibieron ninguna instrucción política del ‘Govern’. “No me extenderé más en el análisis de las declaraciones”, ha dicho Zaragoza.

El ministerio público ha citado tres figuras claves más de la supuesta rebelión: Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que según Zaragoza se convirtieron en los “dueños del orden público”, el 20-S en Barcelona, y los “dinamizadores” de las movilizaciones para “impedir la actuación policial”. Según Moreno, “no sería lógico ni racional” pensar que todos los exconsellers acusados de rebelión no eran conscientes de las advertencias de posibles enfrentamientos el 1-O, y sin embargo no hicieron nada para detenerlo. En relación  a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, la ha situado como un “bastión” del procés en el Parlament para conseguir la tramitación de las leyes de desconexión.

Concretamente, sobre el exconseller de Interior, Zaragoza ha especulado que no tuvo una intervención muy destacada el 20-S porque “es probable que estuviera ocupado con el diseño del plan del 1-O”. “Pero tuvo siete conversaciones y once intentos de llamada. Probablemente alguna de las llamadas fueran para que el inspector jefe de la Brimo se apartara como le había exigido el señor Sànchez”, ha soltado el fiscal.  En este sentido, ha responsabilizado a Forn del dispositivo policial del 1-O y lo ha calificado de “fraude”, porque se habían diseñado unas “pautas que impedían el cumplimiento de las resoluciones judiciales si había murallas humanas en los colegios”.  

¿Rebelión, conspiración o sedición?

El fiscal Fidel Cadena ha sido el encargado de profundizar en los flecos legales del delito de rebelión para apuntalar la acusación del ministerio público e intentar cerrar la puerta a la posibilidad de que el tribunal optara por una condena por un delito de rango inferior, como la conspiración a la rebelión o la sedición. Según Cadena, solo se puede hablar de rebelión porque existió violencia, porque fue reiterada y porque se consiguió derogar el orden constitucional en Cataluña con la declaración del 27-O. De entrada, Cadena ha recordado que las modificaciones que se han hecho en el código penal en los últimos años y en base a las cuales también ha dictado varias sentencias el propio Supremo, ya no establecen que la violencia tenga que ser “física”, sino que es suficiente únicamente con qué se ejerza una “intimidación” para poder hablar de rebelión, como la que Cadena atribuye a la “resistencia” ejercida por los votantes el 1-O en las escuelas con el objetivo de impedir el cumplimiento de las órdenes judiciales.

En segundo lugar, Cadena descarta que se pueda hablar de sedición, porque asegura que esta actitud no se produjo una sola vez, sino varias, y que el objetivo no era únicamente ir “contra el orden público”, como exige el delito de sedición, sino “atacar” directamente la Constitución. “Un solo acto de alzamiento podría ser una sedición, pero cuando son varios se convierten en un ataque al sistema constitucional”, ha asegurado el fiscal, que ha insistido en hablar de dos herramientas al servicio del ‘Govern’ para consumar la supuesta rebelión: Los Mossos d’Esquadra y la “instrumentalización de la ciudadanía”. 

Quien ha defendido la sedición ha sido Seoane, que ha descartado que se pueda acusar de rebelión a los procesados porque el componente de la violencia no era una “pieza estructural” para desarrollar el plan hacia la independencia. A su entender, hay que separar la “fuerza” que los ciudadanos habrían utilizado el 1-O por supuestamente impedir la actuación policial con la “mayor intensidad” y “organización” que requiere el elemento de la violencia que propone la Fiscalía. “Para que un alzamiento público se pueda calificar como rebelión deben concurrir dos requisitos: que la amenaza haya sido organizada como un instrumento nuclear para el fin previsto y, en segundo lugar, que la violencia o amenaza de utilizarla sean idóneas y proporcionadas”, ha señalado Seoane. La abogada del Estado ha defendido que el referéndum cumple los requisitos de la sedición, pero no ha puesto los hechos del 20 de septiembre en Economía como ejemplo de la comisión de este delito, que son los que motivaron la entrada en prisión de Sànchez y Cuixart. De hecho, ha dicho que es una “evidencia” que la motivación de la manifestación en la Rambla de Catalunya no era impedir el registro.

Baena, el inspirador de la Fiscalía

La tesis de una “insurrección”, que los cuatro representantes del ministerio público han ido bastiendo durante toda su exposición, ya se había escuchado estas semanas en el Supremo. El primero en plantearla fue el jefe de la investigación del 1-O, el teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Baena, que habló de un “clima insurreccional” en Cataluña entre septiembre y octubre de 2017 y de un “polvorín” durante su declaración como testigo. Moreno ha recordado que la letrada del juzgado 13 pidió salir en helicóptero el 20-S y que se produjeron un total de 131 acciones de hostigamiento a las fuerzas policiales. “No se puede disfrazar de protesta”, ha destacado el fiscal, y ha añadido que las apelaciones al pacifismo y los eslóganes de ‘Civismo’ quedaron “contradichos por la realidad” si se tiene en cuenta la “terminología de exaltación” que se utilizaba: “Nos dejaremos la piel” o “Están asaltando nuestras instituciones”.

Moreno se ha centrado en el uso de la violencia y en su discurso ha asegurado que la imputación de los enfrentamientos es para quien ha creado el riesgo de que sucedan, responsabilizando así a los organizadores del referéndum no solo de las heridas de los agentes sino de provocar 1.093 lesionados. Es decir, también las de los ciudadanos. Según el fiscal, el 20-S fue la otra expresión de la supuesta violencia. “No era solo una protesta, era un acto de obstaculización contra una acción judicial que llegaba al corazón de la organización del 1-O”.

La abogada del Estado Rosa María Seoane ha afirmado en su discurso que Sànchez y Cuixart subieron a los vehículos de la Guardia Civil para “animar a las masas contra el registro” que se estaba haciendo en Economía, aunque a la medianoche ya había acabado y desconvocaron la concentración. A su entender, ha quedado acreditado que el sonido del escenario llegaba a todo el mundo y que se podía dar por acabada la manifestación desde allí y que, por lo tanto, no hacía falta subir a los coches policiales. Seoane también ha considerado probado el “liderazgo” del exlíder de la ANC. “Cuando creyó conveniente que podía hacer algo, los voluntarios lo ejecutaban”, ha subrayado. 

Organización criminal, el delito del que habla la Fiscalía y que no imputa

El relato de la rebelión ha dado paso a la exposición de Madrigal relativa a la acusación de malversación. La fiscal no ha escatimado críticas a la retahíla de empresarios que han declarado como testigos y que respondieron con “silencios o elusiones” si recuperaron el IVA después de emitir facturas negativas para anular supuestos encargos de la Generalitat. Madrigal ha hablado de una organización criminal formada por los exconsellers y los empresarios, especulando que la supuesta conjura e impagos de la administración pública para hacer posible el referéndum puede comportar en un futuro “silencios, encubrimientos y compensaciones” con los contratos marco que tienen acordados. 

La fiscal ha acusado a los procesados por malversación de utilizar a la Generalitat como su “finca particular” y ha tirado de ironía para explicar que Jordi Turull “batió un récord de velocidad al conseguir en tres días hábiles la financiación de la campaña ‘Civismo’”, que, según ha insistido, culminó en la emisión del anuncio de las vías del tren. Una campaña que se adjudicó a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y que motivaron la emisión de dos facturas que no se han pagado como consecuencia “de estrategias negacionistas” por parte de la Generalitat, según ha anotado la fiscal. 

Madrigal ha situado como el núcleo de la supuesta concertación de los exconsellers del ‘Govern’ la firma de un acuerdo para asumir colegiadamente los gastos necesarios para tirar adelante el referéndum que, según la fiscal, comprometía el gasto para llevarlo a cabo. Madrigal ha asegurado que la tesis de las defensas se trataba de un acuerdo político, sin validez jurídica, “es un insulto para el tribunal”.

La que también fue fiscal general del Estado ha repetido varias veces el término ‘organización criminal’, un delito que el ministerio público sitúa a los procesados en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, pero no a los acusados en el Tribunal Supremo. Sí que ha incluido este delito, en cambio, la acusación popular, representada por Vox. La fiscal ha calificado de “escandaloso” que la Generalitat no esté personada en este procedimiento para defender sus intereses patrimoniales, pero lo ha situado en la prueba del “control que los acusados siguen teniendo” de la administración pública catalana. “Su dejadez de funciones es una muestra del espolio perpetrado en sus fondos”, ha destacado la fiscal, que ha acabado culpando a los acusados de un “execrable ataque” a la monarquía parlamentaria y a la democracia española.

Una pena con “finalidad disuasoria”

Vox ha destinado poco más de media hora a su exposición del informe, y la parte final la ha dedicado a reconocer la “valentía” de todas las personas que han contribuido a la elaboración de esta causa, incluidas las “que tristemente hoy no están entre nosotros”. Así, se ha referido a los difuntos José María Romero de Tejada, ex fiscal superior de Cataluña que dictó las múltiples instrucciones durante el mes de septiembre relativas al 1-O; José Manuel Maza, ex fiscal general del Estado que interpuso la querella por rebelión contra el ‘Govern’ y por sedición contra Sànchez y Cuixart, y Juan Antonio Ramírez Sunyer, extitular del juzgado de instrucción número 13 que investiga el referéndum. 

El abogado Javier Ortega Smith también ha querido destacar “la heroicidad” de la Guardia Civil y la Policía Nacional y ha expresado así su “gratitud” por el hecho de que cumplieran con su “deber para que el ordenamiento constitucional no sucumbiera a los delitos” por los que acusa a los doce procesados. Después de eso, Ortega Smith ha deseado que haya una sentencia condenatoria que cumpla dos funciones: la de “castigo y sanción” y también la “disuasoria, para que nunca más nadie se atreva a atentar contra el ordenamiento constitucional”. “Si conseguimos que se haga la justicia, triunfará la justicia, el estado de derecho, la democracia, la soberanía nacional. Habrá triunfado la nación española, que es sobre lo que se fundamenta todo lo anterior”, ha concluido. 

Un juicio largo que no ha modificado nada

Después de 49 sesiones y de la declaración de más de 400 testigos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado —que sigue acusando por sedición a los procesados— no se han movido de la casilla de salida y mantienen las mismas peticiones de penas. En el caso de la Fiscalía, solicita 25 años para Oriol Junqueras; 17 para Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; 16 para el resto de exconsellers procesados por rebelión, y 7 para Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila, únicamente acusados de malversación. La única excepción es la acusación popular ejercida por Vox, que finalmente ha exculpado a Vila de organización criminal y malversación. Para el resto sigue pidiendo entre 24 y 72 años de prisión. Las penas solicitadas por la Abogacía del Estado oscilan entre los 7 y los 12 años.

Una vez acabada la jornada de este martes, el juicio se detiene una semana, hasta el día 11. Entonces está previsto que las defensas expongan sus informes finales —cada abogado tendrá una hora por acusado— y se dará un último turno de palabra a los afectados para que hagan su alegato final durante un cuarto de hora. Después, Marchena dejará el juicio visto para sentencia.

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