Las prisiones vuelven a proponer el tercer grado para los presos políticos

BarcelonaEl departamento de Justicia ha comparecido este jueves para explicar que las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios han clasificado en tercer grado a los presos políticos. Ahora la secretaría de Medidas Penales lo tiene que avalar en un plazo de dos meses como máximo.

A diferencia de hace seis meses, sin embargo, cuando las juntas de tratamiento ya clasificaron a los presos políticos en tercer grado por unanimidad, esta vez no ha sido así. Según ha explicado el secretario de Medidas Penales del departamento de Justicia, Amand Calderó, las juntas de tratamiento han dado por unanimidad el tercer grado a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y a la ex consellera Dolors Bassa. En cambio, ha sido por mayoría en el caso de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los ex consellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn.

Preguntado sobre qué motivos han llevado a algunos miembros de las juntas de tratamiento a oponerse al tercer grado, Calderón ha dicho que no pueden esgrimir los motivos porque los profesionales se han reunido este jueves a las nueve de la mañana y la secretaría de Medidas Penales aún no ha visto el informe.

Tal como explica el ARA hoy, lo más probable era que fueran favorables a la semilibertad, como en el mes de julio, a pesar de que el 4 de diciembre el Tribunal Supremo revocó todos los terceros grados argumentando que la concesión era "prematura" y también dijo que no habían cumplido, algunos de ellos, la cuarta parte de la condena.

Calderón ha defendido que, de acuerdo con el reglamento penitenciario, "no se puede mantener en un grado inferior" a un interno que sea merecedor de otro. Por lo tanto, ha dicho, si lo hicieran ahora y los clasificaran en segundo grado estarían actuando "de forma irregular". Además, ha remarcado que la semilibertad también es una forma de cumplir la condena.

¿Cuándo se hará efectivo?

Según el reglamento penitenciario, las juntas de tratamiento hacen una propuesta de clasificación de los presos políticos y luego tiene que ser la secretaría de medidas penales la que confirme o revoque la clasificación. Tiene un período máximo de dos meses para hacerlo. En todo caso, no debería tener muchas dudas sobre su posicionamiento teniendo en cuenta que la consejería ya se mostró partidaria del tercer grado en verano y, de hecho, la consellera Ester Capella incluso acusó al Supremo de actuar de acuerdo con criterios de "venganza" y no "ajustados a derecho".

Recurso de la fiscalía

Más allá de la clasificación que puedan hacer las juntas de tratamiento y el departamento de Justicia, el obstáculo para los presos políticos son la fiscalía y el Tribunal Supremo. El Supremo interpreta que un recurso del ministerio público al tercer grado -una vez avalado por la secretaría de medidas penales- sería suspensivo. Ahora bien, también de entrada en el criterio que apliquen los jueces de vigilancia penitenciaria, puesto que en verano el juzgado penitenciario que corresponde a la prisión de Lledoners así lo consideró y, en cambio, los de Bassa y Forcadell no.