Llarena utiliza un ardid semántico para atribuir rebelión a los dirigentes independentistas

La maniobra del juez puede conllevar penas de entre 10 y 30 años para los encausados

Pablo Llarena reconstruye, en su auto de procesamiento a 26 políticos y líderes de la sociedad civil independentista, un presunto relato jurídico que se remonta hasta 2012, con la victoria de Artur Mas en las elecciones al Parlament, y que pretende presentar una "minuciosa ideación" de una estrategia de confrontación con el Estado. Aunque la mayoría de hechos que se describen eran públicos y notorios, y no fueron perseguidos en su momento por la Justicia penal -desde la creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional, la publicación del Libro Blanco de la transición nacional o la aprobación de resoluciones en el Parlament-, según el relato de Llarena todos ellos formaban parte de una conjura perfectamente organizada y que encuadra en los delitos de rebelión, desobediencia y malversación.

En 69 folios, el juez del Tribunal Supremo hace un relato pormenorizado de todos y cada uno de los eventos principales de la política catalana, con especial atención a los hechos del 20 de septiembre ante la conselleria de Economía -en los que descansa su justificación para ver la violencia necesaria para el delito de rebelión- y al referéndum del 1 de octubre. Pero Llarena tiene que invertir muchos folios en justificar el ardid que le lleva a atribuir esta violencia a los encausados. El magistrado admite que la jurisprudencia del Supremo "caracteriza la violencia por su naturaleza física, por su manifestación personal y por su idoneidad". Es decir, la violencia debe ser "con carácter físico", exige "el uso de la fuerza" y debe ser ejercida contra "una persona". Además es necesario que tenga "la intensidad suficiente como para doblar la voluntad de aquel contra quien se dirige".

Retorcer el diccionario

Ninguno de estos supuestos se da en el relato del magistrado, que como violentos indica sólo la "capacidad intimidatoria" de las masas congregadas el 20-S, apunta que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se situaron sobre dos coches de la Guardia civil, y describe detalladamente la situación de los policías heridos en el referéndum del 1-O (responsabilizando a los congregados ante los colegios de esta violencia).

El ardid de Llarena es semántico. Como los hechos no encuadran en esta definición, establece una diferencia entre violencia y actuar violentamente, que es "quien lo hace de manera violenta, lo que no presenta un contenido típico plenamente coincidente con actuar con violencia". Un retorcimiento del diccionario que asume que el adverbio violentamente tiene un contenido diferente al sustantivo violencia. Esto, a pesar de que el diccionario de la RAE describe violentamente como una "de manera violenta", sin más adiciones.

Según el juez, sin embargo, "actuar violentamente" escapa a la definición clásica de "violencia" que se utiliza en los juzgados y sí permite "proyectarse sobre las cosas materiales". En el relato de los hechos, Llarena justifica esta presunta violencia con los hechos del 20-S, en los que la "multitud actuó como una masa de fuerza" que "destrozó los vehículos policiales" y "atacó bienes personales", y va más allá y asegura que los actos restringieron la " capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza", cosa que compara con "la toma de rehenes mediante disparos en el aire".

El magistrado admite que la violencia no estaba "ideada desde el principio como instrumento para la consecución de la independencia", pero apunta que hay que seguir investigándolo, y afirma que se aceptó "el riesgo de una violencia claramente representable" al animar a la gente a manifestarse a pesar del despliegue de las fuerzas policiales. Es decir, de nuevo, y como ya hizo en otros autos, Llarena responsabiliza de la violencia policial a quienes fueron objeto de ella.

Se olvida de 'Enfocats'

El documento Enfocats se había convertido en el principal elemento de prueba en la mayoría de autos emitidos por Llarena hasta ahora. Para el juez la justificación de la participación de los encausados en el proceso de rebelión descansaba en las anotaciones encontradas en este documento powerpoint en casa del número dos de Oriol Junqueras en la conselleria de Economía, Josep Maria Jové. La debilidad de esta prueba había sido puesta de relieve por las defensas en varias ocasiones, y Llarena prácticamente se olvida de ella en el auto de procesamiento, situando en cambio el Libro Blanco elaborado por el Consejo Asesor para la Transición Nacional como la piedra de toque que inicia el procés y que describe los pasos posteriores, que justificarían hablar de una acción prevista y coordinada. Las referencias a Enfocats se limitan ahora a tres menciones en los pies de página.

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