El Govern afirma ahora que no hay plan B a la celebración de las elecciones el 14 de febrero

Antes de la convocatoria de los comicios el Govern se compromete a exponer el plan para garantizar el voto

Tal como hicieron JxCat y Esquerra ayer, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha querido desvanecer dudas sobre el calendario de las elecciones y ha asegurado que el Govern no tiene plan B en la celebración de los comicios el 14 de febrero. "Ninguna duda" de que se harán, ha dicho la también consellera de Presidencia en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo. A pesar de que ella misma dijo el viernes que se podían aplazar en función de la pandemia, este martes no ha querido ni prever este escenario y se ha reafirmado en que el ejecutivo trabaja en un protocolo para garantizar el derecho a voto de "todo el mundo". 

No ha explicado los detalles de la votación -hay diferentes opciones para evitar aglomeraciones en los colegios electorales-, pero se ha comprometido a exponerlo en los grupos parlamentarios de la oposición y a hacerlo público antes de la convocatoria automática de las elecciones, el 22 de diciembre. 

Ayer el conseller de Exteriores, Bernat Solé, en una entrevista al Més 324 de TV3 aseguró que la Junta Electoral Central ha autorizado que se pueda solicitar el voto por correo de forma telemática por parte de cualquier ciudadano y que quien quiera podrá votar "sin salir de casa". Esto significa que los trabajadores de Correos facilitarán la documentación para votar y custodiarán el voto. La medida va en la línea de reducir el número de personas que se pueden acumular en los colegios electorales, que el Govern quiere habilitar esta vez en pabellones porque son más espaciosos. 

Hay hasta cuatro entes de la Generalitat -más la Comisión de Venecia- que han hecho informes sobre la convivencia entre las elecciones y la pandemia en la que se plantean diferentes fórmulas: alargar más de un día la votación, hacer colas específicas de contagiados o votar por franjas horarias. Tres de ellos -no el del departamento de Exteriores- también recomiendan aprobar una ley electoral parcial para poder modificar ciertos aspectos de la jornada de los comicios, pero Budó ha descartado hacerlo porque no hay el consenso necesario en el Parlament. De hecho, Catalunya no tiene ley electoral propia porque los partidos no se han puesto de acuerdo (se necesita una mayoría de dos tercios de la cámara). 

La consellera de Presidencia tampoco ha dicho quién tendría la competencia de decidir cuándo se aplazan las elecciones, un escenario que prevén todos los informes elaborados por parte de los entes de la Generalitat. Según el Síndic de Greuges tiene que ser una comisión independiente de expertos; en el caso de la Comissió Jurídica Assessora el Govern, el Govern; en el informe de la dirección general de procesos electorales, el ejecutivo con el consenso de los partidos; mientras que el documento del Institut d'Estudis de l'Autogovern dice que tiene la última palabra el vicepresidente, Pere Aragonès, que es quien firmará el decreto de convocatoria.

La consellera de Presidencia no se ha querido referir a este aspecto y ha mantenido que desde el Govern solo se prevé el escenario de elecciones, a pesar de las declaraciones de la semana pasada de ella misma y del responsable de Interior, Miquel Sàmper, que advirtió de que los comicios no se pueden celebrar a "cualquier precio".

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