La ONU insta al Estado a liberar a los presos inmediatamente

Un grupo de trabajo resuelve que no ha habido violencia y que el Supremo no es competente

Primer pronunciamiento internacional en contra de la prisión preventiva de los presos independentistas. En concreto, de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas hizo pública ayer una resolución en la que instaba al Estado español a liberar de “forma inmediata” a los Jordis y al exvicepresidente del Govern, además de reclamarle que les conceda una indemnización por los casi dos años que llevan en prisión preventiva. “No se justifica por su peligrosidad, sino por la probabilidad de que adopten esta misma conducta”, y por lo tanto “se equipara a mantener a alguien detenido por sus opiniones y creencias”, afirma la ONU. Una resolución que utilizará la defensa de Cuixart para volver a reclamar la libertad a la sala que preside Manuel Marchena.

Después de haber valorado los argumentos del Gobierno y de los acusados, el informe de las Naciones Unidas —elaborado por expertos independientes en derechos humanos— concluye que están en prisión como resultado del “ejercicio” de derechos fundamentales de opinión, libertad de expresión y manifestación, y que no ha detectado elementos de violencia en la conducta de los acusados, a pesar del procesamiento por rebelión. La resolución explica que durante el procedimiento —que ha durado desde febrero de 2018—, el Gobierno ha ofrecido información al grupo de trabajo sobre el proceso independentista, pero que no ha relatado acciones concretas —aunque pidió una prórroga para enviar más documentación— de los acusados que los puedan relacionar con la violencia. También añade que el grupo de trabajo ha recibido información “convincente” —que no fue refutada por el Gobierno durante el procedimiento— sobre la situación del exconsejero Joaquim Forn, también en prisión, que “fue persuadido de suprimir su activismo a favor de la causa independentista a cambio de ser liberado”. El grupo de trabajo de la ONU llega a la conclusión de que las acusaciones penales tienen como objetivo “coaccionar [a los acusados] por sus opiniones políticas” con respecto a la independencia de Cataluña, e “inhibirlos” de continuar en política.

¿Es vinculante la resolución?

El comité de expertos también hurga en la idoneidad del proceso judicial del 1-O. Remarca que se han producido “injerencias públicas que condenan abiertamente” a los acusados antes de la sentencia y vulneran la presunción de inocencia y afectan a la “independencia e imparcialidad del tribunal”. También añade que el Tribunal Supremo no es competente para juzgar unos hechos que pasaron en Cataluña.

Ahora bien: ¿es vinculante, este informe? Sobre el papel, todos los Estados miembros de la ONU, como España, deberían cumplirlo. Pero no hay mecanismos sancionadores para castigar a quien no lo haga. En la práctica, esto lleva a los estados a obviar este tipo de resoluciones. Sin embargo, en los casos de Francia y Polonia, dos estados de la Unió Europea, sí que se cumplieron las recomendaciones de la ONU: el primer caso era la detención y el intento de extradición —finalmente rechazada, un mes después— del opositor kazajo Mukhtar Ablyazov; y el segundo, el de Mateusz Piskorski —un activista político detenido por espionaje político—, que fue liberado un año después de la opinión del grupo de trabajo. En el caso de los presos independentistas, el Gobierno de momento ha actuado en sentido contrario. Ayer, a través de un comunicado, la Moncloa puso en duda la imparcialidad del grupo de trabajo de la ONU y remarcó la necesidad de reforzar el control para que no se utilice con “finalidades espurias”. La Moncloa también consideró “especialmente grave” que el pronunciamiento se haya emitido poco antes de que quede vista para sentencia la causa por rebelión en el Supremo, ya que lo interpretan como una “interferencia en un proceso penal en marcha”. En una rueda de prensa en Londres, Ben Emmerson, el abogado que ha llevado el caso ante la ONU, avisó ayer a Pedro Sánchez de que España chocará con el “rechazo internacional” si ignora la opinión del grupo de trabajo, y añadió que se convertiría en un estado “corrupto”. Por su parte, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció a través de una declaración institucional que el Govern instará a la Fiscalía, en una reunión extraordinaria el viernes, a promover la libertad de los presos y a retirar las acusaciones. Todo ello, justo en el mismo día en el que los fiscales confirmaban la acusación de rebelión para el 1-O en la sala del Supremo.

Las claves de la resolución del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias

Ejercicio de derechos

El grupo de trabajo de la ONU cree que la prisión de Junqueras, Sànchez y Cuixart es el resultado del ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de opinión y de manifestación. Acusa al Estado, también, de utilizar la privación de libertad para “coaccionar” a los presos e “inhibirlos” de continuar con sus opiniones y la actividad política.

Ausencia de violencia

El informe considera que no hay violencia en la conducta de los acusados por rebelión y sostiene que están en prisión por haber ejercido derechos fundamentales. Se basa en la resolución del tribunal regional alemán que rechazó la extradición del expresidente Carles Puigdemont. Recuerda que Schleswig-Holstein “no encontró elementos de violencia en los hechos imputados” y confirmó que las acciones de los acusados no pueden considerarse un “intento de derrocamiento político violento del gobierno”. Según su opinión, los acusados buscaban promover la independencia de Cataluña por “medios democráticos”.

Competencia

La resolución de la ONU pone en duda que el Tribunal Supremo sea competente para juzgar el 1-O. El grupo de trabajo considera que, de acuerdo con la legislación española, debería juzgarse en Cataluña, porque es donde han sucedido los hechos. Ser juzgado por el tribunal competente es un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Imparcialidad

Recoge que ha habido “injerencias públicas” de altos cargos de Mariano Rajoy en el caso que vulneran la presunción de inocencia de los presos y cuestiona la imparcialidad del poder judicial, concretamente de la Audiencia Nacional, por tener “ideas preestablecidas” y apuntar a que los “hechos eran de conocimiento común y no necesitaban ser probados”.

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