Macrooperación por la financiación del Procés

BarcelonaSe hace difícil definir el alcance de la operación que la Guardia Civil desplegó ayer en Catalunya. El cuerpo armado hizo 21 detenciones en más de 30 registros que implican a empresarios, cargos públicos y personas vinculadas con el independentismo y con Carles Puigdemont. Pero el caso es tan disperso que la investigación habla tanto de unos terrenos de Cabrera de Mar que afectan a una escuela concertada como del Tsunami Democràtic y la supuesta colaboración del Kremlin en el Procés que llevó, incluso, a que la embajada de Rusia en España se burlase en sus redes sociales. Se trata de una nueva macrocausa que surge de dos audios encontrados en un móvil. Como pasó con las conferencias de Santi Vidal, que motivaron la investigación del 1-O en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, ahora el juzgado de instrucción 1 parece haber cogido el relevo para abrir una investigación que afecta a personalidades clave en la organización del referéndum.

El ex conseller de ERC Xavier Vendrell, el ex alto cargo de CDC David Madí, el editor Oriol Soler y el presidente de la Plataforma Pro Seleccions Catalanes, Xavier Vinyals, son los nombres de los principales detenidos en la operación, que la Guardia Civil denominó Volhov. Es el resultado de una pieza separada -y secreta- que el titular del juzgado de instrucción 1, Joaquín Aguirre, abrió hace un año y medio. Aguirre también investiga las subvenciones de la Diputación de Barcelona a las fundaciones Catmón e Igman, próximas a CDC y presididas por Víctor Terradellas, el móvil del cual es la clave de todo el operativo de ayer: la Guardia Civil no localizó "nada de interés" para el caso de la Diputación pero sí unas conversaciones de Terradellas con Madí y Vendrell que "lanzaban suficientes indicios", según el juez, para abrir una causa por blanqueo de capitales.

Esta última investigación es la que derivó en el operativo de ayer. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) informó de que la actuación es por malversación de fondos públicos, soborno, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos. A pesar de que oficialmente el epicentro de la investigación no es el Tsunami Democràtic, el juez sitúa a Vendrell, Madí y Soler en la cúpula del movimiento, y relaciona también a la empresa Events, con sede en Igualada.

La mayoría quedan en libertad

Al final del día, después de que algunos registros se hubieran alargado durante horas, el TSJC explicó que una decena de los detenidos pasarán a disposición del juez previsiblemente mañana. La mayoría de los arrestados, sin embargo, quedaron en libertad con cargos una vez habían prestado declaración al cuartel de la Guardia Civil, pendientes de que el juzgado de instrucción 1 los cite a declarar. Entre los que continuaban detenidos hasta que pasen a disposición del juez estaban Soler, Vinyals, Vendrell y Madí.

Los atestados de la Guardia Civil, de hecho, están llenos de presuntas llamadas de estos dos últimos a diferentes cargos del Govern y dirigentes políticos que los investigadores consideran susceptibles de tráfico de influencias. Uno de los puntos clave, por ejemplo, es todo lo que rodea el complejo Villa Bugatti de Vendrell en Cabrera de Mar. De entrada, el juez lo sitúa detrás de una modificación del plan de ordenación urbanística municipal (POUM) para permitir la edificación de un nuevo centro de educación en los terrenos de Villa Bugatti, cosa que explica que entre los detenidos estuviera también el alcalde de Cabrera, el regidor de Urbanismo y el arquitecto municipal. Se quería impulsar una escuela por parte de la Fundació Pedagògica El Brot, que preside Vendrell y que ya dispone de un centro en Sant Joan Despí.

Es por este segundo centro que se detuvo también al director general de Centres Públics de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, y a la directora general de Centres Concertats i Centres Privats, Pilar Contreras, porque, según la Guardia Civil, el departamento de Educación había beneficiado a Vendrell. El cuerpo armado apunta que las subvenciones que recibía la fundación -210.000 euros en tres años- no se justificaban "convenientemente" y "se estarían obteniendo fondos públicos de manera irregular".

Además, la Guardia Civil cuestiona la adjudicación de un contrato a Vendrell por parte del Institut Català d'Evaluacions Mèdiques (ICAM). Por eso otra de las detenidas fue la subdirectora general de evaluaciones médicas del departamento de Salud, Lídia Domingo. En este sentido, los atestados también sitúan a Vendrell, junto con Madí, en un intento de obtener un "rédito económico" para proveer a la Generalitat de tests rápidos por el covid-19. Dos arrestados más ayer fueron la ex concejala de Sant Joan Despí Marta Molina y el empresario Josep Campmajó, considerados próximos a los negocios de Vendrell. La perdigonada de la Guardia Civil, sin embargo, fue más allá. Y entre los detenidos estaba también el director de la oficina de Carles Puigdemont Josep Lluís Alay y el interventor delegado del departamento de la Presidencia con Puigdemont, Jordi Serra. Por ahora sin concretar qué se les imputa.