PSOE, Podemos y ERC impulsan un cambio en la ley de educación para blindar la inmersión lingüística

El nuevo texto dice que los alumnos tienen que dominar el castellano, pero no lo considera vehicular

Si no hay ninguna sorpresa, la nueva ley de educación –la octava de la democracia– eliminará la referencia introducida por el PP con la ley Wert que establecía que el castellano es lengua vehicular en la escuela en todo el Estado. Los dos partidos del gobierno español –PSOE y Unidas Podemos– y ERC introducirán una enmienda en el proyecto de ley, que se vota el jueves en ponencia, para cambiar esta expresión e introducir una referencia para garantizar que los alumnos dominen tanto el catalán como el castellano cuando acaben la secundaria. En la práctica, pues, la nueva ley de educación protegerá la inmersión lingüística y, en consecuencia, la ley catalana. 

Según ha avanzado el diario El País y tal como ha podido confirmar el ARA, los republicanos quieren "blindar el catalán como lengua vehicular" en la escuela. Así pues, la enmienda corregirá el redactado del proyecto inicial presentado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, que decía que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares". Lo que han acordado ahora ERC y los partidos del gobierno español es suprimir esta última frase y cambiarla por un nuevo redactado, que establece la necesidad de garantizar "el conocimiento del catalán y del castellano al finalizar la enseñanza obligatoria", hecho que ya sucede en la actualidad.

"Trabajamos para eliminar la consideración del castellano como lengua vehicular", han confirmado fuentes republicanas al ARA. Si se aprueba finalmente esta enmienda, la nueva ley de educación evitará marcar en qué lengua se tienen que dirigir los docentes a los alumnos y se fijará más en cuáles tienen que ser los resultados, es decir, que todos los alumnos dominen tanto el catalán como el castellano, tal como establece la Constitución. 

"Lo que pretende la enmienda es introducir la obligación de que todos los niños acaben la educación obligatoria con el conocimiento del castellano y de las otras lenguas cooficiales, haciendo que cada comunidad autónoma pueda determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio", han añadido fuentes de En Comú Podem. Desde el PSOE, la diputada del PSOE Mari Luz Martínez Seijo ha añadido en declaraciones al ARA que se introducirá otra pata en la norma que permitiría a las autoridades educativas adoptar correcciones si se detecta que el alumnado no adquiere las competencias en las dos lenguas. Una decisión que, de todas maneras, correspondería a las comunidades autónomas.

Así pues, este cambio legislativo supondrá que será la Generalitat la que establecerá la proporción del uso de la lengua castellana y de la cooficial. Ahora bien, esto no soluciona la polémica sobre el uso del castellano en las aulas en Catalunya, un tema que se ha acabado llevando de manera recurrente a los tribunales. Por un lado, el Tribunal Constitucional tumbó los planes de Wert de obligar a la Generalitat a pagar ayudas para garantizar que los estudiantes que lo quisieran pudieran estudiar en castellano, y, por el otro, hay varias sentencias que establecen que el 25% de horas se tienen que hacer en castellano. 

La portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, no ha querido entrar en el detalle de la enmienda que se está negociando y se ha limitado a subrayar la necesidad de dialogar con el conjunto de fuerzas políticas para que se "reconozca la diversidad en términos de pluralidad lingüística" y la capacidad de cada cual para "expresarse en función de la igualdad de oportunidades que marca su propio territorio". Montero ha añadido que el objetivo es conseguir el máximo apoyo posible a la nueva normativa y, por lo tanto, elaborar un texto "amplio". Tampoco ha querido dar detalles Unidas Podemos. El portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, sí ha defendido, sin embargo, la inmersión lingüística en Catalunya, porque ha servido para qeu muchas familias de clase trabajadora tengan "igualdad de oportunidades". En ERC, mientras tanto, lo dan casi por hecho. "Más allá del ruido hay política", ha dicho el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián.

En cambio, las modificaciones en el redactado a la nueva ley de educación han alarmado a algunos partidos. El líder de Cs en el Parlamento, Carlos Carrizosa, se ha opuesto a la posibilidad de que el PSOE pueda blindar el modelo de inmersión lingüística en catalán en la escuela. En una rueda de prensa este martes, se ha referido a las negociaciones para suprimir la obligatoriedad de enseñar en castellano de la ley estatal de educación y ha asegurado que "en la práctica supone el blindaje de la expulsión del castellano". Para Carrizosa la inmersión lingüística es "un régimen absurdo y superado" que se aplica "de forma abusiva". Por eso ha defendido una educación trilingüe en catalán, castellano e inglés "como en los sistemas más modernos".

Celaá se había comprometido a dejar la política lingüística en manos de las comunidades

La ministra de Educación, Isabel Celaá, se había comprometido ante los consejeros a dejar la política lingüística en manos de las comunidades autónomas. Este era un tema que preocupaba especialmente al departamento, sobre todo después de conocer –a través del ARA – que el redactado del anteproyecto aprobado por el gobierno español incorporaba un párrafo que no constaba en la Lomce (ni en los borradores previos a este anteproyecto aprobado) y que preveía que las "administraciones educativas" (es decir, la Generalitat pero también el Estado) puedan fijar "la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular" y también las "materias que se tienen que impartir en cada una de ellas". El conseller de Educación, Josep Bargalló, explicó entonces que su departamento se puso en contacto con el ministerio para expresar su rechazo a este anteproyecto: "Ya hemos expresado nuestro desacuerdo y oposición", dijo Bargalló, y remarcó que la propuesta del gobierno español "colisiona con la LEC", la ley catalana de educación. 

Por otro lado, la Asamblea por un Escuela Bilingüe, Impulso Ciudadano y S'ha Acabat han atacado, en un comunicado conjunto, los partidos que apoyan a la futura ley, que han calificado de "excluyente", y han anunciado que continuarán protestando por la vía judicial, institucional y a la calle porque el castellano sea reconocida como una lengua vehicular al sistema educativo.

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