El juez rechaza que el Estado indemnice a Sant Julià de Ramis por los destrozos del 1-O

Considera que la Guardia Civil actuó para retirar el material de un referéndum "ilegal"

Ara
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Guàrdies civils trencant la porta del pavelló.

BarcelonaEl juez rechaza que el Estado indemnice a Sant Julià de Ramis por los destrozos que la Guardia Civil causó al pabellón de este municipio en el cual se celebró el 1-O. En la sentencia que ha hecho pública este martes, el juzgado central contencioso administrativo número 7 de Madrid, con sede en la Audiencia Nacional, ha desestimado el recurso que interpuso el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis para exigir al Estado que se hiciera cargo de los 13.427,43 euros que había costado, según el consistorio, reparar los desperfectos que causaron los agentes del instituto armado cuando entraron en pabellón municipal para requisar las urnas del referéndum.

El juez considera que la Guardia Civil "no actuó antijurídicamente" porque los agentes estaban "amparados por una resolución judicial que ordenaba retirar todo el material relacionado con el referéndum convocado ilegalmente". En este sentido, el magistrado recuerda que el Estado solo está autorizado a pagar una indemnización si se ha producido un "daño antijurídico" –cuando se hace cargo alguien a quien no toca– y si hay una relación "de causa-efecto".

Precisamente, sobre esta última cuestión, el magistrado considera que en el recurso interpuesto por el Ayuntamiento falta esta relación. De hecho, responsabiliza al mismo consistorio por haber puesto "las instalaciones del pabellón municipal a disposición de un proceso electoral ilegal" y recuerda que había "resoluciones judiciales" que "obligaban" la Guardia Civil a retirar el material electoral. "El daño no se habría producido sin la puesta a disposición de las instalaciones de titularidad municipal al servicio de una actividad ilegal", subraya.

Este proceso judicial arranca después de que el Ayuntamiento presentara una reclamación patrimonial al ministerio de Justicia y que, después de seis meses sin respuesta, en septiembre de 2019 el consistorio decidiera dar un paso más y elevar un recurso contencioso a la Audiencia Nacional para reclamar la cantidad económica. A principios de diciembre se celebró la vista en Madrid, donde el alcalde, Marc Puigtió, aseguró que en un "juicio normal" el Ayuntamiento habría "ganado" el pulso judicial, pero admitió que lo tenían "complicado", "vista la injusticia española". De hecho, este martes ha publicado un tuit en el que denuncia una "nueva injusticia".

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